El G-20 declara la guerra a la evasión fiscal de las multinacionales

El escenario era solemne, ya que estas declaraciones se produjeron en el marco de la cumbre de los 20 países más industrializados del mundo, el conocido como G-20. Otra de las novedades fue que en las conclusiones de la reunión, que se celebró el pasado fin de semana en China, se dedicó todo un punto a la hoja de ruta que deben seguir todos los países industrializados para evitar la fuga de impuestos, con especial atención de la erosión de las bases imponibles, una técnica por la que las empresas aplican deducciones y trasladan beneficios entre países, de tal modo que al final prácticamente no tienen beneficios por los que tributar.

En concreto, el presidente de Estados Unidos aseguró que «mi país aumentará la cooperación con otros países para evitar la evasión fiscal, aunque hay algunos aliados que están empezando la carrera por detrás en materia de política fiscal», en clara referencia a Irlanda, que tiene el tipo del impuesto de sociedades más bajo de toda la Unión Europea, un 12,5% nomina l que, en muchos casos, ni siquiera se paga porque las compañías basadas allí se benefician de numerosas deducciones. La Comsión Europea considera que Apple ha pagado un tipo real impositivo de solo el 1% en el año 2003 y que, de manera progresiva, ha ido bajando hasta situarse en el 0,005% en 2014.

La iniciativa de luchar contra la erosión de las bases imponibles de las empresas se está llevando a cabo desde el G-20 en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La cuestión es que aún quedan muchos países y jurisdicciones que no se han sumado a esta iniciativa, conocida por la siglas BEPSen inglés. Esta cuestión no es baladí porque en este asunto es capital una actuación coordinada porque, de lo contrario, las empresas «huirán» a aquellos países y jurisdicciones que no se han sumado a los acuerdos de lucha contra la evasión fiscal de las empresas.

Este asunto ha saltado de nuevo a la actualidad después de que la Comisión Europea haya decidido obligar a Apple a pagar 13.000 millones de euros en impuestos atrasados a la Hacienda irlandesa, país donde tiene establecida su residencia fiscal la empresa de la manzana, ya que se trata de ayudas de Estado ilegales incompatibles con la legislación europea de mercado interior. Apple reaccionó airada al anuncio de que tendrá que pagar más impuestos y anticipó que presentará un recurso al que, como era de esperar, se ha sumado el Gobierno de Dublin por entender que la decisión de Bruselas atenta contra su derecho a la autonomía fiscal.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, se ha defendido en todo momento de las críticas tanto de Apple como de parte del Gobierno norteamericano que en algún momento ha creído ver una guerra entre Bruselas y Washington por este asunto. Vestager ha llegado a decir que «la sede central de Apple en Irlanda ha pagado tantos impuestos como si estuviera situada en las Islas Bermudas», un conocido paraíso fiscal.

Alemania es otros de los países comprometidos con la lucha contra la evasión fiscal, tal y como aseguró el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schaeuble, que explicó además la importancia de «que se den todos los pasos necesarios para ponerlo en marcha y en él se incluya a la economía digital».

La opinión mayoritaria es que si el proyecto BEPS estuviera ya en marcha no se hubiera producido el caso de Apple que, si se hace un poco de memoria, no está sola ya que en la misma situación se han visto Google, Amazon o Starbucks. De hecho, la Comisión Europea tiene ya dos expendientes abiertos, contra Amazon y McDonald’s, por la misma razón que contra Apple pero en estos dos casos el país afectado es Luxemburgo. Y por si esto fuera poco, hay rumores insistentes de que Bruselas tiene varios casos preparados en la misma línea contra otras empresas.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, defendió hace unos días una armonización de las bases imponibles en el impuesto de sociedades para luchar contra la competencia fiscal desleal entre los Estados de la Unión Europea y el conocido como «dumping fiscal».

En todo caso, y para poner las cosas en contexto, esta iniciativa de luchar contra la evasión fiscal de las multinacionales, que ha aumentado a medida que la globalización se ha convertido en el día día de las empresas, no es nueva sino que el primer movimiento data de 2013 y, en realidad, se trata de la transformación más importante de las reglas fiscales internacionales producida en el último siglo, según la OCDE.

Estos trabajos se suman a los que puso en marcha hace ya años la OCDE para evitar la doble imposición de las empresas, y de las personas físicas, pero lo que no puede ser es que «un sistema fiscal concebido para prevenir la doble imposición no puede ser viable si genera paralalemente dobles no-imposiciones, por lo que se decidió poner en marcha la iniciativa BEPS», explica la propia OCDE.

Los expertos calculan que las pérdidas de recaudación en todo el mundo por la ingeniería fiscal de las multinacionales se pueden elevar a entre 100.000 y 240.000 millones de dólares anuales, o lo que es lo mismo, entre el 4 y el 10% de los ingresos de los impuestos sobre los beneficios de las empresas a escala mundial.

