La morosidad profundiza la crisis de las pymes y los autónomos españoles

El plazo medio de pago en el que las compañías españolas hicieron efectivas sus facturas en el primer trimestre del año se incrementó hasta los 94,13 días , según el Estudio sobre Comportamiento de Pago de las Empresas Españolas publicado por Informa D&B, cuando el plazo máximo legal está en 60 días (y 30 días en el caso de las Administraciones Públicas). Esto supone un incremento de tres días en tan solo año, así como volver a los niveles de demora de 2015, según el mismo documento.

Por otro lado, el estudio también deja entrever que la impuntualidad de las empresas para pagar en los plazos acordados es la norma, y tan solo cuatro de cada diez facturas se pagaron en el tiempo pactado. Otro de los factores por los que se calcula un alcance de 1.900 millones de costes directos para el tejido empresarial español.

«La crisis está desgastando gravemente la situación financiera de las empresas. Llevan demasiados meses soportando caída de ingresos debido a la falta de actividad y a las restricciones. La morosidad es una causa de esta situación y también una consecuencia. Coarta aún más los ingresos de las empresas, sobre todo pymes, que son las que más la sufren», explican desde la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme , a este periódico.

Las que más días se retrasan son las grandes entidades, con tan solo un 12,5% de firmas que pagaron en los tiempos consensuados. Por su parte, apenas el 27% de las medianas empresas cumplen los plazos. En el caso de las pequeñas, el porcentaje se eleva al 42%, mientras que una de cada dos microempresas se excede en el tiempo convenido.

Por sectores es la hostelería, uno de las que más ha sufrido las restricciones por el Covid-19 de las comunidades autónomas, el que más incrementa su retraso en los pagos al colocarse en el primer trimestre en los 34 días de demora sobre el plazo legal (60 días), catorce días más que hace un año. Pero el resto no se queda atrás. La gran mayoría de sectores incrementan el retraso respecto al trimestre anterior, aunque ningún otro supera los 30 días. A destacar, el sector público, el segundo que más tardó con 29,10 días de demora.

Pero siguen siendo las grandes empresas las que más dinero deben. De hecho, el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y de Pimec , Antoni Cañete, denunció hace unas semanas en la Comisión de Industria del Congreso el impago de 56.000 millones de euros en el plazo que marca la legislación por parte de estas compañías. Especialmente duro se mostró con las empresas del Ibex 35, a las que acusó de haber incrementado sus plazos de pago «a pesar de haber aumentado su liquidez entre un 25 y un 40%, a costa de financiarse de la liquidez que deben a los proveedores».

Los otros grandes morosos son las Administraciones Públicas, que acumulan ya en su pasivo más de 83.000 millones de euros , acercándose así a niveles de la crisis del ladrillo, como ya adelantó este periódico.

Para combatirlo, los agentes sociales siguen pidiendo reformas estructurales para acabar con la morosidad, en particular los trabajadores por cuenta propia, a los que según las estimaciones de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ya afecta a más de un millón. «Además de la falta de actividad, los servicios que se prestan se tardan en cobrar, y los retrasos ahondan más la herida», señala su presidente, Lorenzo Amor.

En este sentido, la PMcM sigue pidiendo el establecimiento de un régimen sancionador que penalice a aquellas empresas que incumplen la ley de morosidad. Desde la organización también dicen que pedirán a Bruselas que exija a los beneficiarios de los fondos europeos el cumplimiento de la legislación vigente en materia de plazos de pago.