Los funcionarios exigen una nueva hoja de ruta: jornada de 35 horas, teletrabajo y revisión de sueldos

Estas incluyen: una jornada laboral de 35 horas, desarrollo efectivo del teletrabajo, aprobación urgente de la oferta de empleo público, equiparación salarial y recuperación de la estructura salarial previa al recorte de 2010, entre otras. Además, ha pedido que se resuelvan los conflictos de Justicia, Administración del Estado, Sanidad y Prisiones.

Señaló el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, durante una rueda de prensa, que los 2,7 millones de empleados públicos y sus familias «serán determinantes» con sus votos para decidir el futuro Ejecutivo. Por ello, el sindicato iniciará una ronda con los partidos políticos para presentar sus 12 exigencias básicas.

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El sindicato ha convocado a los medios de comunicación ante «la necesidad de que también se hable de los empleados públicos en esta campaña electoral» y además, ha demandado que «se ponga encima de la mesa sus reivindicaciones, tras años de sacrificio y atendiendo al papel que han jugado durante la pandemia».

En cuestión de salarios, el CSIF ha reclamado una nueva negociación de la subida salarial vinculada al IPC y con efectos retroactivos a 1 de enero de 2022, para que se equipare a la pactada en el ámbito privado de 10 puntos entre 2023 y 2025. Asimismo, ha pedido que se derogue el decreto de recortes de 2010 «con el fin de recuperar la estructura salarial con la paga extra íntegra». En total, las cantidades ascienden a 30.000 millones y afectan a 2 millones de personas en todas las administraciones.

Borra ha declarado que el «deterioro de las administraciones públicas es evidente» en ámbitos como la Administración General del Estado, donde ha recordado la huelga indefinida de la Inspección de Trabajo –desde el 26 de junio–, y la sanidad, donde ha comentado que «existe un déficit de personal en toda España, cierre de camas previstas en verano».

Además, ha apuntado que a estos conflictos se suma que «gran parte del personal público» se ha visto afectado por el adelanto de elecciones ya que han decaído proyectos pendientes en el Congreso y se han interrumpido negociaciones. Borra ha hablado también de «el conflicto latente» de la Administración de Justicia, con una huelga indefinida iniciada el 22 de mayo y que «afecta al ya excesivo retraso que arrastra esta administración por falta de medios personales y materiales y que el Ministerio de Justicia ha sido incapaz de solucionar».

El sindicato ha concluido que, esperan que «de las urnas surja un Gobierno estable que permita impulsar una nueva agenda de mejoras en nuestras administraciones y un pacto».