Juristas y propietarios contra las expropiaciones de Baleares: «No queremos más conflictos en los tribunales»

A esta misma conclusión llegó el Tribunal Constitucional (TC) al anular parte del decreto ley de la Generalitat de Cataluña que obligaba a grandes propietarios a ofrecer un contrato social alternativo a los inquilinos morosos con pocos recursos, incluso si estos habían ocupado la vivienda de forma ilegal.

Al igual que en este caso, se espera que los afectados en Baleares recurran en los tribunales la resolución del Govern una vez publicada en el boletín oficial. Por lo que de la misma forma podría acabar en saco roto o con el procedimiento alargándose en el tiempo.

Para que salga adelante, el Ejecutivo de Armengol , entre otros hechos, tendría que demostrar ante la justicia que no dispone del ‘stock’ suficiente de vivienda pública como para tener que acudir a este tipo de prácticas sobre los propietarios, según Goenaga .

«El Gobierno balear tiene que fundamentar mucho la razón de utilidad pública de estas viviendas para que un tribunal les de la razón. Lo más lógico sería que el TC se opusiera a dicha expropiación, porque entiendan que el derecho a la propiedad privada de los titulares tiene que ser prioritario a estas medidas» relata a ABC, la socia directora de Le Morne Brabant en Madrid Alegría Cuevas .

«De ser así, la norma no cumplirá su objetivo de ofrecer de manera inmediata una alternativa social de vivienda», abunda Cuevas.

Por su parte Goenaga también señala el efecto dominó que puede avivar esta medida en el resto de comunidades. Especialmente en Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra o Canarias, todas ellas con regulaciones particulares sobre materia de vivienda.

Desde la parcela inmobiliaria, también mandaron un recado al Ejecutivo de Armengol: «Recordamos que el Gobierno de las Islas Baleares prometió adquirir suelo para vivienda social. En ningún caso la medida pasaba por la expropiación» aseveraron desde la Asociación Balear de Servicios Inmobiliario (ABSI).

En suma, los portavoces ABSI tildaron la medida de «muy arriesgada», además de entender que aumentará la desconfianza y que repercutirá muy negativamente en la esperada recuperación económica. Además consideran que esta medida reducirá el interés inversor de capital extranjero en la comunidad balear, del que es muy dependiente la región.

Los que también denuncian esta medida son los propietarios, por la inseguridad jurídica que plantean no solo en el archipiélago balear, sino también en el resto de España . «Esta expropiación es contraria a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar un mercado de alquiler profesional en España, homologable al de otros países europeos. Además, vulnera la confianza que reclaman los inversores para hacer crecer la oferta de vivienda en alquiler y erosiona la imagen de nuestro país como destino de inversión», explicaron ayer en un comunicado, la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval) .

La patronal de los grandes propietarios pide medidas consensuadas con los operadores, «y no normas que generen más inseguridad y conflictos en los tribunales ».