El parón político frustra medidas urgentes para la economía española

Junto a ello, la imposibilidad de que un Ejecutivo en funciones pueda aprobar proyectos de ley provoca que la creación de la «tasa Google» a los servicios digitales, de la «tasa Tobin» a las transacciones financieras, y la subida fiscal al diésel tampoco terminen de entrar en vigor. Julio parece ser el mes en el que se acabará formando Gobierno, aunque la duda es si será recién empezado el verano o al borde de agosto. La economía aguarda.

La actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas, que incluía el fallido proyecto de Presupuestos de 2019, continúa a la espera seis meses después. Las cuentas normalmente reparten los recursos de la recaudación tributaria entre las comunidades en base a la previsión de ingresos, pero como este año las cuentas están prorrogadas, las regiones siguen con los recursos del año pasado sin disfrutar del aumento recaudatorio . La diferencia es de 6.500 millones de euros. Si bien el ministerio que dirigía Cristóbal Montoro ya amagó hace un año con aprobar por decreto los nuevos recursos a las regiones ante la falta de apoyos para las cuentas, el departamento de María Jesús Montero se ha encontrado con que jurídicamente no puede hacerlo por decreto-ley, ya que hay dudas desde la Abogacía delEstado.

Hacienda trató incluso de aprobar las entregas a cuenta en dos tiempos: primero, con las entregas «per se» y, luego, los 2.500 millones restantes de la recaudación de IVA por el mes que faltaba por repartir debido a la implementación en 2017 del Sistema de Información Inmediata (SII), que quitaba un mes de ingresos a las regiones. En 1996 ya se aprobó por decreto-ley, pero aún así las dudas jurídicas persisten , por lo que debe aprobarlo como proyecto de ley. «Lo importante es que haya una normalidad en el Gobierno, que esté a pleno rendimiento para poder tramitar propuestas normativas que puedan superar a esta situación», señaló la propia Montero hace unos días, condicionando así la aprobación de las entregas a que se forme el Ejecutivo.

La plana mayor de las comunidades está interesadas en estos recursos, ya que todas han diseñado sus presupuestos contando con estos ingresos, por lo que si finalmente no entran en vigor este año, se quedarían sin estos recursos hasta 2021, ya que el sistema de financiación reparte los ingresos previstos y liquida a dos años vista. María Jesús Montero, en su etapa como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, vio cómo le ocurría esto al otro lado en dos prórrogas con Montoro: en 2017 y en 2018.

La parálisis política no solo afecta al Estado, sino que también salpica a las comunidades autónomas, embarcadas en la tarea de formar sus propios gobiernos. Hasta entonces no habrá consejeros de Hacienda regionales en doce de las comunidades, lo que supone un obstáculo para la convocatoria del Consejo de Política Fiscal para aprobar la liquidación de 2017 y comunicar las entregas a cuenta posteriores además de someter a votación los nuevos objetivos de déficit. Desde agosto de 2018 no se reúne este órgano.

El siguiente capítulo que permanece en barbecho es el que pondrá inicio a la tramitación de los Presupuestos. Para empezar, el Ejecutivo no puede aprobar el primer paso para las cuentas, los nuevos objetivos de déficit, que para este año será del 2% del PIB –frente al 1,3% previo–, como reflejó en el Programa de Estabilidad. Antes de ello debe reunir a las comunidades autónomas y corporaciones locales para aprobar las metas por administraciones. La Ley de Estabilidad recoge que el Gobierno debe aprobar el techo de gasto y la senda de déficit previo acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas antes de que acabe junio. Sin embargo, tanto la formación del Ejecutivo central como el de las regiones tras los comicios pueden retrasar este trámite más allá de cuando establece la norma. Pero tanto, la aprobación del límite de gasto no financiero como el de las metas de estabilidad requiere que el Ejecutivo no esté en funciones.

Mientras que la subida al IRPF y Sociedades que planeaba el Gobierno se iba a incluir en los Presupuestos y Hacienda rechazaba aprobarlos aparte, el incremento al diésel sí podía ir en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en caso de no haber cuentas. Sin embargo, volvemos a la casilla de inicio: sin tener un Gobierno en funciones no se puede aprobar un proyecto de ley. La propia Montero insinuó que para este año no entraría. El retraso en de los impuestos puede suponer un estímulo para la actividad pero retrasará aún más la reducción del déficit. Si bien el Gobierno contempla que entren en 2020, de la mano de los Presupuestos, estos ya tienen un calendario acelerado para que se apliquen desde el principio del año que viene. Solo la subida al diésel supone, según indicó el Gobierno en el Programa de Estabilidad, 670 millones de euros. Más allá de esto, el Ejecutivo había ajustado 3.000 millones en gastos e inversiones, pero no le queda más margen con las cuentas prorrogadas.

Otras dos fuentes de ingresos que buscaba el Gobierno pel igran : la creación de la «tasa Google» a los servicios digitales, y de la «tasa Tobin» a las transacciones financieras. Con el primero, según el Ejecutivo, ingresaría 1.200 millones, mientras que con el segundo asciende a 850. Al ser impuestos de nueva creación no pueden aprobarse mediante decreto, sino con proyecto de ley. En el caso del impuesto a los servicios digitales, si bien la OCDE quiere aprobarlo de forma multilateral antes de acabar 2020, el Gobierno quiere aprobarlo cuanto antes, de forma que posteriormente adaptaría su gravamen.

Más allá de la urgencia del día a día, dos reformas están en la recámara y aguardan a que se constituyan negociadores . Una de ellas es la de las pensiones, a través de la conformación de un nuevo Pacto de Toledo que negocie cómo debe ser el modelo futuro. Porque la mayor parte del déficit público es el de la Seguridad Social que, pese al aumento del 11% de los ingresos por cotizaciones, sigue sin equilibrar su situación por el alza estructural del gasto en pensiones.La reforma de la financiación autonómica también espera que las doce regiones que tuvieron elecciones a finales de mayo constituyan gobiernos para así ponerse manos a la obra en la financación territorial, pendiente para reformarse desde 2014 y que, por la crisis y el «procés», finalmente sigue en barbecho.