El Gobierno eleva a 14.373 millones de euros las ayudas por la DANA

En este Decreto-Ley, que se tramitará por vía de urgencia y por tanto será efectivo tan pronto como se publique en el BOE, destacan la congelación del pago del capital de las hipotecas durante 12 meses más -se suma a los nueve meses aprobados la semana pasada-, la extensión de las ayudas para la construcción de vivienda, fondos para el campo o la prohibición de cortes de luz y gas a los afectados.

Dentro del ya célebre 'escudo laboral' propuesto por el Ministerio de Trabajo, a su vez, figura la ampliación de los beneficiarios de los ERTES y un nuevo tipo de permiso de trabajo retribuido al 100% y sin plazos. Esta última medida se ha aprobado a pesar del enfado de la CEOE, que el viernes pasado la consideró planteada «a costa de empresas arruinadas».

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En lo que refiere a la vivienda, que a estas horas es un problema mayor en Valencia, una de las medidas incluidas en este segundo paquete es la extensión de las ayudas que estaban previstas en el primer Decreto-Ley -entre 20.000 y 60.000 euros por inmueble- a los propietarios que no residían en sus inmuebles porque los tenían arrendados.

Además, los beneficiarios de estos fondos no tendrán que esperar a la tramitación de los expedientes porque se ha aprobado un anticipo del 50% que se recibirá «con carácter inmediato», ha asegurado el presidente. Asimismo, y siguiendo en el terreno de la vivienda, el nuevo Decreto-Ley pone 150 viviendas de titularidad estatal a disposición de los afectados e incluye un montante de 25 millones de euros para la ampliación del parque.

Otra medida que se amplía son las moratorias hipotecarias. Según el decreto de la semana pasada, las familias afectadas podían suspender -es decir, congelar- su hipoteca durante tres meses. Pasado este tiempo, estaban previstos otros nueve meses adicionales en los que solo se abonará el capital. Pues bien, esta mañana el presidente ha anunciado que los que sean vulnerables podrán alargar el plazo otros doce meses más.

Dejando las hipotecas pero siguiendo en el terreno de lo que afecta al crédito y a los bancos, hoy el Consejo de Ministros ha liberado 1.000 millones del total de 5.000 que se prometieron la semana pasada en líneas de crédito que abonarán los bancos pero estarán avaladas por el Instituto de Crédito Oficial. Podrán acceder las pymes, autónomos y, por primera vez, los hogares, aunque hay un matiz a tener en cuenta. Como ya explicó ABC, los beneficiarios de los créditos deberán amortizarlos cuando cobren las ayudas públicas porque actúan como anticipo de las mismas.

El listado sigue con el 'escudo laboral', que es propuesta del Ministerio de Trabajo. Con los cambios de última hora, los ERTE de fuerza mayor se podrán aplicar a las empresas y trabajadores que no están radicados en la zona golpeada por la tormenta, si se incluyen entre sus víctimas; se podrá asimilar la prestación de incapacidad temporal a la de accidente de trabajo, eliminando el requisito de un número de años previos cotizados para poder acceder a ella; se crea una nueva prestación extraordinaria por cese parcial para autónomos, que les permitirá compatibilizar su actividad durante tres meses con la recepción de esta ayuda (será equivalente al 50% de su base de cotización) y se crea una nueva tipología de permisos retribuidos.

Esto último, que fue la razón del choque la semana pasada entre la CEOE y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, consiste en que los empleados afectados por la DANA que no puedan acudir al trabajo puedan acogerse a permisos retribuidos en los que no habrá plazos -a excepción de los familiares de fallecidos, que podrán ausentarse hasta cinco días-, se cobrará el 100% del salario, se mantendrá la cotización a la Seguridad Social y no habrá que recuperar los días perdidos. La medida será sufragada por las empresas, de ahí el enfado del presidente de la patronal de los empresarios, Antonio Garamendi, con «la otra parte del Gobierno», que aseguró que aprueba «medidas que ni están pactadas ni se conocen ni nada», dijo el presidente de la patronal.

Dado que la tormenta arreció sobre una zona industriosa, poco se ha hablado del campo estos días, pero Agroseguros estima que hay 25.000 hectáreas afectadas solo entre lo que está asegurado; Asaja eleva el montante total hasta las 33.728 hectáreas, incluyendo a las que no tendrán más ayuda que las que ofrezca el Estado.

Para el sector agrario el Real Decreto-Ley aprobado hoy contempla 200 millones para explotaciones que hayan sufrido daños que les impidan realizar la siguiente campaña con normalidad o que tengan unas pérdidas de su potencial productivo superiores al 40%, así como una línea adicional de créditos ICO-Mapa-Saeca de 60 millones de euros y un programa de 175 millones de euros -que será ejecutado por la estatal Tragsa- para reparar infraestructuras agrarias como caminos, bancales y sistemas de regadío. No hay que olvidar que, sobretodo en las comarcas del interior, el agua se llevó por delante equipos que por lo general no están cubiertos por los seguros.

ABC ha contactado con la organización agraria Asaja, que asegura que el paquete de ayudas ofrecido por Sánchez se queda corto en las cuantías. Además, piden subvenciones para realizar tratamientos fungicidas, un plan específico para las entidades de riego, incrementar un 20% las indemnizaciones de los seguros agrarios -al igual que se hará, por cierto, con el valor de los vehículos siniestrados- y un plan ‘Renove’ para sustituir la maquinaria agrícola destrozada.

Otros que han alzado la voz por lo que 'falta' en el Decreto-Ley son los autónomos. La semana pasada, cuando se publicó la primera andanada de medidas, la asociación de autónomos ATA avisó de que el Gobierno se había «olvidado» de incluir entre los beneficiarios de las ayudas a los transportistas que estaban 'de paso' por la Comunidad Valenciana cuando se desató la catástrofe. Se trata de esos taxistas, camioneros o agentes comerciales que perdieron su vehículo ese día. Pues bien, se ha publicado el segundo Decreto sin que nada cambie, por eso ATA ha pedido hoy una «rectificación inmediata».

Es poco comparado con el montante total, pero el Real Decreto-Ley incluye una serie de partidas destinadas a resolver problemas que han sido noticia estos días. Figuran 45 millones de euros para la restauración de la Albufera y las cuencas fluviales afectadas por la inundación y, más urgente en este momento, otros 500 millones para financiar lo que el Gobierno ha llamado un 'Plan de Acción contra el Lodo' que todavía complica la circulación y amenaza la salubridad de los municipios afectados.

Además, se ha incluido la prohibición a las energéticas de cortar la energía eléctrica y el gas a los hogares afectados y se les «conmina», ha dicho el presidente, a que compensen a sus clientes por los servicios que no han recibido durante la catástrofe. Los consumidores, por su parte, podrán modificar y suspender temporalmente los contratos de suministro, así como aplazar las facturas sin coste alguno.