Consumo abre una investigación para «perseguir» la publicidad de viviendas de alquiler turístico sin licencia

«Desde la Dirección General de Consumo, integrada en este ministerio, se han identificado posibles prácticas de este tipo en diferentes ciudades españolas», apunta el Ministerio en el comunicado remitido a los medios. La finalidad de la investigación, detallan, es determinar si existen indicios de estos ilícitos, por ejemplo, mediante la publicidad de viviendas que no cumplirían con los requisitos para poder comercializarse como turísticas, y, en su caso, abrir los potenciales expedientes sancionadores.

Si se confirmarse, se trataría de prácticas comerciales que, con base en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, serían desleales. «Por tanto, supondrían una infracción que puede generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada», señalan desde la Dirección General de Consumo. Los expedientes deberían resolverse en un plazo máximo de 9 meses, pudiendo acarrear las correspondientes sanciones.

Noticia Relacionada

Turismo muestra su apoyo a las aerolíneas en plena cruzada de Consumo contra las 'low cost'

Antonio Ramírez Cerezo

El sector defiende ante la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, su derecho para establecer tarifas con libertad

Hasta ahora, el Ministerio ha enviado requerimientos de información a las plataformas que actúan como intermediarias en este sector. Con ello, los de Bustinduy pretenden, poder determinar potenciales responsabilidades de cada operador implicado, principalmente de las empresas que publicitan los alojamientos.

El Ministerio de Bustinduy asegura que, según la información oficial ofrecida por autoridades autonómicas y municipales con competencia este ámbito, «un número significativo de viviendas turísticas estarían operando sin licencia». Por esta razón, añaden «este Ministerio ha decidido poner en marcha esta investigación con el fin de proteger a las personas consumidoras y usuarios ante estas prácticas».

La investigación, agregan, hace especial hincapié «en la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos en diversas comunidades autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la mencionada ley general».

Las infracciones podrían derivar en multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se podría elevar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícidto obtenido.