Carta de los funcionarios a Yolanda Díaz: «El trabajo a destajo es incompatible con el control de prestaciones»

Con los medios físicos y humanos mermados, la plantilla afrontará desde noviembre una nueva y elevada carga de trabajo después de que la ministra haya cedido a las peticiones de la Seguridad Social y sean los servicios de empleo los que gestionen la 'transición' del desempleo al ingreso mínimo vital (IMV) una vez que el beneficiario haya agotado el subsidio. Tarea a la que se unirán la gestión y abono de otras tantas prestaciones, lo que ha provocado hondo malestar entre los trabajadores.

El sindicato mayoritario en la Administración, CSIF, ha remitido una carta a Yolanda Díaz en la que le acusa de no tener «la más mínima empatía» con la mayor plantilla que tiene el Ministerio de Trabajo. En la misiva, a la que ha tenido acceso ABC, recuerdan que el SEPE pasa por «el momento más grave de su historia, al no llegar ni tan siquiera a 7.300 trabajadores, que tienen que prestar servicio en 711 unidades de atención presencial, 52 oficinas de atención telemática, 52 direcciones provinciales y los servicios centrales». Avisan de que la carga de trabajo va en alza, teniendo en cuenta la «altísima» rotación en el mercado de trabajo.

La última reforma del desempleo amplío el porfolio de ayudas, además de esa 'transición' al IMV. Se pusieron en marcha subsidios para menores de 45 años que agoten la prestación por paro o con cotizaciones inferiores a 180 días que no tengan responsabilidades familiares, también para víctimas de violencia de género y sexual y para eventuales agrarios, y se mantiene la prestación para mayores de 52 años y emigrantes retornados.

Sobre la nueva gestión del IMV el sindicato reprocha a la vicepresidenta segunda que «haya sido capaz de claudicar ante esa petición (de Seguridad Social) de colaboración». «Al tomar esta decisión, -dicen- entendemos que se evidencia con extraordinaria nitidez que el departamento no tiene una idea clara de lo que supone la gestión de la amplísima carta de servicios que ofrece el SEPE, a los millones de usuarios a los que tiene que dar cobertura inmediata, ni de la extrema complejidad que todo ello conlleva». Los funcionarios ya avisan que se producirá un colapso de la cita previa.

Los funcionarios de los servicios públicos de empleo informan a Yolanda Díaz de que los potenciales beneficiarios del IMV que puedan optar a dicha 'transición', deberán pedir cita presencial «de manera inexcusable» en las oficinas de empleo, «cuando sin haber comenzado todavía a colaborar con el INSS -Instituto Nacional de la Seguridad Social- somos absolutamente incapaces de dar respuesta a la demanda diaria que supone la gestión propia de las prestaciones por desempleo».

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La misiva es tajante sobre las consecuencias del aumento de la carga de trabajo y advierten a la vicepresidenta de que el trabajo «a destajo inherente a resolver las más de medio millón de prestaciones que mensualmente abonamos, es desde hace mucho tiempo incompatible con, por ejemplo, el debido control de las prestaciones, cuestión que no parece importarle a nadie y que se deriva de la gravísima carencia de efectivos». Añaden que «el intentar» por parte de los usuarios la obtención de una cita, «va a suponer sin lugar a dudas motivo de conflicto en nuestras unidades, además del evidente incremento de cargas de trabajo que van a soportar de manera singular las oficinas de prestaciones».

Los funcionarios se preguntan para qué ha servido la incorporación de «un significativo» número de interinos en la Seguridad Social para gestionar el IMV si el SEPE va a tener que volcar sus «exiguos recursos en una tarea que no es de su competencia». Y aprovechan para recordar a Yolanda Díaz que el 55% de las oficinas del servicio de empleo cuenta con cinco o menos trabajadores y que todas ellas están «infradotadas de personal y con evidentes dificultades para llevar adelante la propia gestión. Y el que la situación de las distintas entidades gestoras de la Seguridad Social -apuntan- sea dramática en lo que a personal se refiere, en especial en el INSS, no debe tener consecuencias nefastas para un organismo sobresaturado de trabajo y con una tremenda dificultad para ofrecer citas diarias de atención presencial de nuestra estricta competencia».

Por todo lo anterior, los funcionarios comunican a la vicepresidenta segunda que habrá un «seguro calendario de movilizaciones, abocando sin duda a un escenario de conflicto de todo punto indeseable para todas las partes».

De momento, los sindicatos del SEPE y el Gobierno negocian nuevas instrucciones para la cita previa y telefónica y colaboración con la Seguridad Social para la gestión del ingreso mínimo. Un nuevo escenario que llevará aparejado, entre otras muchas cosas, un recorte de los tiempos de atención al ciudadano, que ahora oscilan entre los diez y quince minutos. El objetivo planteado ya por la Administración es poder gestionar la mayor carga de trabajo y el mayor número de usuarios, que ya sufren problemas para obtener cita en el organismo.