El PP presiona a Sánchez en el Congreso para reducir el número de ministerios y el gasto en altos cargos

Un informe del Consejo de Transparencia sobre el cumplimiento de sus resoluciones retrata las maniobras del Gobierno para intentar evitar la publicación del listado de cargos de confianza y sus retribuciones.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo Ignacio Gil

Bruno Pérez

«No se puede pedir sacrificios a todos los españoles excepto a las tres vicepresidentas, los 22 ministros y los miles de asesores contratados por el Gobierno». El Partido Popular ha recurrido a la ética del sacrificio a la que apeló el presidente del Gobierno el pasado marzo ... para advertir a los españoles de los efectos de la guerra en Ucrania sobre su bienestar para exigir al Ejecutivo que predique con el ejemplo y aligere la 'macroestructura' del Gobierno de coalición , «el más numeroso y caro de la historia»

El Grupo Popular ha registrado una proposición en el Congreso en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a realizar una remodelación del Gobierno para reducir el número de ministerios y recortar la factura de la estructura política del Ejecutivo a los niveles que había en 2018, antes del aterrizaje de Sánchez en La Moncloa. «No se trata de reducir el gasto social ni las partidas ya comprometidas (pensiones, sueldo de los funcionarios...) sino de reducir el gasto improductivo, superfluo o duplicado , sobre todo en un contexto en un contexto en el que la deuda pública ha escalado hasta un nivel récord», argumenta la proposición de los populares.

Como ha publicado este lunes ABC , el gasto de la estructura política del Gobierno se ha incrementado un 30% durante la era Sánchez , desde los poco más de 100 millones de euros en que se movió durante toda la era Rajoy hasta los 140 millones de euros en que cerró 2021, la cifra más alta de toda la historia reciente de España. El incremento ha sido particularmente significativo en el área de asesores y personal de confianza donde el gasto se ha incremento casi un 60% en apenas cuatro ejercicios.

Más control sobre el gasto

Tal y como avanzó Alberto Núñez Feijóo en su entrevista en ABC de este pasado domingo la propuesta de política económica de los populares no sólo pasa por bajar los impuestos , sino también por implantar un mayor control sobre el gasto público con el fin de limpiar el presupuesto de gastos improductivos. «El tema de los recortes es que la gente no se crea que ya llega el centro-derecha a recortar. Los recortes que hay que hacer son los burocráticos no los de los servicios al ciudadano».

La propuesta llevada por la nueva secretaria general del PP y portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, al Congreso, habla de «gastar menos y gastar mejor» en línea con lo planteado por los ejercicio de evaluación del gasto ya realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y también por algún estudio privado como el del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que asegura que las Administraciones Públicas españolas podrían garantizar el mismo estándar de servicios públicos que se prestan en la actualidad gastando unos 60.000 millones de euros menos .

Los regates del Gobierno a Transparencia

En pleno debate sobre el coste para el erario público de la macroestructura del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, el Consejo de Buen Gobierno y Transparencia acaba de divulgar un informe de cumplimiento de las resoluciones del organismo que retrata la resistencia del gabinete Sánchez a proporcionar información tanto sobre su nómina de asesores como sobre las retribuciones que perciben éstos.

Transparencia ha emitido en los últimos años, especialmente a instancias de portales orientados a remover los espacios de sombra de la Administración como Civio, más de media docena de resoluciones, obligando a diferentes ministerios como el de Derechos Sociales, el de Justicia, el de Hacienda o el de Exteriores a hacer pública su nómina de asesores, después de haber ignorado demandas ciudadanas para hacerlo.

La resistencia de los ministerios, que incluso han recurrido a la vía contencioso-administrativa para esquivar esa obligación, obligó al organismo a emitir en 2019 un criterio interpretativo para subrayar la obligación legal que tienen de hacer pública esa información en cumplimiento de la normativa de transparencia.

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