De Cos ya advirtió de los riesgos del sistema de nombramientos del Banco de España

De Cos abogó entonces por replicar el modelo de nombramientos de altos cargos del BCE, que prevé el examen previo del parlamento europeo a los candidatos e incluso su opinión vinculante en los casos del presidente y el vicepresidente de la institución.

Nada acredita que ese esquema hubiera evitado el terremoto generado por la fulminante renuncia del economista Antonio Cabrales al consejo del Banco de España, presuntamente por presiones políticas, y la designación como consejera de la ex directora de gabinete de Nadia Calviño, pero el modelo de control parlamentario defendido por el gobernador ha sido durante años la alternativa de la academia para modular la politización que se podría derivar de un sistema de nombramientos puramente gubernamental. De hecho, se ha regulado así de un modo u otro para organismos de nueva creación como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o la Agencia de Protección de Datos.

«No siempre sale bien», confirma Alberto Dorrego, miembro del cuerpo de Letrados de las Cortes en excedencia y socio del Departamento de Derecho Público de la firma Eversheds Sutherland. Recuerda el caso de la Agencia de Protección de Datos, donde el director se elige entre los miembros de un comité consultivo de nueve personas de las que el Gobierno solo designa a una y que lleva más de tres años con la directora general en situación de interinidad; o el de la Corporación RTVE, cuyo primer presidente elegido tras un concurso público y una votación parlamentaria, José Manuel Pérez Tornero, apenas duró año y medio en el cargo tras sufrir una larga sucesión de presiones políticas por la orientación de los contenidos de la cadena.

«No estoy seguro de que hacer descansar la responsabilidad de los nombramientos en el Parlamento resuelva el problema de la politización», analiza Dorrego. «Igual sería más adecuada la creación de una comisión independiente para designar los candidatos a esta clase de puestos».

Ese, precisamente, es el modelo que han puesto sobre la mesa los altos funcionarios de la Administración del Estado, llamados en muchos casos a ocupar esos puestos de altos cargos. Su propuesta pasa por replicar la Cresap portuguesa, la Comisión de Reclutamiento y Selección para la Administración Pública, que centraliza el análisis y la propuesta de los mejores candidatos para los puestos que quedan vacantes en el sector público.

«No hay un sistema perfecto, con el tipo de nombramiento que eliges y la persona que eliges siempre vas a tener un coste político y un beneficio político», concluyó la profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, Zulima Sánchez Sánchez, su intervención ante la subcomisión de Calidad Democrática.

El caso de Antonio Cabrales ha generado mucho ruido, pero ¿había para tanto? Tres ex altos directivos del Banco de España consultados por ABC lo ponen en duda. Coinciden en que la capacidad de los consejeros del Banco de España para influir en las decisiones de la institución es entre mínima y nula, que sus atribuciones no se asemejan ni de lejos a las de los consejeros del BCE y son fundamentalmente formales, y que el puesto no es ninguna perita en dulce, sino que conlleva un salario bastante normal y un durísimo régimen de incompatibilidades que restringe su actividad externa a la impartición de clases.