«Las pensiones están garantizadas, pero perderán capacidad de compra»

¿Es o no es sostenible el sistema de pensiones?

Las reformas de 2011 y de 2013 van a conseguir que a largo plazo haya cierto equilibrio presupuestario. El déficit del sistema va a ir creciendo, pero a partir de 2048, que es cuando las generaciones del «baby boom» empiezan a fallecer, es cuando el sistema retornará al equilibrio e incluso alcanzará un ligero superávit. Por tanto, es verdad que gracias a la reforma será sostenible a largo plazo, pero a costa de una adecuación: las pensiones en términos de capacidad adquisitiva se van a ver reducidas considerablemente. Un índice de esa falta de adecuación de las pensiones futuras lo mide la tasa de sustitución, que es la relación entre la pensión y el último salario. Esta cifra, que la publican los gobiernos de todos los países y la remiten a Bruselas, en el caso de España va a pasar del 80% actual al 60% en 2030 y al 48% en 2050.

¿Entonces las pensiones bajarán?

En términos nominales no; de hecho, si se mantienen las reformas aprobadas al menos crecerán un 0,25%. Pero en términos de capacidad adquisitiva claramente sí e van a reducir. Esto puede parecer triste y dramático, y lo es, pero hay que ponerlo en el contexto europeo: la tasa de sustitución en España está muy por encima de la media europea, que es del 42%, y cuando baje al 48% sguirá por encima de la comunitaria, que será del 40%. Si un español tiene un salario de 1.000, hoy día se jubila con una pensión de 800 euros, en 2030 recibirá 600 y en 2050 cobrará 480 euros. Pero es que hoy un ciudadano de la media europea está cobrando del sistema público 420 euros frente a los 800 de España. En otros países, para que la pensión cuando se jubile una persona no sea de 400 euros y pueda llegar a en torno el 60% de su salario, han promovido o establecido con carácter obligatorio o semiobligatorio sistemas de capitalización, de tal manera que cuando se jubile cobre dos pensiones, una del sistema público de reparto y otra del sistema de capitalización. Las pensiones públicas van a seguir pagándose, eso hay que dejarlo muy claro, pero lo que no está establecido es cuál va a ser la cuantía de esa pensión en el futuro. Las reformas han ido por el camino de disminuir el gasto en pensiones, y previsiblemente habrá alguna adicional en el futuro.

¿Le parece buena idea pasar a Presupuestos las pensiones de viudedad y orfandad?

Es algo que nosotros hemos propuesto. En términos de déficit público igual da que ese déficit esté en la Seguridad Social que en la Administración central. Lo que nosotros creemos es que ese traslado debe hacerse para las nuevas altas, para que no haya un impacto en términos presupuestarios, que es aproximadamente de 20.000 millones de euros al año, que es lo que cuesta la prestación. Lo que proponemos es que con ese dinero, que se absorbería de forma transitoria y periódica durante unos 10 años, se daría cierto alivio al sistema de Seguridad Social para que se pudiera abordar el modelo que proponemos, estilo al del Reino Unido, de afiliación no obligatoria. El sistema inglés obliga a las empresas a establecer un plan de pensiones a favor de sus trabajadores, y estos tienen la opción a renunciar, porque los empleados tienen también que poner un porcentaje de su remuneración.

Eso tendría un coste para las empresas.

Al financiarlo a corto plazo con ese excedende de la Seguridad Social, no tendría coste para las empresas.

¿Y la aportación del trabajador se restaría de su sueldo?

No, esa parte se financiaría con incrementos salariales. Del aumento salarial, una parte iría a nómina y otra a un plan de pensiones. No hay que tocar los salarios actuales, se financiaría con parte de los incrementos salariales futuros, de forma que no se distorsionen los sueldos actuales. La OCDE es muy partidaria de estos sistemas. Si es un sistema de obligatoriedad total, como en Suecia y Holanda, se beneficia el 100% de los trabajadores, pero si hay una fórmula intermedia como vía de tránsito, el británico se ha demostrado muy positivo: allí hay más de 500.000 empresas que están ofreciendo a sus trabajadores un plan y que antes de la reforma en 2012 no lo hacían; más de ocho millones de empleados han accedido por primera vez a un plan, y el dato más importante es que solo el 7% de los empleados ha renunciado a estar en el plan. En Reino Unido la empresa pone un 4% del salario, el trabajador un 3% y el Estado un 1%, y hace un total del 8%. Para lograr todo esto es necesario que haya concienciación por parte de los empleados. Y para eso tiene que haber información: es muy bonito poner esos planes a disposición de los trabajadores, pero si no se les dice por qué hay que hacerlo, las reformas no siempre tienen los niveles de aceptación que deben tener.

El Gobierno no ha cumplido con el compromiso fijado por ley de informar por carta a los ciudadanos de cuál será su pensión futura, pero ya admite en público que hay que ahorrar para la jubilación.

