El régimen de empleadas de hogar se hunde y pierde 21.000 afiliados

Para encarar el alza del SMI hasta 950 euros, en 2020 algunas familias, que o bien no pudieron o no quisieron asumir el incremento, optaron, en el mejor de los casos, por modificar el contrato y recortaron la jornada laboral de la empleada para pagar lo mismo. En el peor de los escenarios, despidieron. Este último es el camino elegido por otras tantas familias durante la pandemia por el miedo al contagio.

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social este régimen contaba a finales de diciembre pasado con 381.170 ocupados, lo que supone 21.365 menos que un año antes y la cifra más baja desde la anterior crisis, desde 2012. Los datos de la Seguridad Social reflejan que el número medio de empleadas del hogar cotizando en octubre fue un 5,3% inferior al del mismo mes de hace un año. Porcentaje que contrasta con el descenso del 3,1% sufrido por el número de afiliados al régimen general en 2020.

Algunas fuentes apuntan la posibilidad de que algunas de las empleadas hayan pasado al lado de la economía sumergida. Una teoría que puede cobrar fuerza si se analizan los datos que del colectivo ofrece la EPA. Según la estadística, en el sector de servicios del hogar hay más de medio millón de ocupadas, frente a los 381.200 que refleja la Seguridad Social.

Muchas de estas trabajadoras, además, también han sufrido el caos y los retrasos o impagos del SEPE en el pago de subsidios, uno de ellos aprobados por el Gobierno para este colectivo en la pandemia. Algunas ocupadas se han visto en la calle y sin ninguna red de seguridad.

El departamento que dirige Yolanda Díaz es muy consciente de la precariedad que sufren y por ello la Inspección de Trabajo volcará parte de sus objetivos en regularizar los salarios y cotizaciones de estas empleadas cuya remuneración esté por debajo del salario mínimo. La Inspección ha empezado a enviar cartas a los empleadores en las que informa de la obligación de regularizar y actualizar las condiciones salariales y de cotización. Además, los funcionarios perseguirán la «economía irregular» en este ámbito, en especial a partir de las denuncias presentadas y de las comunicaciones enviadas al buzón de la Inspección.

Estas acciones de la Inspección se unen a la ofensiva que realizará sobre las empresas en busca de abusos laborales , tal y como avanzó ABC. Así los inspectores se volcarán en controlar los sueldos que se pagan por debajo de las cuantías mínimas fijadas por ley, las jornadas excesivas y los contratos temporales fraudulentos y de corta duración, que son los principales factores de precariedad laboral, dicen.