Iglesias arranca a Sánchez un vuelco a la reforma laboral y más impuestos a rentas altas y empresas

La lectura política del acuerdo es que la ministra de Economía y futura vicepresidenta Nadia Calviño, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se erigen como pesos pesados del PSOE en el lado económico del futuro Gobierno. Desde el punto de vista fiscal Podemos no ha logrado novedad alguna frente a lo que se firmó en octubre de 2018 y Montero ha evitado que la subida fiscal a las rentas altas sea más amplia, como quería la formación morada. Y Calviño ha sorteado que haya referencia alguna a la banca pública que buscaba Podemos ni promesas más contundentes para regular el mercado del alquiler o subir el salario mínimo de forma unilateral.

El Ministerio de Trabajo, en cambio, aparece como la gran concesión económica para Podemos, dejando muy debilitada a Magdalena Valerio de cara a un futuro Ejecutivo, con puntos que no aparecían en el anterior pacto presupuestario como acabar con el despido objetivo por absentismo en el puesto, además de la ultractividad de los convenios colectivos y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. Y este ámbito es la gran preocupación de la clase empresarial, por cuanto amenaza con introducir de nuevo rigideces en el mercado del trabajo y elevar los costes laborales.

El gran caudal de novedades económicas proviene del campo laboral. El pacto promete derogar el despido por absentismo causado por bajas de enfermedad, tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avalaba despedir a un trabajador por ausencias justificadas aunque sean intermitentes. No es la única novedad. El acuerdo también garantiza la ultraactividad del convenio colectivo, es decir, que continúe incluso cuando finalice su vigencia hasta negociar uno nuevo. En este sentido, el futuro Gobierno anuncia que acabará con uno de los baluartes de la reforma laboral: la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial. Además, limitará la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad de la empresa. El acuerdo endurecerá la capacidad de la empresa de modificar de manera unilateral las condiciones del contrato del trabajador y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos. Y promete potenciar los fijos discontinuo y simplificar el número de contratos.

El PSOE logra someter la cuantía del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a la Mesa de Diálogo Social, con sindicatos y patronal. Después de que el Banco de España pidiera evaluar la subida de 2019 antes de aprobar la de 2020, se creará una comisión de académicos y representantes de los sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del mismo. El acuerdo no habla de cuantías ni de plazos: solo promete alcanzar el 60% del salario medio en 2023, en lo que serían unos 1.200 euros mensuales.

En fiscalidad el acuerdo calca las subidas de impuestos acordadas en 2018 y que incluía el proyecto de Presupuestos para 2019 que tumbó el Congreso de los Diputados. Sobre las rentas que ganan más de 130.000 euros se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general del IRPF para aquellos contribuyentes con ingresos anuales superiores a los 130.000 euros, subiendo el tipo estatal del 22,5% al 24,5%, y cuatro puntos, hasta el 26,5%, a aquellos que ganen más de 300.000 euros. Eso sí, desaparece la subida en el Impuesto de Patrimonio a los que tienen más de diez millones que pactaron en 2018 y se emplazan a estudiar «la fiscalidad de las grandes fortunas» . El tipo estatal sobre las rentas del capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para rentas superiores a los 140.000 euros.

Pero el grueso del alza de la recaudación que PSOE y Podemos pactaron en 2018 se centra en las grandes empresas y se mantiene. El aumento de ingresos vendrá, sobre todo, de gravar el 5% de los dividendos que repatrían las multinacionales españolas del exterior. También se mantienen el impuesto sobre las transacciones financieras, la «tasa Google » y el tipo mínimo del 15% a las grandes empresas, siendo del 18% para banca y petroleras, aunque ya no especifica si será sobre la base imponible o el resultado contable. Y también rebajas a las pymes, del tipo nominal de Sociedades del 23% al 25%, además de prometer que la fiscalidad verde no les afectará.

El acuerdo promete acabar con el «factor de Sostenibilidad» -que vinculaba las pensiones al crecimiento, los ingresos y la esperanza de vida- y el Índice de Revalorización que las aumentaba un 0,25% en épocas de déficit, acabando así con los dos grandes pilares de la reforma de 2013. Y desvela que el Gobierno quiere liberar de gastos a la Seguridad Social , y, eso sí, ligar las pensiones con el IPC de forma «permanente», aumentando el poder adquisitivo de las prestaciones mínimas y las no contributivas.

El Gobierno tiene previsto impedir los desahucios de inquilinos, facilitar la salida al mercado de viviendas vacías (mediante estímulos o sanciones), castigar fiscalmente a las Socimis con un recargo del 15% a sus beneficios no retribuidos o poner un tope a los precios de los alquileres. Respecto a este último punto, el acuerdo recoge que los ayuntamientos podrán declarar «una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler». En estas áreas, los consistorios podrán imponer controles a los rentas, basándose en un índice de precios de alquiler que el Gobierno todavía no ha desarrollado. Este último punto, recogido en el acuerdo de 2018 pero «olvidado» en la reforma del alquiler que aprobó el Gobierno en primavera, ha despertado los recelos del sector inmobiliario. Además, se abre la puerta a que la Administración sancione a los grandes tenedores de inmueble si se niegan a sacar al mercado sus viviendas a «precios razonables».

Uno de los sectores económicos más afectados es el energético. El pacto prevé una reforma que contempla acabar con la sobrerretribución a la energía nuclear e hidráulica, los llamados «beneficios caídos del cielo», sistema por el que la producción con estas fuentes se retribuye al mismo precio que tecnologías más caras, al considerar que la inversión en esas plantas ya está amortizada. En esa línea, se limitarán los pagos por capacidad, que se abonan a las centrales térmicas para que estén disponibles en caso de necesidad.

Otra de las medidas más ambiciosas es reformar la factura eléctrica , objetivo que llevaba Podemos en su programa electoral. La gran novedad es introducir una factura por tramos, de forma que el término variable de la parte regulada del recibo aumente según la energía consumida. Así, los primeros kilovatios (kWh) tendrían un precio muy bajo, y quien consuma más pagará más, como medida para penalizar el derroche en los hogares. Ahora bien, según los expertos, esto puede encarecer la factura a la mayoría de familias, de ahí que el pacto también contemple, quizá para compensarlo, una rebaja del peso que el término de potencia tiene en la factura. El pacto también contempla «una reforma profunda» del bono social eléctrico y la creación de un bono general que incluya al gasista.

Las negociaciones entre los dos socios de gobierno despertaron grandes temores en el sector financiero por la pretensión de usar a Bankia, junto al Instituto de Crédito Oficial (ICO) , como instrumento de política económica. Sin embargo, el acuerdo de gobierno presentado ayer por Sánchez e Iglesias no hace ninguna referencia a ello, lo que se entendería como una victoria de la postura más ortodoxa de la futura vicepresidenta, Nadia Calviño.

Los socios de gobierno se han comprometido a fijar un sistema de cotización para los trabajadores por cuetna propia por ingresos reales, lo que, según el acuerdo, «evitará que los autónomos que menos ingresan paguen una cuota excesiva y que además redundará en una mayor recaudación para el sistema».

Entre las novedades recogidas por el documento se encuentra una «revisión» del modelo de peajes de la red viaria de alta capacidad, «encaminado a garantizar la sostenibilidad y el uso eficiente» de las autopistas y autovías españolas. El Gobierno ya ha planteado en alguna ocasión la opción de imponer peajes en las autovías, pero Fomento pretende que esta decisión sea un pacto de Estado para no asumir el coste político que implicaría.