Las jubilaciones anticipadas se disparan un 29% por miedo al hachazo de Escrivá

Los datos que maneja el departamento que dirige José Luis Escrivá sitúan en más de 60.000 el número de bajas voluntarias anticipadas acumuladas en solo los dos primeros meses del ejercicio, un récord. La explosión de estas bajas se produjo en enero, cuando se dispararon hasta en un 45,75%, porcentaje que en febrero cayó hasta rozar el 9%. En total, en los dos meses se produjeron 17.534 jubilaciones más que un año antes, lo que de media supone un 29% más.

El inminente castigo que quiere poner en marcha el ministro para las jubilaciones anticipadas ha encendido las alarmas entre los trabajadores. Al miedo de tener que dejar el trabajo por la crisis se ha unido el temor a recibir un correctivo mayor al actual en la pensión, circunstancia que ha llevado a Escrivá a preparar un régimen transitorio, probablemente de tres años , para poner en marcha los nuevos coeficientes penalizadores, tal y como avanzó ABC.

En estos momentos, más de una veintena de grandes empresas tienen en marcha planes de extinción forzados por la pandemia, que ha provocado un zarpazo sin precedentes en sus balances. Ya van camino de 20.000 los trabajadores que podrían verse afectados por un ERE y muchos de ellos cercanos a la edad de jubilación.

Entre finales de 2020 y el arranque de este año, compañías de todos los sectores, de la banca o la industria, las aerolíneas, pasando por los servicios, el turismo o la restauración han diseñado estrategias para adelgazar sus plantillas. Algunos de los despidos que se planearon a principios de ejercicio comienzan a desarrollarse ahora ; otros, ya se han cerrado.

El goteo de los temidos ERE no cesa, en un momento en el que la economía está sumida en una recesión sin precedentes. Unas veces la fórmula es el despido colectivo, pero en la mayoría de los casos la extinción se disfraza de fórmulas amables más beneficiosas para los trabajadores, especialmente los mayores de 50 años, los primeros de la lista para salir por la puerta siempre que toca ajuste. El Corte Inglés, Banco Santander, Naturgy, Coca-Cola, NH, Iberostar, H&M... las principales firmas ya tienen en marcha o proyectan negociaciones para adelgazar sus plantillas.

En la actualidad, la edad de retiro voluntario está fijada en 64 años y para acceder a esta modalidad son necesarios al menos 35 años de cotización, y por cada trimestre de adelanto respecto a la edad oficial de jubilación (66 años) la pensión sufre una penalización progresiva que va desde el 2% de la base reguladora por trimestre , si se han cotizado menos de 38,5 años, hasta el 1,625% si se superan los 44,5 años cotizados. En el caso de jubilación forzosa (por despido) puede realizarse hasta cuatro años antes de la edad legal de retiro, con lo que se sitúa en 62 años este ejercicio. Son necesarios 33 años de cotización como mínimo y la penalización va desde el 1,875% por trimestre adelantado para menos de 38,5 años cotizados, hasta el 1,5% para más de 44,5 años cotizados. El planteamiento de la Seguridad Social es que los coeficientes reductores que se aplican se calculen por meses de adelanto sobre la edad legal de retiro y no por trimestres, como ahora, lo que se traducirá en que habrá pensiones más bajas para quienes se acojan a esta modalidad. Una forma de desincentivarlas.

El futuro maltrato a las prejubilaciones es uno de los aspectos que el Gobierno quiere sacar adelante con más premura en la mesa de negociación abierta con los agentes sociales para reformar las pensiones. Pero las posiciones no están, ni mucho menos, cercanas al acuerdo. Sindicatos y empresarios no comparten los métodos de Escrivá, reclaman una reforma global, y aseguran que no habrá avances a corto plazo.

Además del malestar en el diálogo social, también hay inquietud en el Pacto de Toledo por la deriva del ministro con la reforma. Escrivá acudirá hoy mismo a la comisión permanente del Congreso para explicar sus planes y se espera que sus señorías le reclamen que las medidas propuestas pasen antes por este foro. De hecho, la comparecencia del ministro se produce tras el reclamo por unanimidad de los distintos grupos ante diversas medidas propuestas por el ministro que, en ocasiones, se han alejado de las recomendaciones que se pactaron. Mal precedente sentó el nuevo complemento para reducir la brecha salarial, que se llevó al Pleno (donde fue aprobado por la mínima) sin pasar antes por la comisión.

Por lo pronto, Escrivá ha planteado un calendario que establece tres bloques de medidas a aprobar en distintos tiempos. La primera, que se busca esté lista cuando antes, incluiría las cuestiones menos espinosas, como el índice de revalorización de las pensiones en torno al IPC, las propias prejubilaciones y el calendario para que el Estado asuma definitivamente la totalidad de los llamados gastos impropios del sistema.

En una segunda ronda, que debería concluir en verano, Escrivá habría planteado el cambio en la cotización de los autónomos . Y para final de año, entre las medidas a poner en marcha se encuentran dos de las decisiones que más ingresos y ahorros supondrán para las dañadas cuentas de la Seguridad Social: un aumento de los impuestos al empleo y la ampliación de los años que se tienen en cuenta para calcular las pensiones. Con estas fechas sobre la mesa se busca dar salida primero a las cuestiones en las que hay más posibilidades de un encuentro rápido y dejar para final de año las más espinosas. La estrategia está también pensada mirando a Bruselas, que ha reclamado acuerdos transversales para una negociación clave como es la del sistema de pensiones.