La burocracia europea ahoga a las empresas españolas

Según el informe, y a pesar de la noble finalidad de estas normativas, cumplir con las nuevas directivas de sostenibilidad, que España todavía no ha traspuesto, costará a las empresas españolas casi 1,2 millones de euros por compañía y año.

El informe señala que esta situación supone una gran incertidumbre para las empresas españolas, que desconocen a qué normas deberán atenerse en el futuro próximo, porque aparte de las dos directivas, el gobierno puede incorporar cambios al texto europeo a la hora de transponerlo.

Ante esta situación, en declaraciones a ABC, Iranzo aplaude el paquete 'ómnibus' con el que Bruselas pretende reducir las cargas de las empresas, pero cree que se queda corto en lo que atañe a la simplificación de las normas de información sobre sostenibilidad, con la que pretenden reducir los costes del reporte no financiero un 25% para las grandes empresas y un 35% para las pymes.

«La UE debería ir más allá del borrador planteado, y como mínimo reducir estos costes en un 80-90%, si desea que la competitividad de las empresas europeas no sufra en exceso respecto de las empresas estadounidenses o chinas», apunta. Argumenta, en este sentido, que la subida de los aranceles de Estados Unidos a la UE constituye un factor externo adicional que debería convencer a ésta de la necesidad de preservar la competitividad de las empresas europeas.

«El enfoque de la UE es excesivamente reglamentista y parte de la presunción de incumplimiento de las normas, como lo demuestra la obligatoriedad de entrega y publicación anual de una información a todas luces excesiva y extraordinariamente costosa de obtener a un colectivo amplísimo de empresas, para verificar que están cumpliendo las normas ESG y sobre derechos humanos», señala.

Para reducir las cargas, cree que la UE debería partir de la presunción de cumplimiento de dichas normas por parte de las empresas europeas y aplicar una inspección a posteriori, de carácter ocasional y aleatorio de las empresas individuales para asegurarse de que efectivamente cumplen con la normativa. Y, apunta, si de los trabajos de inspección se dedujera que la empresa incumple la legislación, la UE o los Estados Miembros podrían adoptar medidas, como la exigencia de rectificación de las conductas infractoras y la imposición de multas en caso de falta de rectificación. Cree que todavía estamos a tiempo de que el Parlamento y el Consejo Europeos enmienden el borrador de directiva presentada para que la simplificación vaya más allá de lo planteado por la Comisión Europea.

La autora del informe, apunta que si la directiva se aprueba en términos parecidos a su actual borrador, la UE y los Estados Miembros deberían al menos otorgar ayudas a las empresas para el cumplimiento normativo (por ejemplo para adquirir el software especializado necesario para efectuar el reporte sobre sostenibilidad y para la contratación de personal especializado en reporte no financiero).

Según los cálculos de Iranzo, basándose del INE, una empresa de tamaño mediano a grande incurriría en gastos anuales de 1.190.914 euros para cumplir con la dos nuevas directivas de sostenibilidad, sin incluir gastos adicionales, como la adquisición del software especializado para poder realizar el recorte.

Esta elevada cuantía genera, a su vez, una serie de costes indirectos para las empresas. Uno de los más sangrantes es la pérdida de clientes que supone para las empresas la pérdida de competitividad ante firmas externas a la UE, ya que las empresas sujetas a jurisdicciones diferentes enfrentan menos costes por cumplir con sus estándares de sostenibilidad.

En este sentido, Iranzo recuerda a ABC que «en los últimos seis años, la UE ha publicado 10 veces más normas que Estados Unidos, que no es un país que se caracterice precisamente por la ausencia de regulación. Esto ha contribuido a la pérdida de competitividad y a un menor nivel de innovación y registro de patentes de las empresas europeas respecto a las estadounidenses (y qué decir respecto a las chinas)».

Otro de los efectos negativos sobre las empresas que tienen dichos costes es la pérdida de proveedores que no cumplen las exigencias europeas.

Según el informe del Club de Exportadores, la aprobación del paquete ómnibus, de simplificación de la burocracia, supondría un ahorro total para España de 693 millones de euros, lo que se traduce en 126.000 euros anuales menos por empresa. Esto dejaría el gasto medio en poco más de un millón de euros, con una disminución del 10,58%. Sin embargo, Iranzo considera que los costes siguen siendo sustanciales, y la Comisión debería haber desregulado aún más la cuestión.

«A la hora de regular la UE debería abordar seriamente los costes regulatorios para las empresas, realizando cálculos ajustados de los mismos», explica la autora del informe a ABC, a la vez que aboga por que las empresas europeas participen de forma directa en la realización de dichos cálculos. «Debería rechazarse cualquier norma que llevase a un aumento de los costes de las empresas que superase un determinado umbral», apunta.

«Muchas veces no se trata de regular menos sino de regular mejor, por ejemplo, sustituyendo donde sea posible una regulación detallada por el establecimiento de unos principios de actuación, que sean sencillos de aplicar», concluye Silvia Iranzo.