Desde el mundo académico, Salvador Ruiz Gallud, profesor asociado de Esade y con amplia experiencia en materia fiscal como director de la Agencia Tributaria, asegura a ABCen relación con este asunto que «en estos momentos se vive una auténtica revolución en la fiscalidad internacional como consecuencia de los nuevos programas públicos para limitar la elusión fiscal, también denominada planificación fiscal agresiva. La Unión Europea y la OCDEestán operando como un tándem impulsando muchos de los cambios, a veces incluso compitiendo entre ellas, pero el problema es que a veces generan inseguridad jurídica y pueden tener un efecto negativo en la actividad económica».

En cuanto a la ventaja competitiva en materia fiscal que ofrecen algunos países europeos, Irlanda y Luxemburgo entre otros, Ruiz Gallud cree que «la realidad es que cada Estado miembro tiene plenas competencias para decidir ciertos factores determinantes de su tributación, como hace Irlanda con el tipo de su Impueto sobre Sociedades, que puede situarse sin problemas en el 12,5%. Pero luego hay otras variables como las deducciones y otras ventajas fiscales que son controladas estrechamente por los órganos de la Unión Europea para evitar que se beneficie indebidamente sólo a ciertas empresas o a ciertos colectivos de contribuyentes, es decir, que se faciliten las llamadas ayudas de Estado. La cuestión de fondo es que el resto de países, que se tienen que enfrentar a los bajos tipos de Irlanda, tienen que hacer que su economía sea más atractiva para los negocios mejorando su fiscalidad, pero siempre en paralelo con una mayor coordinación de los sistemas tributarios de la Unión Europea, dentro de una cierta libertad de decisión».

Pero, opiniones al margen, la realidad es que algunas grandes multinacionales abusan con transacciones poco justificadas en cuanto a que el precio de transferencia de activos es muy diferente al que se daría en condiciones de mercado normales entre empresas independientes.

La mayoría de expertos coinciden en la importancia del proyecto BEPS para aumentar la coordinación fiscal entre los países y vigilar que no se erosionan las bases imponibles ni con deducciones ni con transferencias entre filiales de las mismas compañías. Sin embargo, también hay matices. Salvador Ruiz Gallud cree que «debe cuidarse mucho que por intentar evitar la elusión fiscal se introduzcan rigideces y obligaciones tributarias añadidas diversas que provoquen más inconvenientes que otra cosa, con efectos negativos sobre la actividad económica. El problema puede ser el de la injerencia excesiva de la política y de una opinión pública manipulable ya que se trata de cuesiones muy técnicas».

Así las cosas, la Comisión Europea ya ha anunciado que presentará este otoño una propuesta para mejorar la coordinación fiscal entre Estados, perfeccionando los canales de comunicaciones del sistema «país por país» y otra serie de iniciativas para que los que ahora escapan al Fisco empiecen a pasar por caja. Aunque teniendo en cuenta la autonomía fiscal a que tienen derecho todos los países, la tarea se presenta ardua cuando menos.

¿Y qué está haciendo España para prevenir la evasión fiscal de las multinacionales que operan aquí? Pues desde Hacienda aseguran que «España se encuentra en estos momentos plenamente comprometida en la lucha contra la planificación agresiva de las multinacionales. De hecho, el Gobierno firmó en enero en París, junto a otros 30 Estados, el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el Intercambio de Información «país por país» auspiciado por la OCDE, lo que supone que las multinacionales están obligadas a presentar un informe con información desagregada de los impuestos que pagan en todos Estados en donde tienen actividad».

En la práctica, este acuerdo ha supuesto que la Agencia Tributaria crease en 2013 la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) y, solo en 2015, ha hecho 119 comprobaciones inspectoras, que se han traducido en «ajustes» de la base imponible de 1.300 millones de euros con actuaciones presenciales a los que hay que sumar otros 1.200 millones con actuaciones documentales.

Las propias empresas han reconocido en los informes que presentan en el Registro Mercantil las constantes labores inspectoras de la Agencia Tributaria, lo que es la prueba más constatable de que estas labores de control se están produciendo ya que, no hay que olvidar que la Agencia Tributaria tiene que cumplir la labor de confidencialidad sobre las actuaciones que realiza.

En España a la labor inspectora hay que añadir los fallos judiciales en donde se da la razón a la Administración tributaria sobre los criterios de tributación de empresas filiales de residentes en España respecto a su matriz situada en otro país. El último caso fue la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Dell a aplicar el criterio de la Agencia Tributaria sobre las ventas realizadas en España entre 2000 y 2003 y la obligación de no desviar los beneficios a Irlanda.

Los hechos están poniendo de manifiesto que el mencionado acuerdo «país por país» es muy práctico ya que los países podrán obtener información desagregada de los impuestos que pagan las multinacionales cuya matriz se encuentra afincada en los Estados que han firmado el acuerdo.