Los PGE de un vistazo: más gasto en sanidad, educación y seguridad ciudadana

La política de Defensa está volcada en mejorar la captación, selección, formación, preparación y empleabilidad del personal de las Fuerzas Armadas, pero incluye retos nuevos como la ciberseguridad. En concreto, el presupuesto del Ministerio de Defensa asciende a 8.453 millones de euros (lo que supone un alza del 10,7%) si bien, una vez descontados los créditos para financiar las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el aumento de sus créditos sería del 6,8% respecto a 2017, como consecuencia fundamentalmente del incremento en 340 millones de las dotaciones para atender compromisos de pago correspondientes a programas especiales de modernización, sin impacto en el déficit público de 2018.

La política de Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias experimentará este 2018 un incremento del 6,4%. El objetivo es «reforzar las necesidades operativas que permitan conseguir las cotas de seguridad necesarias, incluyendo un aumento en los gastos de personal asociado a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». El Gobierno indica que las actuales demandas de seguridad de la sociedad «justifican la puesta en marcha de medidas dirigidas a reforzar las necesidades operativas que permitan conseguir las cotas de seguridad que la sociedad precisa». En este contexto, la política de Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias cuenta en 2018 con una dotación presupuestaria de 8.418 millones de euros, lo que supone el citado incremento del 6,4% respecto a 2017. En valores absolutos, el alza es de 506 millones de euros.

El objetivo de la política industrial del Gobierno es aumentar el peso de la industria en la economía española. Entre las actuaciones previstas cabe descatar un programa de ayudas regionales a la localización industrial dotado con 60 millones de euros.

La dotación en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 para la política de Investigación, desarrollo e innovación civil crece un 5,4% con respecto a 2017, hasta los 6.366 millones de euros. En cuanto a la distribución de estos fondos por programas, destaca el de Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, que representa 46,8% del total. En concreto, su dotación para el año 2018 asciende a 2.980 millones, lo que supone una disminución del 12,2%, lo que, según el Gobierno, se explica por el traslado de las dotaciones que financian las actuaciones relacionadas con la Red Cervera al programa de Investigación y desarrollo tecnológico-industrial.

Las actuaciones de acción social se dotan este año con 2.372 millones de euros, un 3% más que en 2017. Por ejemplo, la financiación de los programas de dependencia asciende en el presupuesto a 1.401 millones de euros, un 3,4% más. Por otro lado, se incrementa un 24%, a 40 millones, las actuaciones previstas para la prevención de la violencia de género, y se destina un total de 346 millones a protección a la familia y atención a la pobreza infantil.

Los créditos totales asignados a la política de infraestructuras ascienden a 5.676 millones de euros, lo que supone un incremento del 4% respecto a 2017. Cabe destacar la inversión de 5.000 millones en los próximos cuatro años en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), con el que se actuará sobre más de 2.000 kilómetros de infraestructuras viarias. En materia de mejora de las redes de ferrocarril, tanto convencionales como de alta velocidad y otras, la inversión total alcanzará los 3.727 millones, mientras que las inversiones en las infraestructuras aéreas se llevarán 730 millones.

Las competencias sanitarias, como las educativas, están en su mayor parte transferidas a las comunidades autónomas, y por tanto también el grueso del gasto. La principal partida de gasto de la Administración central en este ámbito corresponde al convenio de asistencia sanitaria a los funcionarios a través de las mutualidades, que asciende a 2.249 millones, un 3,3%, después de que Hacienda accediese a incrementar la prima media a pagar a las compañías privadas.

Aunque un año más desciende la partida destinada al pago de las prestaciones por desempleo, por la continua mejora del mercado de trabajo y debido a que parte de los parados pierden el derecho a cualquier ayuda, al mismo tiempo se refuerzan las actuaciones de fomento del empleo, que en 2018 recibirán 217 millones más que el año pasado. Este aumento responde, principalmente, al incremento en las partidas destinadas a financiar bonificaciones a la contratación, formación profesional para el empleo y oportunidades de empleo. Por ejemplo, la partida destinada a bonificar la contratación por parte de las empresas se incrementa en 110 millones.

