Los empresarios alertan de que el coste del absentismo escalará hasta 32.000 millones este año

El coste del absentismo laboral derivado de contingencias comunes crecerá este año un 10%, hasta superar los 32.000 millones de euros y las bajas aumentarán más de un 6%, hasta superar los 9,2 millones. Así se ha puesto de manifiesto este miércoles en la Asamblea General y Junta de Gobierno de AMAT, a la que han asistido el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, además de los presidentes de las mutuas.

Los empresarios han reclamado en un comunicado el diseño de «propuestas que contribuyan a reducir estas cifras con carácter de urgencia». «La reducción del número de procesos de baja iniciados de corta duración, el acortamiento de la duración innecesaria de las bajas y la eliminación de la bolsa de procesos con una duración superior a los 365 días, que ya superan los 210.000, casi cinco veces más que los existentes justo antes del inicio de la pandemia en 2020, resulta perentorio», dijo Juan Roca, presidente de AMAT, la patronal de las mutuas.

Para el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, el alud de bajas laborales está dañando la productividad y la competitividad empresarial, «genera costes inasumibles que afectan directamente la competitividad de las empresas e impactan de forma negativa en su eficiencia, en su rentabilidad y en el propio clima laboral».Añadió que el absentismo es un «mal endémico» que deja «en la cuerda floja» a muchas empresas, especialmente a las pymes.

Durante la junta hizo hincapié en que, aunque el problema de los accidentes y enfermedades no laborales no está en las empresas, «sí pueden y deben contribuir a preservar y mejorar la salud de los trabajadores que lo necesiten, como ya se hace en la mayoría de ellas». Insisten las empresas, por otro lado, en que «tampoco se puede criminalizar a los trabajadores, cuando la gran mayoría están sufriendo las consecuencias de las ineficiencias del sistema de gestión de estas prestaciones públicas«.

Los empresarios han reclamado más recursos sanitarios para los servicios públicos de salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas, con el objetivo de mejorar los diagnósticos iniciales, los tratamientos e intervenciones, y el seguimiento de los procesos de baja, así como la mejor resolución de los procesos de larga duración.

Además, han reclamado más competencias a las mutuas para poder gestionar integralmente algunos los procesos de baja laboral, en concreto los relacionados con una patología traumatológica, estableciendo a su vez un mecanismo de garantía para los trabajadores al que puedan recurrir en caso de disconformidad.

El Gobierno ha planteado una mayor intervención en la autonomía de las mutuas y estas, como ya adelantó ABC, se han revuelto. Las empresas han reclamado que «no se injiera en la autonomía de gestión de las mutuas, toda vez que son asociaciones privadas de empresarios y, en última instancia, son los que tienen la responsabilidad sobre estas entidades. Esto justifica sobradamente -dicen- que la 'vis atractiva de la Administración' se contenga debidamente, y que se devuelva a las empresas el gobierno de las mutuas«.

«Las mutuas no son el problema de la incapacidad temporal sino gran parte de la solución, y entienden que esa propuesta nada tiene que ver con la mejora de la incapacidad temporal«, asegura el comunicado empresarial. Puntualizan las empresas que «no se rechazan las actuaciones de fiscalización y control público sobre la gestión de lo que se considera dinero público", pero que "en el orden interno, las decisiones de organización y funcionamiento, las políticas y estrategias como organizaciones, corresponden a una categoría de lo más íntimo, corresponden a las juntas directivas y a las asambleas generales de cada mutua, y corresponden a las empresas asociadas a las mutuas, para lo que se requiere la necesaria autonomía de gestión«, concluyen.