El Banco de España alerta de los riesgos de la inestabilidad política: «sus efectos económicos tienden a ser duraderos»

«Un aumento de la incertidumbre tiene impacto sobre la economía, sobre la inversión y condiciona las decisiones de los agentes económicos, inhibiéndolas en muchos casos, y este impacto es lógicamente tanto mayor cuando más se prolongan los episodios de incertidumbre«, aseguran fuentes de la Dirección de Economía y Estadística del Banco de España.

El asunto no es una preocupación nueva para la institución sino que constituye uno de los retos estructurales que debe afrontar el país a medio plazo junto a otros igualmente desafiantes como la atonía de la inversión, el paro estructural, el envejecimiento de la población y su impacto sobre las cuentas públicas, la mejora del acceso a la vivienda o la desigualdad y las bolsas de vulnerabilidad que persisten en España, según se recoge en los capítulos 1 y 2 del Informe Anual 2023 del Banco de España publicados este martes.

Al Banco de España le preocupa el deterioro de la calidad institucional y la pérdida de confianza de los actores económicos en la instituciones que viene detectando desde la gran crisis financiera y que según los indicadores internacionales consultados por los analistas de la institución ha sido en España más acusada que en el resto de países comparables. La institución entiende que existe un amplio margen para «mejorar la calidad regulatoria en España» y que para ello se debe avanzar de forma decidida en aspectos como mejorar la eficacia y la eficiencia de las administraciones públicas, avanzar en la evaluación de las políticas públicas y mejorar la eficacia del sistema judicial, ya que a día de hoy esa pérdida de calidad del marco institucional está lastrando tanto el crecimiento como la productividad.

El Banco de España señala que el crecimiento de la economía española muestra un aspecto mucho más saludable que el del resto de economías del euro y vaticina que las perspectivas a futuro "continúan siendo relativamente favorables", pero avisa de que persisten fuentes de incertidumbre que en la mayoría de los casos podrían frenar el crecimiento y además retos estructurales de cuya resolución dependerá la capacidad de la economía de crecer a medio y largo plazo.

Entre estos señala la evolución de las cuentas públicas, que preocupa pese a la significativa reducción del déficit y la deuda en los dos últimos años. El informe de la institución pone estos avances en contexto. "A pesar de la reducción reciente, la ratio de deuda pública sobre PIB es aún nueve puntos superior a la registrada en 2019 y se encuentra 30 puntos por encima de la media de los países de la Unión Monetaria", asegura el Informe Anual de la entidad, y algo similar dice del déficit que aún habiéndose reducido al 3,6%, continúa por encima del 3,1% que había justo antes del estallido de la pandemia.

La principal preocupación del supervisor es que estas desviaciones presentan un "elevado componente estructural" y que el déficit estructural de la economía se ha ensanchado según sus estimaciones hasta el 3,7%, desde el 3,1% en que estaba antes de la pandemia. Es decir, que el agujero estructural entre los ingresos y los gastos de las administraciones públicas es hoy unos 9.000 millones más grande que antes de la pandemia y ello después de haber registrado el mayor incremento de la recaudación fiscal de la historia. "Este incremento de los ingresos se ha visto más que compensado por un incremento de los gastos desde el estallido de la pandemia, asociado a las prestaciones sociales y al consumo público", señala el informe.

La situación presenta un riesgo añadido. Y es que no está claro que todos esos nuevos ingresos hayan llegado para quedarse, que es una advertencia que la institución ha realizado recurrentemente en los últimos años por el acusado impacto de la inflación en la crecida de los ingresos tributarios, en lo que los analistas han dado en denominar residuos fiscales.

Este efecto ha sido particularmente relevante en el IRPF, donde el tipo efectivo que se carga sobre los contribuyentes se ha disparado hasta niveles históricamente altos gracias a la decisión del Gobierno de no deflactar la tarifa del IRPF, una decisión por cierto que según las estimaciones del Banco de España ha penalizado de forma singular a las rentas de entre 17.000 y 23.000 euros que han visto como el IRPF les absorbía buena parte de las mejoras retributivas obtenidas para blindar su poder adquisitivo, en un porcentaje muy superior al de las rentas medias y medias-altas.

Y otro riesgo por el lado del gasto y es que las medidas de ahorro asociadas a la reforma de las pensiones no alcancen los objetivos planteados, que es algo que el Banco de España sugiere de forma clara para medidas como la prolongación voluntaria de la vida laboral, que para alcanzar los objetivos marcados debería ser utilizada por la práctica totalidad de los futuros jubilados de aquí a 2050, algo que parece poco probable.

El otro colchón de seguridad de la reforma de pensiones que es el fomento de la inmigración tampoco será la solución según las estimaciones del Banco de España. "Para que la tasa de dependencia en España se mantuviese constante a lo largo de los próximos 30 años el tamaño del colectivo nacido en el extranjero en edad de trabajar tendría que ser tres veces mayor que el contemplado por el INE en sus proyecciones de población más reciente", en las que se estima que los flujos migratorios supondrán de aquí a 2053 una ganancia neta de población de diez millones de personas.

El Banco de España pone como prioridad la resolución del problema de la productividad, que ha determinado el estancamiento de la renta per cápita española en los últimos años. A nivel de tejido empresarial, el diagnóstico de los analistas de la entidad es que el marco regulatorio doméstico dificulta la reasignación de recursos desde sectores de bajo valor añadido a otros más productivos y que se manifiesta tanto en la incapacidad para impulsar la productividad dentro de las propias empresas como de facilitar que las nuevas empresas más productivas sustituyan a las menos productivas. Esas barreras han dificultado la normal rotación del tejido empresarial, que en España es mucho menor que en otros países y que por tanto no realiza la aportación a la productividad que esta rotación sí proporciona en otros países.

Otro flanco es el sistema educativo. La institución detecta que hay un desacoplamiento cada vez mayor entre la oferta de plazas de las universidades públicas presenciales y la demanda de los alumnos de formación en aquellas carreras que tienen mejores salidas laborales, lo que a juicio de la institución debería llevar a una profunda reforma del sistema universitario acompañada de los recursos necesarios para acoplar las demandas de los alumnos a la oferta de la universidad. Más aún teniendo en cuenta que esa es la puerta de entrada a mejorar la igualdad de oportunidades.