Las regiones del PP anticipan un nuevo veto a la senda de déficit de Sánchez

Para sacar adelante su política presupuestaria, el Ejecutivo requiere por tanto el apoyo de Podemos y de los secesionistas catalanes, que en la votación de julio en la Cámara baja se abstuvieron e impidieron su aprobación. Esto, junto con el no de PP y Ciudadanos y solo el voto a favor del PNV , obligó al Gobierno, tal y como dicta la ley de Estabilidad Presupuestaria, a presentar en un mes una nueva senda fiscal, que el Ejecutivo no ha variado.

La propuesta del gabinete dirigido por María Jesús Montero sigue contemplando un déficit en 2019 del 1,8% del PIB, frente al 1,3% que preveía el Ejecutivo popular. Para 2020, la meta asciende al 1,1%, cinco décimas más de lo que planteó el PP, y para 2021 al 0,4%, en lugar del superávit del 0,1% inicial. El grueso del mayor margen de gasto que implica este relajamiento de los objetivos fiscales, que fue negociado con la Comisión Europea, se dejará en manos de las autonomías.

El Consejo de Política Fiscal, que por vacaciones de algunos consejeros regionales se celebró por primera vez de forma telemática y al que volvió a dar plantón el representante catalán , aprobó esa propuesta. Lo hizo con el apoyo del propio Ejecutivo; de las comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura), incluida la Comunidad Valenciana, que viró desde la abstención tras arrancar al Gobierno central 850 millones adicionales; y de Cantabria.

En contra votaron, en bloque, las siete regiones y ciudades autónomas gobernadas por el PP (Castilla y León, Ceuta, Galicia, La Rioja, Madrid, Melilla y Murcia), más Canarias. Esto hace pensar que, como ya sucedió en julio, los 134 diputados populares tumbarán esa senda en su próxima votación en el Congreso. Tras el CPFF y su valoración hoy por los ayuntamientos en la Comisión Nacional de Administración Local , el Consejo de Ministros la aprobará este viernes para llevarla después a la Cámara baja.

Los socialistas, con solo 84 diputados, buscan convencer a Podemos, ERC y PDeCAT, que pese a aupar a Sánchez a La Moncloa, en julio no apoyaron su propuesta de política presupuestaria. Podemos condiciona su voto a que el Ejecutivo eleve aún más los objetivos de déficit, derogue la ley de Estabilidad, suba el IRPF a las rentas de más de 60.000 euros, cree impuestos a la banca y el diésel, reforme Sociedades, limite las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones y suprima las sicav.

Montero, que ayer mismo celebró una reunión con representantes de Podemos, estudia ya las propuestas de este partido: El PSOE ya manifestó su disposición a gravar más a la banca, el diésel y fijar un mínimo del 15% en Sociedades, pero ha dejado claro que no retocará de nuevo el déficit ni derogará la citada ley, ni elevará el impuesto sobre la Renta. Hacienda desmientió también que vaya a suprimir las sicav.

El Gobierno de Sánchez trata de derivar la presión hacia Podemos, recordándole que no aprobar esa senda fiscal es oponerse a dar 2.500 millones de euros más a las autonomías en 2019 para gastar en sanidad, educación y servicios sociales. Ayer, la nota del prensa de Hacienda recalcaba esto, insistiendo en que « si estos objetivos son ratificados por las fuerzas políticas en el Congreso, la senda permitirá mejorar el Estado de Bienestar» .

El voto de Podemos no sería en todo caso suficiente y el PSOE, que sí cuenta con el apoyo del PNV, debe asegurarse además el de los independentistas catalanes. Y aún obteniendo todo ese respaldo, el PP podría acabar tumbando esos objetivos en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, pues la ley de Estabilidad exige la aprobación en ambas cámaras. Esto impediría a Sánchez sacar adelante sus Presupuestos y le impondría la prórroga de los del PP, evidenciaría su debilidad parlamentaria y podría forzar el adelanto electoral.