El Gobierno prepara el golpe final a los planes de pensiones privados

En los Presupuestos de 2021 ya se incluyó el primer gran hachazo al ahorro privado. Se redujo de 8.000 a 2.000 euros la deducción fiscal por aportaciones a planes individuales. Y en las cuentas de 2022 está previsto que de nuevo se aminore esa cuantía hasta los 1.500 euros . El Gobierno defiende siempre el argumento de que estos fondos de pensiones tienen unas comisiones muy altas y que las deducciones solo benefician a las clases altas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero , llegó a señalar que sólo el 8% de los españoles con planes individuales aportaban más de 4.000 euros. En la actualidad hay 7,4 millones de partícipes en estos planes.

Sin embargo, lo que hay en la mente del Gobierno no es quedarse ahí. Según fuentes cercanas al Ministerio de Asuntos Económicos, el objetivo es fulminar totalmente los planes individuales , llegando incluso a reducir a cero las deducciones, lo que ‘de facto’ supone poner fin a este tipo de ahorro. En el Ministerio de Hacienda señalan que es algo que ni se ha propuesto ni se ha debatido en estos momentos. Primero han de aprobar la reducción de los Presupuestos de 2022, y esperar al informe del grupo de expertos para la reforma fiscal.

Dicho informe sirve a Hacienda para pasar la bola caliente sobre cualquier materia impositiva. La ministra Montero siempre se escuda en que para tomar cualquier decisión será necesario conocer las conclusiones de los expertos. Algo que sucederá ya en febrero de 2022; ahí empezará a fraguarse la gran revolución fiscal del Gobierno de cara a 2023. Aun así, las fuentes consultadas no dan por hecho que ese año se culmine el fin de los planes individuales.

En el sector asegurador y financiero rechazan de plano toda medida enfocada a dilapidar los planes individuales. De hecho, las patronales Inverco, Unespa y CEM cargaron contra el Gobierno al señalar que bajar la deducción a 1.500 euros ya perjudicará a 1,2 millones de trabajadores y afectará también a tres millones de autónomos. Asimismo, las organizaciones afirmaron que las aportaciones ya en 2021 se habrán reducido un 40%.

Estos sectores, que son los que gestionan los planes individuales, tienen una guerra abierta contra el Gobierno . Fuentes del sector asegurador se lamentan de que ya, «de forma virtual, han matado los planes individuales» con las decisiones adoptadas. «Lo difícil ya se ha hecho», añaden, dando por hecho que el Ejecutivo no tendrá reparo en bajar a cero el incentivo fiscal.

Pero... ¿cuál es el objetivo real que tiene el Gobierno? Pensar ya en un esquema más público y colectivo . Hace poco más de una semana el ministro Escrivá lograba el respaldo del Consejo de Ministros para sacar adelante su superfondo de pensiones, un anteproyecto de ley de impulso a los planes de pensiones de empleo, de espaldas al diálogo social, y con el que se busca tumbar a los planes privados con comisiones más atractivas. La norma del que será el primer gran fondo de pensiones de empleo público de España establece que en ningún caso las comisiones devengadas por la entidad gestora podrán resultar superiores al 0,4%, mientras que este límite se fija en el 0,1% para las entidades depositantes, lo que arroja un máximo de comisiones del 0,5%, cifra idéntica a la que tienen los planes de empresa y muy por debajo de las que se pagan en planes de pensiones individuales, del 1,24%.

En su estructura el superfondo será, en la práctica, la suma de varios macrofondos de pensiones para empresas y autónomos con gestión privada obtenida por concurso y una supervisión pública. Con esta iniciativa, el Gobierno busca ampliar el número de españoles que tienen un plan de pensiones, entre ellos los autónomos, ofreciendo menores comisiones.

Para justificar su proyecto el Gobierno sostiene, por un lado, que el sistema privado es regresivo fiscalmente . Y por el otro, alude al estancamiento observado en los planes de empleo. De hecho los Presupuestos para 2022 incluyen que las deducciones por aportaciones a los planes de empresa se revisarán al alza, desde 8.000 hasta 8.500 euros .

También argumenta el Ejecutivo que a lo largo de los años los planes de empleo han perdido peso relativo respecto del total de planes, puesto que representaban un 50% del total de la previsión social complementaria al inicio de los años 90, mientras que ahora han descendido a un porcentaje del total de activos gestionados algo superior al 25%.

La precipitación con la que el Gobierno ha aprobado esta norma ha generado malestar entre los agentes sociales , que asistieron con sorpresa al pistoletazo al superfondo sin su conocimiento. Un malestar amplificado en las filas empresariales, que han remarcado que esta medida no tenía que estar lista hasta junio de 2022, según se comprometió con Bruselas. Ni las formas ni el fondo han convencido a la CEOE . Su presidente, Antonio Garamendi, llegó a decir que vigilará el nuevo instrumento ante el riesgo de «competencia desleal» con el sector privado y no descartó acudir ante Competencia.