La ministra de Hacienda,, María Jesús Montero y su predecesor, Cristóbal Montoro
La ministra de Hacienda,, María Jesús Montero y su predecesor, Cristóbal Montoro - JAIME GARCÍA

Hacienda ha realizado 6.000 inspecciones a los acogidos a la amnistía fiscal

La Agencia Tributaria ha recaudado 417 millones de euros por estas investigaciones, de los que 123 aún están pendientes de liquidar

MADRIDActualizado:

Las investigaciones de la Agencia Tributaria abiertas a acogidos a la amnistía fiscal siguen creciendo años después de la medida: Hacienda ha lanzado 5.685 actuaciones inspectoras desde 2013 hasta la fecha a los que regularizaron en 2012 rentas ocultas al Fisco. Casi 6.000 casos abiertos según recoge la respuesta del Portal de Transparencia a una solicitud de acceso a la información de ABC, que detalla que estas pesquisas han resultado en unos ingresos para las arcas públicas de 417,49 millones de euros, de los que, eso sí, 123 aún están pendientes de pago. Por ello, de la deuda instruida la Agencia Tributaria ha liquidado efectivamente 293,25 millones de euros.

De esta forma el Fisco, bajo la batuta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha continuado la tarea de su predecesor, Cristóbal Montoro, investigando a los beneficiados por la regularización de 2012. Si bien la Agencia Tributaria no investiga por el mero hecho de haber presentado la declaración de la amnistía fiscal, el llamado modelo 750, sí utiliza los datos presentados entonces si se descubre otra irregularidad, en lo que puede servir de detonante para otras nuevas pesquisas del Fisco.

Entre las actuaciones desplegadas se han ingresado así 73.437 euros de media por cada inspección, una cantidad elevada que revela el alto riesgo fiscal de los 31.484 beneficiados de la amnistía. Como indicador, los 29.683 particulares y 618 empresas que se acogieron a esta ventana afloraron 37.892 euros al Fisco de media.

Como fuere, el resultado de las investigaciones desplegadas sigue siendo discreto. La amnistía fiscal se desplegó en 2012 con el objetivo de recaudar 2.500 millones de euros, si bien finalmente solo se lograron ingresar algo menos de 1.200 millones, menos de la mitad. Todo ello, encima, se produjo después de que la Dirección General de Tributos aclarara que el tipo del 10% que en un principio Hacienda fijaba sobre las rentas ocultadas hasta entonces, finalmente solo se producía sobre los ejercicios no prescritos.

El PSOE llegó al poder prometiendo que si subía al Gobierno publicaría, en todo caso, el nombre de los acogidos a la amnistía fiscal, lo que el Ministerio de Cristóbal Montoro no hizo porque argumentaba la inviabilidad jurídica de esto. Sánchez posteriormente utilizó este mismo argumento para no cumplir su compromiso. Sobre todo, después de que el Tribunal Constitucional anulara en 2017 la amnistía al haberse tramitado como decreto-ley y no como una norma de rango superior. El TC recogía que esta anulación no era retroactiva, por lo que su dictamen no tuvo efecto sobre la regularización.

El PSOE achacó la no publicación de la lista a un informe jurídico de la Abogacía del Estado que, en sus palabras, señalaban la inviabilidad constitucional de publicar el nombre de los acogidos. Sin embargo, esto provocó un choque con Podemos el pasado mes de septiembre, que exigió al Ejecutivo que sacara a la luz el nombre de los 31.484 beneficiados.

Intercambio automático

A la luz de estos datos, los asesores fiscales consultados cuestionan que tanto la amnistía fiscal como la declaración de bienes en el exterior, el «palo» que siguió a la amnistía y que obligaba a los contribuyentes con más de 50.000 euros en bienes y derechos en el exterior a informar a Hacienda año a año, hayan servido para luchar contra el fraude fiscal. Como avanzó ABC, Hacienda detectó que 21.271 acogidos a la amnistía fiscal habían presentado después la declaración de bienes en el exterior y cruzó datos en búsqueda de posibles incoherencias entre ambas informaciones.

Así lo hizo con el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, que se acogió a la amnistía en 2012 y luego en 2013 presentó la declaración de bienes en el exterior. Fue esta última información la que encendió las alarmas en el Fisco, que comenzó las investigaciones por fraude sobre el exdirector del FMI por datos que no cuadraban entre ambas declaraciones. Cuando pactó con Ciudadanos, el Ejecutivo del PP en 2016 mandó una carta a los 31.000 acogidos a la amnistía advirtiéndoles de que iba a investigar a los que posteriormente se habían acogido a la declaración de bienes en el exterior señalando que la información fiscal no prescribía.

«Ni la amnistía fiscal ni la declaración han sido de gran ayuda en la lucha contra el fraude. Había estimaciones de que había entre dos y tres millones de españoles con rentas en el exterior, cuando la declaración de bienes en el exterior recabó 131.411 declaraciones de contribuyentes el primer año», describe el abogado del despacho DMS Consulting, Alejandro del Campo, quien recuerda que la Comisión Europea está pendiente de denunciar a España por las excesivas sanciones por incumplir las declaración de bienes en el exterior, que pueden llegar al 150%, algo que cree «inminente».

En su lugar, apunta, el verdadero cambio ha venido del exterior: desde hace dos años: Hacienda ha comenzado a recibir la información procedente de cuentas bancarias de españoles en el extranjero por parte de más de cien países, entre ellos Andorra, Suiza. Ello se debe a un acuerdo internacional que dio a luz el Common Reporting Standard (CRS).

«Esto es lo que ha garantizado un caudal continuo de información fiable para Hacienda», reflexiona Del Campo. De hecho, en esta Campaña de la Renta, el Fisco ha enviado 2,17 millones de notificaciones a contribuyentes para que consignen sus rentas en el exterior en la declaración de la Renta. Hacienda vigila 457.000 millones de euros en el exterior de españoles en cuentas bancarias, información obtenida por el CRS.