El Gobierno tutelará el saneamiento de las comunidades que incumplan con el déficit

Lo que hace el Gobierno es trasladar a la legislación nacional los procedimientos de sanciones previstos por la Unión Europea dentro de su plan de gobernanza económica. Montoro explicó en este sentido que esa intervención consistiría en que su gabinete elaboraría junto a la autonomía afectada un plan de saneamiento para cumplir con el déficit , que en 2011 se fijó en el 1,3% pero sufrió un importante desvío todavía por detallar. «Frente a lo que hacía el anterior Gobierno, este ha asumido la tarea de coordinar la política económica de este país», explicó Montoro.

En cualquier caso, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya ha avanzado que no va a dejar que ninguna autonomía suspenda pagos por falta de liquidez. Así lo garantizó ayer el propio presidente tras su reunión con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. Rajoy aseguró que el Ejecutivo saldrá en auxilio de las comunidades que tengan problemas de liquidez siempre y cuando se comprometan a cumplir con los objetivos de déficit que se fijen. Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba que «el Gobierno no puede dejar caer a ninguna comunidad».

Por la tarde, Montoro informó de que el Gobierno se ha comprometido con las autonomías a resolver sus actuales problemas de liquidez para que puedan pagar a sus proveedores, sobre todo pymes, para evitar el cierre de más empresas y una mayor destrucción de empleo. Moncloa creará una línea «excepcional» de créditos ICO cuyo uso sería exclusivamente para hacer frente a pagos a esos proveedores. Pero para poder beneficiarse de esta línea será requisito indispensable que la comunidad que se acoja a ese préstamo presente un plan de saneamiento con medidas concretas para reducir el déficit.

Asimismo, se ampliará de cinco a diez años el plazo para que las autonomías devuelvan al Estado los anticipos a cuenta recibidos en los años 2008 y 2009 y que ascienden a casi 24.000 millones de euros. Montoro anunció también que el Estado adelantará el pago de la liquidación del año 2010 , ejercicio en el que las autonomías recibieron como anticipos menos ingresos de los que finalmente les correspondían, unos 8.000 millones que podrían ingresar en las próximas fechas. Además, se cambiarán los plazos en los que el Gobierno autoriza a las comunidades a emitir y renovar su deuda.

Es la política del palo y la zanahoria. Premios en forma de liquidez para hacer que las autonomías que se porten bien y presenten planes serios y creíbles de ajuste puedan pagar a sus proveedores y seguir prestando los servicios públicos. Para los incumplidores, se endurecen los castigos.

Ayer todas las comunidades celebraron el acuerdo. «Estamos muy satisfechos» , resumió el consejero de economía de Cataluña, Andreu Mas-Colell. «Es la primera vez que se escucha a las autonomías», dijo su homólogo valenciano, José Manuel Vela. Y Montoro destacó la fluidez del encuentro y el compromiso de las regiones con el equilibrio presupuestario.

Todo esto es la nueva ley de Estabilidad, que desarrollará el mandato constitucional de eliminar el déficit de las cuentas públicas, y que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros antes de la cumbre europea del 30 de enero. La norma fijará la obligación de que las autonomías aprueben techos de gasto antes de elaborar los Presupuestos, como hace el Estado, y fijará también castigos para los incumplidores. Se trata de hacer ver a Europa y a los mercados que pese a las facilidades que se van a dar a las comunidades estas no suponen ninguna manga ancha frente al déficit.