Fedea reclama cambiar la ley para que Navarra y País Vasco aporten a la solidaridad entre CC.AA. como Madrid y Cataluña

«Es necesario adaptar el régimen foral a la realidad actual del sistema autonómico, para lograr una participación efectiva de las comunidades forales en los mecanismos de nivelación o solidaridad interterritorial, que han evolucionado de forma distinta a lo que se preveía cuando el Concierto vasco y el Convenio navarro adoptaron su forma actual», ha señalado este lunes Ángel de la Fuente, director gerente de Fedea y coordinador del grupo de expertos que en el año 2017 alumbró una propuesta de reforma de la financiación autonómica en la que ya se incluía esta propuesta, pero que siete años después sigue durmiendo el sueño de los justos.

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De la Fuente ha recordado que la contribución a la solidaridad entre comunidades autónomas es nada menos que una obligación constitucional y que tanto la ley de concierto vasco como la del convenio navarro la recogen como tal. En su día esa contribución se canalizó a través del Fondo de Compensación Interterritorial, que los padres de la Constitución concibieron como el principal instrumento de esa nivelación pero que 46 años después ese mecanismo se ha visto desbordado por el sistema de financiación autonómica y ahora tiene un papel marginal. La prueba es que mientras este fondo mueve entre 500 y 600 millones al año, los mecanismos de reequilibrio territorial del sistema de financiación -sufragados con los ingresos por impuestos de las comunidades autónomas más ricas- mueven en torno a 8.000 millones de euros.

"Las haciendas forales se han librado de esa obligación y no parece lógico", ha defendido Ángel de la Fuente, uno de los principales expertos en el actual sistema de financiación autonómica del panorama académico. Su propuesta es que País Vasco y Navarra realicen una aportación a los recursos de las comunidades autónomas menos financiadas incluyéndolas en el perímetro de un mecanismo general de nivelación bajo los mismos criterios en que ya lo hacen la Comunidad de Madrid, Baleares o Cataluña, lo que según una estimación que realizó Fedea en 2022 sobre datos del año 2017 exigiría que el País Vasco aportara algo más de 1.200 millones de euros anuales y Navarra algo más de 200 millones, lo que engrosaría la bolsa de recursos para la nivelación entre CC.AA. en cerca de 1.500 millones al año.

"Exigiría un cambio legal y lógicamente sería complicado de abordar, pero ahí hay un problema y hay que tratar de solucionarlo", ha dicho. Por el camino, De la Fuente también ha deslizado que sería razonable reducir la opacidad que rodea el cupo vasco y la aportación navarra que, según ha subrayado, "se sustancian en media página del BOE", mientras que la distribución de fondos a las comunidades autónomas de régimen de común "se explica con todo detalle en un tocho de más de 100 páginas".

Al que fuera coordinador del grupo de expertos que planteó la última propuesta de reforma de la financiación autonómica solicitada por un Gobierno de España, allá por 2017, le preocupa también el sesgo que puede introducir en la propuesta del Gobierno las reivindicaciones al respecto de los partidos nacionalistas catalanes, que han sido fundamentales para asegurar la investidura de Pedro Sánchez como presidente. "Hay un cierto riesgo de que la reforma no sea para bien si se utiliza de moneda de cambio para cumplir las aspiraciones de los nacionalistas. En ese caso sería mejor no tocarla", ha deslizado.

El director de Fedea ya ha dejado en varias ocasiones clara su idea de que amparar una financiación a la carta para una determinada comunidad autónoma no solo puede desequilibrar el sistema sino detraer recursos al Estado que podrían afectar a la adecuada financiación de servicios públicos esenciales.

Más aún, cuando el sistema actual tiene lagunas importantes que es urgente resolver. Una de ellas es, según Fedea, la infrafinanciación galopante en términos de habitante ajustado -la medida ideada por la reforma del año 2009 para garantizar una financiación homogénea entre autonomías- que sufren la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. En su opinión, el Gobierno debería aprovechar ya los Presupuestos de 2024 para disponer un fondo transitorio para cubrir esa menor financiación que sufren estas comunidades, que según sus cálculos debería estar dotado con 3.000 millones de euros para reequilibrar los recursos que reciben del sistema con la media.

Respecto al futuro sistema, De la Fuente ha señalado que cualquier mejora de la financiación debería venir de una mayor responsabilidad de las comunidades autónomas sobre los impuestos y no de una mayor transferencia de recursos desde el Estado. En ese sentido, ha abogado por incrementar el porcentaje de los ingresos autonómicos que se destinan al reparto homogéneo de los recursos (actualmente del 75%) o bien por ensanchar lo que denominado como "la caja de herramientas fiscal" de las CC.AA., es decir, su capacidad normativa, disponiendo por ejemplo un tramo autonómico de IVA, que solo se pueda subir de manera colegiada entre las autonomías de régimen común y cuyos recursos irían a financiar el sistema de financiación.