La Fiscalía y la Guardia Civil apuntan a Ribera y a Lambán por presunta prevaricación en plantas renovables en Aragón

Las acciones de la Fiscalía y de la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Uprona) de la Guardia Civil responden a las denuncias presentadas hace meses por Teruel Existe. En concreto, son siete denuncias sobre casi medio centenar de proyectos de competencia ministerial y una treintena de competencia autonómica, según ha confirmado ABC.

Teruel Existe alegó entonces que cuando el proyecto supera la capacidad de 50 MW, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debe ser otorgada por el Estado, mientras que por debajo de ese umbral, debe ser otorgada por la comunidad autónoma correspondiente, y de ahí se derivaría el «fraude que consistiría en que se han autorizado varios proyectos pequeños que en realidad serían uno más grande, habiéndose realizado así para eludir la obligación de presentar un único proyecto al órgano estatal correspondiente y ganando de esta forma, supuestamente, tiempo y facilidad en la autorización final».

Apuntan que el 54% de los parques eólicos que hay en tramitación en estos momentos en Aragón son producto de una fragmentación irregular (57 instalaciones de un total de 104), y en cuanto a megaplantas fotovoltaicas, de 263 expedientes, 156 son producto de fragmentación irregular.

También indicaron un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, al haberse producido un daño por la construcción de las instalaciones habiendo vulnerado la legalidad.

Asimismo, critican que la potencia instalada es «3,5 veces mayor de lo que consumimos en un momento pico de máximo consumo». En el caso de Teruel, ha detallado, se quieren instalar 8000 megavatios de potencia, una cifra superior a la que generan todas las centrales nucleares del país, cuando «en esta provincia sería suficiente con 75 MW para dar servicio a 53.000 hogares, y por tanto se proyecta 106 veces más de lo necesario».

El grupo de Energía y Medio Ambiente de Teruel Existe detalla las facilidades que consideran que ofrece el Gobierno de Aragón en estos procedimientos, como que los proyectos no son evaluados directamente por el órgano ambiental sino que el INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) desde principios del año 2021 ha realizado contratos con tres empresas para apoyo técnico y administrativo para la tramitación de estos expedientes. Estas empresas, a su vez, han elaborado para los promotores muchos de los estudios de impacto que son objeto de esta evaluación ambiental y tienen «algún tipo de relación de interés con el promotor del expediente» ya que continúan trabajando con esos mismos promotores en otros proyectos de energía renovable. Denuncian que «es muy grave, y suponemos que no serán las mismas empresas las que se evalúen a sí mismas, pero de cualquier manera, trabajan para los mismos promotores, y como mínimo pone en evidencia un conflicto de intereses, de tal forma que el INAGA no está actuando de manera independiente y objetiva».