El Gobierno incluye la regulación del precio del alquiler en el plan de la Agenda 2030

En el texto se ratifican algunas de las medidas que Unidas Podemos exigía al PSOE de cara a la elaboración de la futura l ey estatal de Vivienda. Entre otras, la de dar posibilidad a comunidades y ayuntamientos de que puedan intervenir los precios del alquiler «al declarar zonas de mercado tensionado», así como en el caso de «subidas abusivas» de los valores de los arrendamientos.

Además, el documento compromete al Ejecutivo a garantizar una alternativa habitacional en caso de ejecución de desahucio, mediante el realojo inmediato, así como el ofrecimiento de alternativas de alquiler social . Todo ello, en línea con el decreto antidesahucios que continúa en vigor hasta el fin del estado de alarma.

Ambas medidas mantienen en pie de guerra al Gobierno. No tanto por la cuestión, como sí por la forma. Mientras el ala morada del Ejecutivo pretende obligar a los grandes tenedores -propietarios de más de diez viviendas- a que destinen sus inmuebles vacíos al parque de alquiler social -así como parte de su cartera de viviendas-, la formación socialista pretende conseguirlo mediante incentivos fiscales a grandes y pequeños propietarios.

Sin embargo, la ministra de Hacienda , María Jesús Montero , negó este extremo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al asegurar que «todas las medidas son compartidas por el conjunto del Ejecutivo». Unas palabras que no concuerdan con las transmitidas ayer por su compañera de Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño , que aseguró que regular los alquileres «no es bálsamo de fierabrás» y apostaba por seguir trabajando con Sareb y bancos para aumentar el fondo social de viviendas.