Grecia supera ocho años de rescates pero con un futuro incierto

«Marca un momento importante para Grecia y para Europa» , valoró ayer el comisario europeo de Asunto Económicos, Pierre Moscovici, que calificó de exitosa la finalización del programa, pero avisó de que «los compromisos acordados deben ser respetados» y Bruselas seguirá vigilando la implantación de las reformas.

La solicitud de Atenas de los primeros 110.000 millones de asistencia en abril de 2010 hizo estallar la crisis de deuda soberana en el área euro, lo que contagió al resto de países periféricos, entre ellos España, y disparó las primas de riesgo. Poco más de un año después pidió 109.000 millones adicionales, en 2012 aprobó una quita de casi el 54% a parte de sus acreedores privados y en 2015 aceptó el tercer y último crédito, por 61.900 millones, para evitar la bancarrota y su salida del euro.

Esa asistencia siempre llegó al país tras unas intensísimas y largas negociaciones entre Bruselas y el Gobierno heleno. Y siempre a cambio del compromiso de que Grecia, que durante casi una década falseó sus cuentas nacionales a ojos de la UE, abordase draconianos planes de austeridad y ambiciosas reformas estructurales : recortes a las pensiones y en Sanidad, subidas de impuestos, despidos en la Administración y privatizaciones. Todo eso provocó huelgas salvajes, desató la ira de los griegos contra Bruselas y en último término provocó el ascenso al poder de la coalición izquierdista Syriza, actual partido de gobierno, que llegó a celebrar un referendo por el que delegó en los griegos la decisión de si aceptar o no las condiciones de la troika.

A partir de ahora Grecia acudirá a financiarse a los mercados por si sola, enfrentándose al escrutinio de los mercados sin esa red de seguridad. Los distintos programas de ayuda financiera y las medidas que ha ido aplicando el país han permitido a Grecia ir estabilizando sus cifras macroeconómicas. Las arcas públicas, que registraron un déficit superior al 13% del PIB, están hoy saneadas, y la economía crece en términos anualizados a más del 2% .

¿Es esto suficiente? La economía griega sigue evidenciando grandes debilidades. La primera, su elevado nivel de deuda pública, que roza el 179% del PIB. Esto, junto con la moderada tasa de crecimiento de la actividad económica, siembra dudas sobre la capacidad de Grecia para abordar a futuro esa factura. «Existe un amplio consenso que el país necesitará algún tipo de reestructuración de la deuda que reduzca el valor de la misma y garantice su sostenibilidad», apunta Analistas Financieros Internacionales (AFI) en un reciente informe sobre el fin del programa de rescate.

Junto a la deuda pública, otro de los grandes desafíos de Grecia es su preocupante tasa de paro, la más alta de la zona euro: cerró 2017 en el 21,5% y ahora se sitúa en el 20%, lo que supone un problema económico y social. Además, las autoridades europeas siguen exigiendo al Ejecutivo de Syriza grandes reformas pendientes que impulsen precisamente un mayor crecimiento económico para afianzar la recuperación de un país que después de esa extenuante etapa busca la normalidad.

Lo que parece claro es que el resto de Europa, y especialmente países como España, Italia y Portugal, gracias sobre todo a su propia recuperación, han mostrado ya resistencia a cualquier turbulencia económica o financiera en Grecia, y cualquier nuevo episodio de crisis allí no debería contagiarlos. Cuando estalló la crisis griega, la economía de este país representaba el 3% de la zona euro y sin embargo, las consecuencias de sus dificultades y la falta de mecanismos institucionales en la moneda única amplificaron dramáticamente sus efectos.

El euro se creó como un símbolo político y como tal ha sido un gran éxito . Pero la crisis griega y los demás países descubrirían que una moneda única necesita un gobierno y un Tesoro propios. Desde entonces, la Comisión Europea y el Eurogrupo han estado tratando de poner en marcha nuevas estructuras para impedir que se pudiera volver a producir una situación similar. Para Bruselas, la posibilidad de que un país grande, del tamaño de Italia, pudiera tener problemas graves representa un riesgo formidable.

Este proceso ha evolucionado a buen paso respecto a la consolidación del Eurogrupo como complemento de la gobernanza de la zona euro y desde el punto de vista fiscal, la Comisión tiene ahora poder para orientar los presupuestos nacionales antes de que sean aprobados en los parlamentos.

En el campo de la gestión del sector financiero, el BCE ha sido ungido con poderes de supervisión de los bancos sistémicos y en 2014 se puso en marcha el Mecanismo Único de Resolución, que se estrenaría con la quiebra del Popular. Sin embargo, aún se trabaja en un acuerdo para poner en marcha un fondo de garantía de depósitos que es lo que permitiría a los bancos poder operar en varios países con las mismas bases y reglas. La creación de un «supercomisario» de economía que sería al mismo tiempo el presidente del Eurogrupo sigue siendo una idea que se mantiene sobre la mesa, pero por ahora aún está lejos de madurar.