Un nuevo mazazo para las empleadas del hogar y el campo

El alza primero, y el Covid después, han hecho estragos entre las trabajadoras del hogar que cotizan a la Seguridad Social, que hoy siguen en su nivel más bajo desde 2012. Este año estas trabajadoras pasaron a formar parte del régimen de asalariados del sistema; antes contaban con un régimen propio, similar al de los autónomos. Para hacer frente al alza del SMI hasta 950 euros, en 2020 algunas familias, que o bien no pudieron o no quisieron asumir el incremento, optaron, en el mejor de los casos, por modificar el contrato y recortaron la jornada laboral de la empleada para pagar lo mismo. En el peor de los escenarios, despidieron . Este último es el camino elegido por otras tantas familias durante la pandemia por el miedo al contagio. Pensar en una nueva subida es un quebradero de cabeza para muchas familias y para pensionistas que tienen contratadas a cuidadoras.

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, este régimen contaba en agosto con 386.489 afiliadas , la cifra más baja desde 2012. Algunas fuentes apuntan la posibilidad de que algunas de las empleadas hayan pasado al lado de la economía sumergida. Una teoría que puede cobrar fuerza si se analizan los datos que del colectivo ofrece la EPA. Según la estadística, en el sector de servicios del hogar hay más de medio millón de ocupadas, frente a las que refleja la Seguridad Social. «Una nueva subida va a ser imposible de asumir en algunos casos, entre pensionistas por ejemplo, y puede llegar a provocar que trabajadores en alta pasen a la economía sumergida», aseguran las fuentes consultadas por ABC.

Muchas de estas trabajadoras, además, sufrieron el caos y los retrasos o impagos del SEPE en el pago de subsidios, uno de ellos aprobado por el Gobierno para este colectivo en la pandemia. Algunas ocupadas se vieron en la calle y sin ninguna red de seguridad. El departamento que dirige Yolanda Díaz es muy consciente de la precariedad que sufren y por ello la Inspección ha volcado parte de sus objetivos en regularizar los salarios y cotizaciones de estas empleadas cuya remuneración esté por debajo del salario mínimo interprofesional. La Inspección envió cartas a los empleadores en las que informaba de la obligación de regularizar y actualizar las condiciones salariales y de cotización. Además, los funcionarios han comenzado a perseguir la economía irregular en este ámbito, sobre todo a partir de las denuncias presentadas y de las comunicaciones enviadas al buzón de la Inspección.

Y si hay otro colectivo que se verá afectado por el alza del salario mínimo ese es el de los trabajadores del campo, y lo hará en un momento en el que el empleo en el sector no atraviesa por su mejor momento. El alza de hasta 19 euros llegará tras una caída del empleo de casi 4.600 puestos de trabajo en un año y de 15.406 en el mes de agosto, según los últimos datos de la Seguridad Social. Fuentes del sector relatan a este diario que los nuevos incrementos planteados van a perjudicar mucho más al campo, especialmente a los cultivos permanentes como el olivar o los de frutos y hortalizas que generan miles de puestos de trabajo. Explican que esta situación lo que puede provocar es un abandono de los cultivos o un cambio hacia cultivos que requieren menos mano de obra, aunque en este caso con menos rentabilidad o negativa.

La situación por la que atraviesa el sector agrario es frágil, golpeado en algunos casos por los bajos precios que reciben por sus productos. Con la rentabilidad al límite en muchas explotaciones, las dos últimas subidas del salario mínimo impulsadas por Pedro Sánchez en 2019 y 2020 fueron la gota que colmó el vaso. Y un nuevo mazazo está ya a las puertas.

Para conocer el impacto que las nuevas alzas previstas por el Gobierno tendrán en el empleo habrá que esperar, pero lo que ya está cuantificado es cuáles fueron los efectos de la subida del 22% aplicada en 2019. El Banco de España realizó un estudio en el que calcula que el incremento, aprobado sin acuerdo con los agentes sociales, pudo costar a la economía española entre 83.000 y 180.000 puestos de trabajo. La entidad que dirige Pablo Hernández de Cos destacaba en su estudio cómo se vio afectado negativamente el empleo de los jóvenes y el trabajo de los mayores de 45 años que tienen como referencia el salario mínimo. Y todo en un momento en el que la economía destruye empleo.