Asalto a Telefónica: un paso más en la estrategia de Sánchez de colonizar empresas estratégicas

La salida de Álvarez-Pallete es solo el último golpe de mano para controlar Telefónica tras la entrada de la SEPI en el capital de la compañía con la excusa de neutralizar el desembarco de los árabes de STC en la empresa. Previamente, en mayo de 2024, el presidente del Gobierno ya colocó en el consejo a un estrecho colaborador suyo: Carlos Ocaña. Y este es solo el último paso. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018, los cambios en las cúpulas de las compañías para situar a sus afines han sido continuos.

Hace apenas un año, en diciembre de 2023, el astronauta y exministro de Ciencia y Tecnología del primer Gobierno de Pedro Sánchez pasó a ocupar la presidencia de Hispasat, el operador estatal de comunicaciones por satélite propiedad de Redeia (antigua Red Eléctrica), que está en el punto de mira de Indra por su potencial estratégico en el futuro despliegue de la crítica infraestructura nacional de comunicaciones y ciberseguridad. Sustituyó en el cargo a Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona y ahora ministro de Industria. De la mano del ministro también entró en el consejo de administración de la compañía Therese Jamaa, una profesional de larga trayectoria en el sector de las comunicaciones, exvicepresidenta de Huawei y pareja del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hombre de la total confianza de Pedro Sánchez.

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El presidente del Gobierno no ha tenido reparo alguno en sembrar de afines la dirección de las principales empresas públicas y los consejos de administración de las cotizadas y grandes empresas en las que el Estado tiene algún tipo de participación.

Exministros socialistas, personalidades destacadas del PSC o ex responsables de gobiernos autonómicos desalojados del poder han encontrado acomodo en la red de empresas controladas o influidas por el Estado durante esta etapa, en un 'modus operandi' que ha despertado suspicacias en los últimos años, y que ya auguraba.

«Una cosa es entrar con una participación importante en una empresa estratégica y otra muy diferente entrar en el proceso de toma de decisiones», advertían ya desde el Consejo General de Economistas de España, en relación a las posibles contraindicaciones de la presencia del Estado en grandes empresas cotizadas.

El asunto no ha supuesto una barrera para el Gobierno. Sánchez no había logrado hasta ahora situar a afines en cotizadas del Ibex, con las que ha mantenido una relación más bien tensa, pero ha exprimido todas las posibilidades en las que el Estado tiene influencia o una participación mayoritaria.

La lista es larga y los nombres muy reconocibles. El caso más llamativo, por ruidoso, fue el de Indra, precisamente con el mismo protagonista que hoy. Indra es la nueva joya de la corona del tejido empresarial controlado por el Estado, a la que se quiere convertir en el gran campeón nacional de la industria de la Defensa en pleno auge de la inversión militar a nivel global. El Gobierno hizo lo posible por desalojar por la vía rápida a Fernando Abril-Martorell, el presidente nombrado por Mariano Rajoy, y poner al frente de la compañía en 2021 a Marc Murtra.

Las urgencias de Murtra por activar los planes de La Moncloa para Indra, apoyados por Amber Capital, a su vez accionista mayoritario del Grupo Prisa, dinamitaron el Consejo de Administración del que salieron en aluvión siete consejeros. En la posterior reconstrucción del Consejo entró el exdiputado socialista Juan Moscoso del Prado y antes ya habría entrado en el principal órgano de gobierno de la compañía el exministro de Industria, Miguel Sebastián, al que en su día le tocó lidiar con la venta de Endesa a la italiana Enel en la era Zapatero.

Sánchez también tiró de 'cantera' cuando de lo que se trató fue de controlar el rescate de una de las grandes empresas industriales del país, la asturiana Duro Felguera. En el proceso aterrizaron en el consejo el exministro de Trabajo de Zapatero, Valeriano Gómez, y otro exministro, Jordi Sevilla, que meses antes había salido de la antigua Red Eléctrica. La Moncloa ha maniobrado lo que ha podido en banca. Calviño situó a la exdiputada socialista y exalto cargo de Industria, Teresa Santero, en Caixabank; y Sareb tiró de un excargo municipal del PSC, Pau Pérez de Acha, para sus planes de vivienda social.

El sector energético ha sido una de las prioridades estratégicas del Gobierno y también el lugar donde aterrizan numerosos políticos. El caso más significativo es el de Enagás, el gestor del sistema gasista. En mayo de 2020 entraron en su consejo los exministros socialistas José Blanco y José Montilla. También accedió al mismo Cristóbal Gallego en representación de Unidas Podemos. Aunque la SEPI tiene solo un 5% de Enagás, el máximo permitido, los gobiernos de turno han tomado como costumbre colocar a sus afines en su consejo de administración. La excepción fue el anterior presidente, Antonio Llardén, nombrado en 2007 por Zapatero, que permaneció durante el Gobierno Rajoy y continúa en la compañía. Lo que hizo Sánchez fue nombrar un CEO ejecutivo, Arturo Gonzalo Aizpiri, que estuvo en el Ministerio de Medio Ambiente con Cristina Narbona, presidenta del PSOE.

Sánchez también ha movido sus peones en Redeia (antigua Red Eléctrica), el gestor del sistema eléctrico. Su actual presidenta, Beatriz Corredor, fue ministra de Vivienda con Zapatero y hasta un mes antes era diputada. Relevó al exministro Jordi Sevilla.

Cores, la empresa pública que gestiona la reserva estratégica nacional de productos petrolíferos, está presidida por Juana Lázaro, una alta funcionaria cercana al PSOE que ha ocupado altas responsabilidades como la dirección general de la Agencia Tributaria o la subsecretaría de Hacienda en gobierno socialistas. Sánchez situó al frente de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radioactivos a José Luis Navarro, ex consejero en los gobiernos de Fernández Vara.

El caso de las empresas públicas es también reseñable. Sánchez situó a su exjefe de gabinete en el PSOE, Juan Manuel Serrano, al frente de Correos, y tras una pésima gestión lo sustituyó hace apenas un año por Pedro Saura, exdiputado socialista . A Raül Blanco, exalto cargo de Industria y una de las figuras más relevantes del PSC, lo colocó en Renfe, aunque esta misma semana ha sido sustituido por Álvaro Fernández Heredia, otro político cercano en este caso al ministro de Transportes, Óscar Puente. Otro Óscar, en este caso López, actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, estuvo al frente de Paradores y el gestor aeroportuario lo gestiona Maurici Lucena, otro economista vinculado al PSC.