Hispasat, la piedra en el zapato de la opa de Atlantia sobre Abertis

Un día después de que la firma transalpina confirmara su intención de hacerse con el control de Abertis, el ministro de Economía, Luis de Guindos, recalcó que Hispasat es un «activo estratégico» para España y que el Ejecutivo «tomará la mejor decisión teniendo en consideración el interés general», ya que cualquier cambio de control requiere una «autorización previa del Gobierno».

Es decir, la Administración puede irrumpir en la negociación entre dos sociedades privadas y bloquear la transferencia de Hispasat . ¿Qué es lo que la convierte en una pieza vital para la Administración española? Una sociedad llamada Hisdesat es la clave. De ella depende la «cobertura de las telecomunicaciones del Gobierno», explican fuentes del Ministerio de Defensa, quienes recuerdan que la compañía que preside Elena Pisonero dispone de un 43% del capital de dicha filial.

Hispasat, por tanto, es el principal accionista del operador nacional de satélite, por delante de INSA, del Ministerio de Defensa (con un 30%del capital), el consorcio aeroespacial europeo EADS (15%), Indra (7%) y la ingeniera española Sener (5%). De este modo, el cambio de control en el mayor accionista de Hispasat supone un viraje en el control de una compañía central para los servicios de inteligencia y las comunicaciones «tanto en el ámbito militar como el gubernamental», explican desde el departamento que dirige María Dolores de Cospedal.

Este segmento institucional supone para Hispasat una parte más de su actividad y discurre paralelamente con su línea comercial, que le ha llevado a convertirse en el operador de satélite líder en la distribución de contenidos en español y portugués, gracias a su presencia en la Península Ibérica e Iberoamérica, donde es el cuarto operador satelital.

En total dispone de siete satélites para usos comerciales distribuidos en posiciones orbitales que permiten cobertura en Europa, Norte de África y prácticamente todo el continente americano (ver gráfico adjunto). Todos ellos distribuyen 1.250 canales de televisión y radio. A ellos se sumará próximamente el satélite Hispasat 36W-1, que fue lanzado el pasado mes de enero y que dará cobertura, una vez que finalice la fase de pruebas, a Sudamérica y Europa. En la flota también figuran los dos satélites gubernamentales, el Spainsat y el Xtar-Eur, pertenecientes a Hisdesat.

Para garantizar la gestión de ambos activos el Ejecutivo español, en el Consejo de Ministros que en 1997 otorgó a Hispasat la concesión del servicio, estableció que «las acciones de la compañía serán nominativas y todos los actos y negocios jurídicos que impliquen su enajenación, gravamen o alteración en la composición accionarial, deberán ser autorizados» por el Gobierno. He ahí la potestad del Ejecutivo para frenar cualquier movimiento contrario a los intereses públicos españoles a la que hizo referencia el ministro de Economía.

Pero hay más. Aparte de la posibilidad de veto del Consejo de Ministros los estatutos sociales de Hispasat incluyen un derecho de adquisición preferente por el que los accionistas que lo ejerciten pueden «adquirir las acciones en las mismas condiciones que las ofrecidas por un tercero», lo que permitiría a los actuales accionistas –entre ellos la SEPI, con un 7,41%– la posibilidad de tener la última palabra en un hipotético caso de venta de las acciones.

A estas restricciones a la transmisión de participaciones se une el acuerdo de accionistas suscrito entre las sociedades públicas presentes en 2008 en el capital de Hispasat (entre ellos, SEPI) por el que Abertis se comprometía a «votar siempre en el sentido en que vayan a hacerlo los consejeros designados a propuesta de los accionistas públicos». Asimismo, las partes también se obligan a llegar a pactos para «apoyar un plan estratégico e industrial para Hispasat y asegurar la continuidad de la operación de su flota de satélites desde su actual centro de control».

Al margen de Hispasat, también hay otra participada de Abertis cuyo futuro puede variar en función de si triunfa o no la opa de Atlania. La compañía de concesiones dispone de un 34% de Cellnex , su antigua división de infraestructuras de telecomunicaciones terrestres, que sacó a Bolsa en 2015. Si el regulador español, la CNMV, considera que se ha producido un cambio de control y que Atlantia se ha hecho con las riendas del grupo, puede obligarla a lanzar una opa por Cellnex o a reducir su partipación hasta menos de un 30% de la filial. También puede optar por solicitar una dispensa. De cualquier modo, todo depende de la aceptación de una oferta, que con las actuales condiciones, arroja aún muchas incógnitas.