Sánchez cocina ya un alza del SMI que chocará con las empresas

La sucesora de Pablo Iglesias en el Ejecutivo ha logrado lo que pocos creían: convencer al presidente Sánchez de que hay que hacer llegar la recuperación a todos. Ya logró convencerle antes de que a los miembros de Podemos no se les tocaba en el cambio de Gobierno, aunque uno de sus ministros, Alberto Garzón , pusiera en pie de guerra días antes al sector ganadero al recomendar moderación en el consumo de carne.

El anuncio de que explorarán una nueva subida corrió a cargo de Nadia Calviño, vicepresidenta económica, lo cual ha vuelto a poner en pie de guerra a los empresarios, que ven cómo a duras penas el tejido empresarial retoma el vuelo pese al Covid y las restricciones. «Es precipitado y provocará daños en el empleo. Aún hay muchos autónomos y pequeñas empresas que no han visto el horizonte de la recuperación y subir el salario mínimo para algunas actividades sería contraproducente», asegura a ABC Lorenzo Amor , presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE .

A primeros de este mismo mes, Yolanda Díaz reclamó a Sánchez y al resto de miembros del Ejecutivo que tuvieran en este asunto «la misma valentía» que con los indultos a los presos independentistas. «La misma valentía que tuvimos en el Gobierno con el despliegue de los indultos toca ahora tenerla con la gente que lo está pasando mal. En 2023 no se nos va a juzgar por los indultos. Se nos va a juzgar por la gente que está sufriendo y ahí es donde tenemos que estar». La ministra volvía a desafiar con su exigencia, que hasta ahora no ha sido compartida por ningún miembro del Ejecutivo .

El presidente de los empresarios madrileños y vicepresidente de CEOE, Miguel Garrido , declaraba recientemente a ABC que el Gobierno debería «centrarse en intentar mantener los empleos que actualmente existen y no añadir más fuego a la hecatombe empresarial que vive el país». Remarcaba que «las fuertes subidas experimentadas en los últimos años han tenido un efecto muy perjudicial en el empleo de los más jóvenes y los trabajadores con menos formación». Lo cierto es que la evolución de esta retribución acumula una subida del 30% en apenas dos años, tras crecer un 22,3% en 2019 y un 5,5% en 2020, desde los 735 euros de diciembre de 2018 hasta los 950 euros actuales. Ahora, la idea inicial de Díaz es elevarlo hasta los 1.000 euros mensuales. Este fue el objetivo del Gobierno previo al Covid , pero la intensa negociación y el rechazo frontal de los empresarios hicieron que se recortara hasta los actuales 950 euros.

Cualquier subida de este indicador tiene impacto directo en la cotización de los sueldos más bajos, y en las bases mínimas de cotización, dado que están referenciadas. Son las que proporcionan mayor recaudación a la Seguridad Social y afectan de lleno a los autónomos, dado que la mayoría cotizan por este tramo más bajo. Una nueva vuelta de tuerca a este colectivo tendría unos efectos dramáticos, aseguran las fuentes consultadas por ABC.

Más allá de la controversia por el salario mínimo, el Consejo de Ministros de ayer vino cargado de anuncios. El más esperado era el del techo de gasto de cara a la preparación de los Presupuestos de 2022, y no defraudó. El Gobierno se había encargado de filtrar estos últimos días que volvería a haber récord histórico y así ha sido. El límite de gasto no financiero será de 196.142 millones, aunque ‘solo’ supone 45 millones más en interanual, anticipando unas cuentas expansionistas también el año que viene.

Prácticamente sin variación en el número total, nuevo máximo histórico, pero en el detalle están los cambios. La composición del gasto estatal será distinta ya que los estímulos y apoyos gubernamentales van decayendo poco a poco; este sería el caso de los ERTE y el cese de actividad de los autónomos, a medida que regresa la senda de actividad. No será tan necesario destinar fondos a los apoyos públicos, pero sí que se engordan otras partidas. Concretamente, las transferencias a la Seguridad Social.

El techo de gasto incluye una transferencia a la Seguridad Social de 18.396 millones, lo que supone un 32,1% más en interanual. Dinero para financiar el déficit del sistema en 2022, ya que como ha anunciado también la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero , el Estado asumirá este año que viene los gastos impropios de la Seguridad Social, dejando más o menos saneadas las cuentas del sistema con un déficit del 0,5% el ejercicio próximo... y en el año que, además, será el primero completo de teórica recepción de fondos europeos. Sobre los fondos UE, se espera recibir 26.355 millones que forman parte del techo de gasto, frente a los 27.436 de un año antes, una reducción que obedece a la considerable rebaja de lo que se recibe del fondo React-EU .

El otro plato fuerte del Consejo de Ministros estuvo en la aprobación de una nueva oferta de empleo público de 23.491 plazas para la Administración General del Estado , máximo histórico en un mismo decreto. Sumando las ya aprobadas hace meses en las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el montante para el conjunto de 2021 asciende a 30.445 puestos.

Montero destacó que se ha aprobado una tasa de reposición del 110%. «Hemos ido más allá de las personas que se jubilan», explicó la ministra de Hacienda, que ahondó en que el 12% del empleo público de este proceso irá destinado a puestos de transformación digital, frente a un 10% que se destinará a la modernización del sistema fiscal, un 8,4% para la reforma de la justicia y un 5% para el área sanitaria. «Hemos primado las plazas vinculadas a las ciencias, la ingeniería, las matemáticas... y que prevalezcan las vocaciones femeninas», comentó Montero.

La ministra socialista apuntó que el montante total de empleos 2021 supone un 8,5% más que el de 2020, aunque es inferior a las 33.793 plazas aprobadas en 2019, si bien es cierto que en esa ocasión se incluyeron procesos de estabilización.