Así intervendrá el Gobierno el mercado del alquiler

¿Cómo intervendrá el mercado del alquiler el Gobierno ? Ambas formaciones han decidido habilitar mecanismos para controlar los precios en la ley de vivienda que está preparando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Tanto de los contratos nuevos como de los ya firmados. La decisión hace saltar por los aires los puentes que había tendido el departamento dirigido por José Luis Ábalos con el sector inmobiliario, al que había ofrecido participar en la elaboración de la mencionada norma, que se encuentra en estos momentos abierta a consulta pública.

Tal y como adelantó ABC, asociaciones de propietarios como Asval tenían presentado presentar propuestas para la elaboración de esta ley. Unas ideas que, tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos, serán ignoradas por el Ejecutivo. «Se van a conformar diferentes grupos de trabajo para propiciar un debate que permita la elaboración del texto legislativo que, en cualquier caso, desarrollará y respetará el acuerdo de coalición », reza el acuerdo alcanzado entre ambos partidos.

Como muestra de este compromiso, el Gobierno ha accedido a que la nueva norma sea supervisada por la vicepresidencia de derechos sociales, comandada por Pablo Iglesias. Queda fuera de la ecuación la vicepresidencia económica, liderada por Nadia Calviño . Una ministra que se ha opuesto públicamente a imponer límites a los precios del alquiler.

Así, el Gobierno asegura que la norma recogerá los siguientes contenidos:

-Habilitar a las comunidades a aprobar índices sobre el precio del alquiler basándose en índice desarrollado por el Ministerio de Transportes. Un ranking que recoge, por el momento, datos del mercado de 2018.

-Convalidar los índices ya vigentes en determinadas comunidades.

-Las administraciones locales y autonómicas podrán declarar zonas tensionadas «cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler ». En estas zonas se establecerán mecanismos de contención de los precios (es decir, que no se pueda cobrar más de un determinado precio por un alquiler) que se aplicarán, según el acuerdo presupuestario, tanto a los nuevos contratos como a los contratos existentes.

Es decir, los límites de precios podrían abrir la puerta a la modificación de miles de contratos ya firmados entre propietarios e inquilinos. Las medidas se aplicarán en rentas que hayan sufrido «subidas injustificadas». ¿Qué es una subida injustificada ? Según el Ejecutivo, los incrementos se acotarán «a los permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda».

El Ejecutivo asegura que con esta ley se mejorará la transparencia y la información en las ofertas de vivienda y en los propios contratos de arrendamiento. El sector inmobiliario opina todo lo contrario.

Este martes, distintos agentes han criticado la decisión del Gobierno. «La intervención de los precios del alquiler a nivel nacional va a traer consigo daños irreparables para el mercado, pues tal y como hemos comprobado con la experiencia en Cataluña, esta irá ligada estrechamente con una fuerte retracción de la oferta y por tanto provocará la subida de los precios y un grave aumento de la economía sumergida», ha opinado el CEO de Alquiler Seguro, Antonio Carroza.

«Esta medida puede hacer que a la larga muchos propietarios decidan poner sus viviendas en régimen de venta y no de alquiler si la regulación de precios es muy restrictiva», ha considerado por su parte Anaïs López, portavoz de Fotocasa.

«Limitar las rentas no es la solución, hay que aumentar la oferta y ayudar a la demanda. La diferencia entre la capacidad de pago de las familias y la evolución de las rentas hace necesaria la actuación de las administraciones públicas», ha explicado por su parte el director de estudios de Pisos.com, Ferran Font.

Mientras, la directora general de Asval, Beatriz Toribio, ha destacado que la normativa «no soluciona el problema estructural que sufre el sector en España: la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible. Además, supone un golpe a la seguridad jurídica de los operadores del mercado, la amplia mayoría de ellos familias, que afectará a las inversiones futuras en el parque de vivienda.