Las palabras no son suficientes. Hay una norma aprobada por el Parlamento en 2011 que obliga al Gobierno a informar por carta a los ciudadanos cuál es la pensión estimada que tendrán cuando se jubilen. Esa información estuvo apunto de salir adelante en 2014: ya contaba con el informe favorable del Consejo de Estado, pero finalmente no fue aprobada en Consejo de Ministros. Es bueno para el sistema que exista esa transparencia: lo que no puede ser es que haya titulares y noticias constantemente cuestionando que las pensiones no se van a recibir el día de mañana, o encuestas en las que las personas dicen creer que no van a cobrar nada al jubilarse. Eso es muy malo para el sistema, primero porque no es cierto y segundo porque pone en cuestionamiento una de las bases del sistema, que es la transferencia de rentas de los activos hacia los pasivos. Si lo activos dudan que van a cobrar una pensión, se pueden empezar a cuestionar por qué tienen que cotizar para los jubilados si ellos en el futuro no van a recibir esos ingresos. Es una medida buena para la transparencia, la educación financiera y que no se cuestione el sistema. Esperamos que esa información cualquier día pueda ser recibida en el domicilio.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ya lanzó un simulador web para calcular esa pensión futura.

Sí, pero esa herramienta genera una ilusión monetaria porque nos hace creer que en términos de poder adquisitivo vamos a tener más dinero. Los 1.500 euros de ahora no son los 1.500 euros del mañana. En cualquier proyección económica siempre se tiene en cuenta la inflación, es decir, se suma la rentabilidad y se resta la inflación, y en este simulador se suman los incrementos salariales de un 1% anual acumulativo, pero no se detrae con inflación. Lo que hay que hacer es introducir la inflación en esas hipótesis, y cuando salga un importe superior a la pensión máxima actual, debería sustituirse ese importe por esa pensión máxima. Además, mucha gente desconoce que existe ese simulador. Al igual que el Ministerio va a remitir a las empresas un historial de la cotización de sus trabajadores, en ese afán de transparencia también debería comunicar el resultado de esas aportaciones, es decir, comunicar que pensión vamos a tener. Y después que cada uno tome sus decisiones: habrá gente que la considere suficiente y no ahorrará, pero habrá otra a los que les despierte la conciencia del ahorro.

¿No cree que si mucha gente no ahorra es porque con los salarios actuales no tienen capacidad para ello? La tasa de ahorro ha bajado ya al 6,1% de la renta, el nivel casi más bajo de la historia y el más reducido de la UE.

Cuanto más salario, la propensión marginal al ahorro aumenta. El salario influye, sin duda, pero también las perspectivas sobre la economía están afectando a la tasa de ahorro: si nuestras expectativas sobre la economía y el empleo son buenas para los próximos años, tendemos a hacer menos ahorro precaución, y hoy en día hay cierta alegría.

¿No es preocupante que la gente vuelve a ahorrar a través de la vivienda ante la escasa rentabilidad de los depósitos? No parece que el ahorro financiero acabe de despegar...

Es que el mercado de la vivienda viene de unas tasas tan bajas que lo que está haciendo es recuperarse. Pero en términos de rentabilidad y liquidez la crisis ha demostrado que ese mito de que la vivienda es siempre rentable y se vende cuando quiere no es así, y eso ha ayudado a que la gente tenga en cuenta que no siempre es la inversión más rentable ni la más líquida. Y las pautas de comportamiento de la gente joven va cambiando: tanto por unos salarios más bajos como por una movilidad mayor, los jóvenes no se están atando a ese ahorro-inversión a 20 años en vivienda y prefieren el alquiler, y por eso este régimen está avanzando frente a la vivienda en propiedad. Tampoco creemos que sea un competidor para los planes de pensiones en particular, sí para el ahorro financiero en general, por supuesto. El tema de los planes de pensiones es más una cuestión de mentalización, información y educación. Es el sector público el que tiene que concienciar para que ahorremos, ahorremos a largo plazo y ahorremos a través de las empresas, que es la vía que usan todos los países de la OCDE para generar ahorro para la jubilación precisamente por la falta de capacidad de ahorro de la gente.

¿Entonces las medidas del Gobierno para hacer atractivos los planes de pensiones, reducir sus comisiones y facilitar su rescate, no son sufucientes?

Es innegable que esas medidas pueden incrementar el atractivo del producto, pero se puede perder cierta finalidad del instrumento de ahorro para la jubilación y, en todo caso, no son las únicas piezas que habría que haber tocado, si es que se tenían que haber tocado estas, para que en el día de mañana tengamos dos pensiones.

¿La fiscalidad de los planes también debe retocarse?

Las ventajas fiscales en un producto de ahorro a largo plazo y líquido para la jubilación es algo normal en todos los países de la OCDE, que incentivan este ahorro con un sistema de exención de las aportaciones y de los rendimientos durante la vida laboral del fondo de pensiones, y se tributa en el momento de salida. Es una regla general en los países de la OCDE. Y en términos de tributación de la prestación, en España ha habido muchas reformas desde 2006, pero todas negativas. Ahora que se ha tocado el producto por el lado de los gestores reduciendo las comisiones y del financiero con el rescate a los 10 años, habría que completarlo con una reforma fiscal especialmente en las prestaciones, separando lo que son las aportaciones de los rendimientos que han generado esas aportaciones y que a largo plazo, 25 o 30 años, pueden representar entre el 30% y el 40% de la cuantía final. Los rendimientos deberían tributar al tipo mínimo de la base del ahorro, que ahora es del 19%, y el resto, que fue objeto de reducción en el marginal de renta, debería seguir tributando en el marginal de renta. Eso le daría un atractivo mayor.