Economía prepara una batalla legal contra la Hacienda mexicana

La institución dirigida por José Carlos García de Quevedo ha publicado una licitación pública para contratar un despacho de abogados que le preste el «servicio de asesoramiento jurídico, representación y defensa legal» en lo que se refiere a la reclamación y posterior procedimiento judicial contra México por las cantidades que les han retenido y tenido que tributar por los «intereses percibidos por el Instituto de Crédito Oficial a raíz de contratos de préstamo suscritos por el ICO con una entidad financiera en México». «Este servicio comprende de forma conjunta tanto el asesoramiento jurídico para la preparación del procedimiento judicial, como la posterior representación y defensa legal en dicho procedimiento», añade el pliego de prescripciones técnicas.

Noticia Relacionada

Las familias tiran de crédito para las vacaciones con las ofertas de la banca

Daniel Caballero

El saldo en préstamos al consumo subió en abril un 6,2% y superó los 100.000 millones por primera vez desde 2009

Lo que busca el ICO, en este caso, es un despacho experto en derecho fiscal mexicano a través del cual, primero, «poder cerciorase de la viabilidad jurídica y económica de iniciar un procedimiento de reclamación» y, después, «representar al ICO en un eventual procedimiento para efectuar dicha reclamación».

El asesoramiento que contratará el ICO contempla varias etapas. En primer lugar, una etapa administrativa, «que incluye una opinión legal, y posteriormente, si procede, la revisión de los antecedentes, su análisis y visita a las autoridades fiscales». Durante esta parte, el despacho que se contrate deberá emitir una opinión legal sobre la viabilidad de plantear la batalla legal, teniendo en cuenta principalmente el tratado de doble imposición entre México y España. Tras esa primera fase se llegaría a la fase judicial, anticipando que todo el proceso podría extenderse durante años. De hecho, el contrato que ofrece el ICO tiene una duración de cinco años por lo que dan a entender que tendrán que acabar en la vía judicial contra México. El importe del contrato son 121.000 euros en total, teniendo en cuenta también los impuestos.

Fuentes del ICO confirman la controversia con la Hacienda de aquel país pero tratan de rebajar el tono de la pelea legal que se está fraguando. Señalan que el contrato es para recabar la opinión legal sobre la interpretación del tratado de doble imposición que hace el Fisco mexicano, ya que el ICO considera que por los intereses que percibe por los créditos allí ya tributa en España. Estiman que no debería haber ninguna retención en aquel territorio.

Asimismo, desde el ICO comentan que la intención es no tener que llegar a juicio sino ver cómo se interpreta la legislación; con todo, el contrato contempla expresamente abrir una batalla judicial que calculan, por la duración del contrato, que podría alargarse durante un lustro.

Esta decisión del ICO se produce en pleno proceso de cambio de gobierno en México. Andrés Manuel López Obrador pone fin a su mandato como presidente del país y, tras haber ganado las elecciones, asumirá el cargo Claudia Sheinbaum. Pero su llegada al poder no será inmediata sino que lo hará a partir del 1 de octubre.

Las relaciones con México, con todo, han sufrido altibajos en los últimos años con López Obrador al frente, especialmente en lo relativo al tejido empresarial español. No son pocos los enfrentamientos que ha tenido el hasta ahora presidente mexicano con compañías como BBVA o Iberdrola. Y ahora el ICO abrirá una batalla legal.

Más allá de ello, también planea sobre las relaciones España-México la posible implantación de un nuevo impuesto a la banca, lo que afectaría de lleno a las entidades españolas allí como BBVA y Banco Santander, que son líderes del mercado azteca. Incluso, la amenaza de que Claudia Sheinbaum pueda imponer un nuevo gravamen a la banca ha lastrado en parte la cotización de las dos mayores entidades españolas.