Podemos propone imponer una cuota estatal en Patrimonio que castiga a Madrid y Andalucía

«La determinación de la cuota líquida estatal se ajustará a las reglas siguientes: a) Se aplicará la normativa estatal vigente reguladora del Impuesto. En ningún caso serán de aplicación las normas aprobadas por las comunidades autónomas en ejercicio de la capacidad normativa reconocida en la ley de cesión tributos . b) El importe del mínimo exento, así como la escala de tipos de gravamen serán los que haya fijado la normativa estatal con carácter supletorio», señala el texto de la enmienda, al que ha tenido acceso ABC.

Esta remisión que realiza Podemos en su enmienda a la ley estatal se refiere a que para determinar la nueva cuota estatal se contará con un mínimo exento de 700.000 euros. A partir de esa cantidad sería, de aprobarse, cuando entraría en juego el gravamen propuesto. Dicho gravamen iría desde un 0,2% en el tramo más bajo de la escala de tipos hasta un 3,5% para aquellos que superen los 10.695.996,06 euros.

Asimismo, el documento señala que la cuota a ingresar estatal será el resultado de deducir de la cuota líquida estatal el importe de la cuota a ingresar autonómica. La competencia de gestión y titularidad de esta nueva creación correspondería al Estado, así como su liquidación, recaudación, inspección y revisión.

Esta es una vieja aspiración de Podemos , pero también de ERC , que ya presentó una propuesta similar en los Presupuestos de 2021 y que finalmente no salió adelante. En este sentido, es llamativo que Podemos ha elaborado enmiendas conjuntas con el PSOE, y también en solitario, siendo en estas últimas donde se ha incluido lo relativo a Patrimonio. Pese a todo, los socialistas han señalado en reiteradas ocasiones que su intención también pasa por armonizar Patrimonio para evitar que en unas comunidades exista el impuesto y en otras no, aunque no sería inminente sino que se esperaría al informe del grupo de expertos para la reforma fiscal. Un grupo de personas al que Hacienda encargó un documento de análisis sobre el conjunto del sistema fiscal español y que debe presentar sus conclusiones en febrero.

De aprobarse esta modificación, supondría un castigo para aquellos contribuyentes establecidos en comunidades con bonificación total o parcial. Estas, principalmente, son las gobernadas por el PP; en especial la Comunidad de Madrid , que en la práctica 'elimina' este impuesto, pero también Andalucía, Galicia, Murcia... todas ellas bajo el mismo signo político.

En las últimas horas, tanto Gabriel Rufián , portavoz de ERC en el Congreso, como el lendakari del País Vasco, Iñigo Urkullu (PNV), han situado de nuevo a la Comunidad de Madrid bajo el foco del independentismo y del nacionalismo. Rufián, durante el debate de totalidad de los Presupuestos, criticó la poca «ambición» fiscal de las cuentas y se refirió a la capital española como «un agujero negro» que ha dejado «páramos» en la España vacía. En la misma línea, Urkullu, en un encuentro de Nueva Economía Fórum, ha cargado este viernes contra el 'dumping fiscal' en el que, según él, incurre Madrid.