El Gobierno garantiza «objetividad, rentabilidad y transparencia» sobre el fondo de 30.000 millones

El Gobierno también ha dado el visto bueno al aumento hasta 100.000 euros de la cobertura del fondo de garantía de depósitos y del de garantía de inversiones para los clientes de entidades financieras y gestoras de fondos, que entrará en vigor mañana, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El fondo para la adquisición de activos con calificación AAA estará dotado con 30.000 millones, ampliable hasta un máximo de 50.000 millones, cantidad que el Ejecutivo no se plantea aumentar, según ha explicado a los medios el secretario de Estado de Economía, David Vegara. El Gobierno prevé que, después del crédito de 10.000 millones previsto para lo que queda de 2008, el resto de operaciones se hagan el año que viene.

Este fondo, con el objetivo del aumentar la financiación a empresas y particulares, invertirá en activos financieros de máxima calidad, emitidos por las entidades de crédito y fondos de titulización respaldados por créditos concedidos a particulares, empresas y entidades no financieras. Según ha detallado Vegara, se regirá por criterios de objetividad, rentabilidad, transparencia, eficiencia y diversificación.

Además, se establecerán límites para garantizar a las entidades la igualdad de oportunidades y para evitar invertir en el mismo tipo de activos. Para el desarrollo de las operaciones del fondo, el Tesoro tendrá que emitir deuda del Estado que colocará al mejor precio entre inversores mediante subastas.

La administración, gestión y dirección del fondo corresponderá al Tesoro a través de un Consejo Rector y de su Comisión Ejecutiva. El Consejo Rector se encargará de establecer las directrices de inversión, hacer el seguimiento y evaluación de su actividad, así como de decidir sobre la aplicación de los rendimientos de los activos y el producto de sus vencimientos o ventas. Este órgano, según ha explicado Pedro Solbes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, estará presidido por el ministro de Economía e integrado por los secretarios de Estado de Economía y Hacienda, por el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por el abogado General del Estado y el interventor del Estado.

La Comisión se encargará de la gestión y decidirá las inversiones que llevará a cabo el fondo, con el asesoramiento de un comité técnico que seguirá las recomendaciones del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ante la exigencia de "transparencia" por parte del PP, el Gobierno ha hecho hincapié en que la gestión del fondo estará sometida a "estrictos" controles, como una auditoría pública por parte de la Intervención General del Estado y el control parlamentario. Este último seguimiento se llevará a cabo a través de un informe que cada cuatro meses se remitirá a la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

Tanto Solbes como Vegara han coincidido en que las familias y las empresas serán las "grandes beneficiadas", ya que el fondo ayudará temporalmente a las entidades a recuperar la normalidad en sus operaciones de crédito. Uno y otro han reiterado que la creación del fondo tendrá un coste cero para los ciudadanos, ya que la máxima calidad de los activos garantiza la recuperación del capital invertido e incluso ofrece la posibilidad de obtener una rentabilidad adicional.

"No quiere decir que no haya riesgo, pero se buscará que la rentabilidad lo compense", puntualizaba Vegara. También ha insistido en que estas medidas no son "un plan de rescate" al estilo estadounidense, sino una forma de mejorar el acceso de las entidades al mercado de capital.

El decreto Ley por el que se crea el nuevo fondo de adquisición de activos aprobado en el Consejo de Ministros se remitirá al Consejo de Estado y a la Comisión Europea para que analicen los detalles. Posteriormente, el decreto deberá ser aprobado por las Cortes, aunque podrá entrar en funcionamiento antes de su visto bueno final.