La herencia económica que deja el Gobierno de Pedro Sánchez

En un escenario de menor brío de la economía europea y mundial, las arcas públicas apenas tienen margen para reaccionar. La deuda pública, que en 2008 era del 39,5% del PIB y llegó a superar el 100% en 2014, ahora está en el 97,1%, lo que deja al Gobierno sin salvavidas fiscales si estalla una nueva crisis o ante un encarecimiento de la financiación, que se producirá cuando el BCE suba tipos. Realmente el pasivo no bajará con contundencia hasta que no se reduzca un déficit que con el 2,7% del PIB –tras cerrar en el 3,1% en 2017, por lo que el ajuste solo ha dependido del crecimiento– sigue como el segundo mayor de la Eurozona: solo lo superó Francia. Y con el gasto aumentando con fuerza, con un desembolso en pensiones que ya vuela sobre los 153.000 millones este año.

Hasta el momento la desaceleración en el resto de Europa está siendo peor que en nuestro país. El Banco de España asume que la economía nacional muestra una «mayor resistencia» que la Eurozona : con un crecimiento sobre el 2% para este año, será superior al de países como Italia, en plena recesión, o Alemania, que para este año prevé un magro 0,8%. La UE creció en 2018 un 1,9%, seis décimas menos que España.

Pese a ello, la CEOE empeoró hace unos días su previsión de crecimiento al 2,1% por «el menor crecimiento del empleo y de las exportaciones» y «la incertidumbre sobre el proceso de consolidación fiscal». El Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril tiene un ambicioso camino de reformas por emprender.

La principal preocupación que deja el Gobierno de Pedro Sánchez son las cuentas públicas: el déficit cerró el año pasado en el entorno del 2,7% del PIB y se encamina este año hasta el 2,4% según estimaciones de Hacienda, en lo que supone un desvío de más de 13.000 millones frente al objetivo aprobado hasta la fecha, del 1,3%. Sin embargo, Bruselas pide al Gobierno un ajuste estructural –es decir, más allá de la consecuente reducción por el crecimiento de la economía– del 0,65% del PIB este año: España cuenta con un margen de 0,5 puntos para incumplir a repartir entre este año y 2020.

Por ello, al menos deberá aprobar un ajuste de 0,15% del PIB este año, casi 2.000 millones ya que ahora el ajuste es nulo, para no arriesgarse a que el año que viene la UE le abra un procedimiento de desviación significativa . Como España saldrá en mayo del brazo corrector, a partir de ahora la UE vigilará con mayor celo la deuda pública para que baje al 60% del PIB. Ahora está en el 97,1% y supone la quinta mayor de la UE.

El mercado laboral se debilita y no ayuda que desde enero las empresas paguen más cotizaciones y un salario mínimo de 900 euros, un 22,3% más. Hay consenso entre los analistas en que la desaceleración del empleo que comenzó el pasado año se mantendrá en 2019 y será más profunda en el segundo trimestre por el menor crecimiento y el alza de costes.

Los datos de afiliación a la Seguridad Social de los primeros meses del año ya apuntan en esta dirección. En enero se perdieron 204.865 afiliados, el peor comienzo de año desde 2013 y en febrero, aunque se generaron 69.172 puestos, fue la menor subida desde 2016. En términos desestacionalizados los ocupados han crecido en algo más de 38.000 personas, tanto en enero como en febrero. Pese al frenazo, los datos anuales reflejan que la afiliación mantuvo la tendencia positiva al incorporar 524.958, nuevos cotizantes. Esto supone el 2,86% más que hace un año, con lo que el ritmo de creación de empleo baja al nivel de noviembre de 2018.

Como ya informó ABC la desaceleración también se está dejando sentir en las contrataciones , que en febrero cayeron un 15,45% y un 3,31% las indefinidas frente a un crecimiento superior al 18% en 2018.

Esta ralentización general del mercado, aunque aún sea leve, se está dejando sentir en el gasto en prestaciones por paro. En enero -llevan un mes de retraso respecto al resto de cifras- crecieron un 11% en el número de solicitudes de prestaciones y ayudas por desempleo; y del 16,6% en el caso de las demandas de prestación contributiva.

«Si por el menor crecimiento, el aumento de la ocupación iba a ser inferior a 2018, cuando se crearon 500.000 empleos, con las nuevas medidas -subida del SMI y de las cotizaciones- el avance del empleo en 2019 será más reducido, por debajo de 400.000 ocupados», dice la CEOE.

La aportación del sector exterior volvió a ser negativa en 2018 y el déficit comercial ascendió a los 33.840 millones de euros, su mayor cota desde 2011. Pese a que las exportaciones marcaron récord y crecieron un 2,9%, las importaciones aumentaron con más fuerza, un 5,6%, en parte explicado por el aumento del consumo pero también por la apreciación del petróleo. Para 2019, la CEOE prevé un menor ritmo de crecimiento por el aumento de los costes laborales , ante incrementos de los salarios que ya superan el 2% en febrero por convenio, y el menor fuelle de Europa, principal cliente de España. Ello es un indicio de que la economía puede estar perdiendo competitividad.

Ello explica también que pese a otro año de récord de turistas, el superávit por cuenta corriente de España con el exterior se redujera a la mitad: 10.144 millones frente a los 21.512 de 2017.

La venta de coches es uno de los indicadores que más se ha deteriorado en los últimos meses. Las matriculaciones, que cerraron febrero con una caída interanual del 8,8% tras situarse en 100.701 unidades, acumulan ya un semestre a la baja.

Las asociaciones de fabricantes y concesionarios achacaron los primeros meses de caídas a la entrada en vigor, en septiembre, del nuevo sistema de medición de emisiones, el WLTP. Un condicionante al que se ha añadido, en los últimos meses, la incertidumbre jurídica que rodea a los vehículos diésel tras los anuncios del Gobierno, según explican desde el sector.

La venta de coches es uno de los indicadores que mejor reflejan las perspectivas económicas. Por ello, los expertos avisan que una caída continuada de la estadística puede estar anticipando un frenazo del consumo.

Uno de los principales indicadores de la falta de competitividad de la economía española y de su modelo productividad es la productividad. Por primera vez desde que arranca la serie histórica del INE en 1995, España destruyó productividad en 2018 . El desempeño por hora trabajada cayó un 0,25%, lo que contrasta con el 1,1% que aumentó en 2017. Un acontecimiento que contrasta con el aumento de los salarios, del 1% en 2018 . El discreto papel del rendimiento se explica por varias razones.

De media, la productividad solo ha crecido un 0,3% entre 1995 y 2013, el segundo menor aumento entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ello se explica por varias razones: en primer lugar por la elevada temporalidad. Los empleados definidos suelen ser menos productivos que los indefinidos. Con un 26,7% del total de los contratos, España es el país de la UE con mayor temporalidad y el tercero de la OCDE, solo superado por Chile y Colombia.

El músculo de sectores poco productivos como el turismo o la construcción -que por cuarto año consecutivo, fue la rama económica que más empleo creó en 2018-, o el elevado abandono escolar que deriva en un mayor porcentaje de empleos con poca cualificación, terminan de explicar este desajuste. A ello se le suma el reducido tamaño de la empresa española media frente a sus pares europeas, lo que también lastra este indicador. Para mejorar, el Colegio de Economistas de Madrid reclama reformas en el mercado laboral, educativas y para las compañías.