Hacienda planea repartir los 4.700 millones a las regiones antes de las elecciones del 10-N

Fuentes autonómicas y conocedoras del procedimiento apuntan a ABC que la solución llegará antes de que acabe octubre, es decir, antes del 10-N. Al menos esa es la intención del Ministerio, que quiere encontrar la vía de escape para entonces y así evitar que las autonomías más damnificadas por el modelo de financiación -Valencia y Murcia- enfrenten problemas de tesorería a finales de octubre.

De esta forma, el Gobierno aprobaría el reparto estando en funciones y con las elecciones ya convocadas. La solución aliviaría a las regiones, que de lo contrario entre entregas a cuenta y liquidación perderían este año 4.739 millones de mayores ingresos (a lo que se suman los entorno a 2.500 millones de euros de la mensualidad pendiente de 2017 del IVA, por un cambio contable).

Pero la cercanía de las urnas siembran dudas de una medida que la Abogacía del Estado decía que era inviable hasta hace tres semanas, ya que en su informe planteaba que un Ejecutivo en funciones no podía aprobar esto por decreto. Tras cinco meses de interinidad -y cuatro con plenas funciones, antes del 28-A- será a pocas semanas de la nueva convocatoria cuando lo apruebe Hacienda.

De esta forma, tras el motín de las comunidades del PP, que reclaman un Consejo de Política Fiscal, y la denuncia de la Generalitat de Cataluña , el Gobierno mueve ficha, una vez que se ha constatado que en esta legislatura no saldrá de la interinidad. Las regiones más damnificadas, de no aprobarse las entregas a cuenta, serían Valencia (con 2.052 millones menos de los 4.739 totales), Madrid (732,9), Galicia (527,9), Extremadura (434,5), Murcia (265,2), Asturias (223,8), Canarias (223,1), Baleares (177,3) y Cantabria (128,6).

Como parche, Hacienda había asegurado hace escasos días que supliría mediante el adelanto del remanente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) la falta de recursos para algunas regiones. Normalmente el llamado extra-FLA se reparte en diciembre, pero esto apenas cubre una pequeña parte del agujero de las regiones: para Valencia supone en torno a un 12% de los recursos que percibiría con las entregas actualizadas (250 millones frente a 2.052) mientras que para Murcia eran 50 millones de una pérdida de 265 millones.

El Ministerio lo planteó como una forma de comprar tiempo para encontrar una solución viable para repartir esto. Desde algunas comunidades gobernadas por el PP señalan que la solución era posible desde hace semanas mediante un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal o un pacto político para no recurrir una medida que interesa a todos los partidos, ya que hay regiones perjudicadas de todos los colores políticos. Con las elecciones al acecho, se vuelven a activar las normas sobre la bocina.