Las dotaciones para la política de pensiones en 2018 ascienden a 144.834 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,7% respecto a 2017. En el caso de las pensiones contributivas, el gasto aumenta un 3,5% teniendo en cuenta una revalorización con carácter general del 0,25%, el incremento del colectivo de pensionistas y la variación de la pensión media. Mientras, para las pensiones más bajas se ha consignado una subida superior al 0,25%. Entre estas destaca la subida del 3% para las pensiones mínimas, del 1,5% para las pensiones contributivas inferiores a 9.800 euros anuales y del 1% para las inferiores a 12.040 euros. En el caso de las pensiones de viudedad que no tengan otra fuente de ingresos distinta a la pensión, verán incrementada su cuantía como consecuencia de la elevación de dos puntos en el tipo aplicable a la base reguladora para el cálculo de esta pensión.

Entre las princiaples novedades en el ámbito de la Jusitica está la convocatoria para 2018 de 300 plazas para ingreso en la carrera judicial y fiscal; un incremento del 32,7%, a 49 millones, de la partida para sufragar el derecho de asistencia jurídica gratuita y el presupuesto para asistencia gratuita a víctimas de violencia de género para de 2 a 6 millones de euros. Además, la modernización tecnológica de la Justicia, con la creación por ejemplo de un nuevo Registro Civil público y electrónico, conllevará un inversión de 34 millones (+13,5%).

Dentro de la política de Educación destaca el aumento de 50 millones más para becas. En concreto, la dotación para becas y ayudas al estudio de carácter general asciende a 1.450 millones, 30 millones más (+2,1%), al tiempo que se destinan 20 millones a nuevas ayudas de excelencia. A pesar de este mayor desembolso, el presupuesto educativo mantiene su peso relativo en las Cuentas del Estado: el 0,7% del gasto presupuestado.

Los PGE de 2018 asignan 7.511 millones de euros para las políticas de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo que supone un incremento del 1,3% respecto a 2017, y de estos fondos gran parte procede de la Unión Europea. Dentro del proyecto de PGE por secciones, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) tiene una dotación de 1.789 millones de euros en 2018, lo que representa un incremento del 3,5 % en comparación con el ejercicio anterior. Las inversiones del Mapama disminuyen levemente, en un 1,2 %, hasta los 764 millones de euros, y tendrán como destino principal las infraestructuras hidráulicas.

El Gobierno destinará 31.547 millones de euros a pagar los intereses de la deuda del Estado, cuantía que representa una disminución del 1,9% respecto a lo presupuestado para 2017. De esta manera, el gasto en intereses de la deuda se reduce en 624 millones en comparación con 2017. Así, los 31.547 millones que se destinarán a esta partida suponen el 2,6% del PIB. El pago de los intereses de la deuda es una de las partidas que se considera «compromiso de carácter ineludible» del Presupuesto del Estado. Según el Gobierno, «al igual que en ejercicios previos, esta disminución es consecuencia de una continua mejora de la confianza en la calidad crediticia de España y de la existencia de unas condiciones financieras favorables, lo que permite el abaratamiento de los costes de financiación y el afianzamiento de la sostenibilidad financiera, derivando por tanto en una disminución en los gastos por intereses de la deuda pública».

El Gobierno destinará un total de 17.702 millones de euros al pago de prestaciones por desempleo este año, lo que representa un 3,4% menos en comparación con el presupuesto de 2017. Según figura en el libro amarillo de Presupuestos, de estos 17.702 millones de euros, un total de 17.411 millones se destinarán al pago de prestaciones y el resto a gasto de funcionamiento. En concreto, esto supone una disminución del conjunto de las prestaciones por desempleo por un importe total de 616 millones de euros. Además, el Ejecutivo subraya que los programas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) verán este año recortado su presupuesto en un 1,6%, hasta los 23.606 millones de euros, por «el buen comportamiento del mercado laboral y la evolución del empleo en estos últimos años».