El Supremo condena a los hermanos Ruiz-Mateos a dos años y medio de cárcel por estafa agravada

Cabe recordar que los seis hermanos fueron juzgados en mayo del pasado año por una presunta estafa en la compraventa de dos hoteles, el Beverly Playa en Mallorca y el Beverly Park en Gran Canaria. Dicha operación fue realizada en diciembre de 2008. Durante la fase de instrucción también había sido imputado en este proceso el patriarca de la familia, que fallecería en septiembre de 2015.

El Supremo ha considerado ahora en su fallo que los seis hermanos no cometieron el delito de alzamiento de bienes que se les había atribuido en la sentencia originaria de la Audiencia Provincial. Además, la Sala ha entendido que para el delito de estafa —que sí ha sido confirmado— no ha concurrido la agravante de haberse cometido con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador.

El Alto Tribunal no ha modificado el resto de pronunciamientos de la Audiencia Provincial, que también condenó a los seis acusados, en concepto de responsabilidad civil, a indemnizar conjunta y solidariamente a 16 afectados con una cantidad global que se situaba en torno a los 46 millones de euros. El fallo del Supremo también ha fijado el pago de una multa de 24.000 euros por parte de cada uno de los seis hermanos , así como la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, para el ejercicio de actividades mercantiles y para la administración de sociedades durante el tiempo de la condena.

Durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial en mayo de 2017, el abogado defensor de los hermanos, Juan Manuel García-Gallardo, pidió la libre absolución de sus clientes, al considerar que no habrían cometido ningún delito. El letrado atribuyó a la crisis económica el hecho de que finalmente no se hubieran podido hacer efectivos los pagos acordados. García-Gallardo negó, además, que hubiera podido haber algún tipo de engaño en la compraventa de los dos hoteles. Asimismo, reiteró que habría sido José María Ruiz-Mateos quien impulsó la citada operación, de la que por tanto no se podría responsabilizar penalmente a sus hijos.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción Juan Carrau solicitaba inicialmente siete años de cárcel para cada uno de los seis acusados. Carrau les atribuía los delitos de estafa agravada e insolvencia punible , en su condición de empleados de Nueva Rumasa. Según el Ministerio Público, los acusados habrían aparentado «una solvencia en realidad inexistente» para que los distintos accionistas del Beverly Playa y del Beverly Park les vendieran sus respectivas participaciones. En el caso concreto de la familia que presentó la querella inicial en esta causa, hace diez años acordó vender sus acciones a los Ruiz-Mateos por casi 11,7 millones de euros.

Como se ha señalado, fue en diciembre de 2008 cuando se formalizaron dos escrituras públicas de compraventa , una suscrita con dicha familia y otra rubricada con el resto de propietarios del Beverly Playa y del Beverly Park. El precio total acordado ascendió a 75,8 millones de euros, cifra resultante de sumar los 11,7 millones de euros ya citados y los 64,1 millones pactados con el resto de accionistas.