Las empresas de países con menor transparencia fiscal rendirán cuentas a España desde 2018

Así lo recoge el borrador del Reglamento del Impuesto de Sociedades, que obliga a las multinacionales a informar a Hacienda de sus cuentas país por país en 2017, con datos relativos al ejercicio fiscal 2016. Esta norma se aplica a las compañías que facturen más de 750 millones de euros. Si bien excluye a las filiales en España, el Gobierno puede reclamar información sobre ellas a los estados de origen de sus matrices.

La obligación es una de las medidas estrella de la OCDE en su proyecto BEPS para luchar contra la elusión fiscal de las multinacionales. En los últimos meses se han revelado los acuerdos entre Luxemburgo y varias multinacionales como Amazon, para ahorrar impuestos. El pasado mes de octubre, 54 países –entre ellos España– se comprometieron a firmar el intercambio automático de información fiscal y financiera de la OCDE desde 2017 y 2018.

Desde el Ministerio de Hacienda destacan que en el caso de los países que se quedaron fuera del acuerdo, se ha adoptado la resolución de postergar el informe país por país de las multinacionales para darles tiempo a sumarse.

Por ejemplo, si Hacienda reclama las cuentas de la filial española de una empresa tecnológica con sede en Luxemburgo –país que hasta 2018 no adoptará el intercambio automático de información–, hasta ese año no podrá recibir la información. Lo mismo se da en el caso de compañías en paraísos fiscales que directamente han rechazado implantar esta iniciativa internacional, como Vanuatu o Liechtenstein.

Néstor Carmona, jefe de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, destacó el lunes esta nueva obligación durante su intervención en el X Foro de Precios de Transferencia, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y KPMG. El inspector de Hacienda reseñó que la información de las multinacionales será «confidencial».

Carmona explicó asimismo que en los últimos meses, el Fisco ha iniciado entre 80 y 90 acuerdos con empresas sobre las operaciones que realizan con entidades vinculadas, es decir, los llamados acuerdos previos de valoración en materia de precios de transferencia (APA).

Otra de las novedades del Reglamento de Sociedades que reseñó Carmona fueron las menores obligaciones de documentación para las empresascon ingresos menores a 45 millones de euros. En el caso de operaciones vinculadas, si el importe de la contraprestación no supera los 250.000 euros tampoco deberá notificarse.