El fondo para rescatar a empresas estratégicas de Sepi dejará al menos 5.785 millones sin repartir

La SEPI ya acelera para concluir todos los expedientes que todavía están abiertos. El calendario es apretado. Las solicitudes tienen que ser aprobadas primero por el consejo gestor del Fondo y más tarde recibir el visto bueno del Consejo de Ministros. Y apenas quedan tres reuniones ministeriales hasta el 30 de junio, salvo que se convoque por sorpresa algún consejo extraordinario.

Pese a ello, en la SEPI reina la calma. El máximo órgano gestor del Fondo de Rescate de Empresas Estratégicas tiene previsto dar respuesta a cerca de una veintena de empresas antes de la fecha de expiración y tiene todos los tiempos calculados. Según deslizan fuentes de la propia compañía, los 19 expedientes que faltan por resolver suman un total de 1.713 millones de euros.

Esa es la cantidad máxima que otorgará el Fondo hasta su extinción, después de haber repartido 2.502,8 millones de euros a 23 empresas en sus dos años de vida (el 47% de los 5.367,5 millones solicitados), apenas el 25% de los 10.000 millones con los que está dotado el fondo de rescate para empresas estratégicas. Por lo que la SEPI aspira a conceder 4.215 millones de euros, poco más del 40% de su dotación de resolverse los 19 expedientes en cola. Algo que parece bastante improbable dado que supondría dar salida en menos de tres semanas a prácticamente los mismos rescates que no se han efectuado en dos años.

¿Por qué se ha tardado tanto en conceder las ayudas? Desde una de las compañías que solicitaron auxilio a la SEPI explican que el mecanismo de funcionamiento del fondo cambió radicalmente tras la concesión de los primeros rescates. Primero despertó dudas el caso de Air Europa –que recibió dos préstamos valorados en 475 millones de euros – por la implicación que tenía la ayuda en la posterior operación de venta de la compañía a su histórico rival, Iberia. A finales de noviembre de 2020 el Consejo de Ministros autorizó la ayuda, distribuida en un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235. La cuantía no fue casual. Como el préstamo participativo fue inferior a los 250 millones de euros, la subvención no necesitó el visto bueno de la Comisión Europea .

La operación despertó dudas sobre el funcionamiento del fondo. Pero la gota que colmó el vaso fue el caso de Plus Ultra . Los supuestos vínculos de la aerolínea con el régimen de Nicolás Maduro y las dudas sobre la calificación de estratégica que recibió una compañía aérea que transportó 47.194 pasajeros en 2020 generaron un aluvión de críticas contra el fondo en particular y contra la SEPI en general. El asunto llegó a los tribunales, e incluso hubo imputaciones a miembros del consejo gestor.

Estas mismas fuentes explican que, después de ello, «los funcionarios se pusieron en alerta y se negaron a firmar determinados documentos por temor a represalias públicas posteriores». Los procesos se demoraron y pasaron más de cien días hasta que se volvió a conceder un rescate público. Un parón que ha condicionado el desembolso de un fondo con fecha de caducidad.

Por eso la SEPI cuenta todavía hoy, a falta de 18 días para el cierre del mecanismo, con casi 20 expedientes abiertos. Cerca de un tercio de los 1.713 millones de euros que siguen en juego podrían ir a la empresa acerera Celsa . El gigante de la siderurgia cuenta con el visto bueno de la SEPI para recibir un préstamo de 550 millones, en lo que sería el rescate de mayor cuantía hasta el momento, pero la empresa debe contar primero con la autorización de sus acreedores para recibir la ayuda pública, entre ellos los bancos de inversión Deutsche Bank y Goldman Sachs, y los fondos SVP y Cross Ocean. Unas gestoras «que no financiaron» a Celsa, según la compañía, sino que adquirieron su deuda en el mercado secundario «con enormes descuentos de hasta el 90%».

Tras una primera oferta por parte de los acreedores que Celsa ha considerado «incompatible» con el apoyo estatal, la compañía industrial catalana ha puesto sobre la mesa una segunda propuesta en la que ofrecen otros 400 millones adicionales al dinero del rescate, que los fondos cobrarían tras devolver el dinero a la SEPI. Algo que ocurriría en un máximo de siete años. La respuesta debe ser inmediata, pues el consejo gestor del Fondo, una vez apruebe el expediente, tendrá que elevarlo a la Comisión Europea al tratarse de una ayuda donde el préstamo participativo supera los 250 millones de euros. El único hasta el momento que habría tenido que pasar por este filtro. Solo de superar esta fase llegaría finalmente al Consejo de Ministros, por lo que el tiempo apremia para la resolución de la ayuda a Celsa .

La otra 'patata caliente' es la de Abengoa . La matriz de la multinacional con sede en Sevilla podría entrar en fase de liquidación el 1 de julio si no recibe los 249 millones que lleva pidiendo al Fondo para Empresas Estratégicas desde hace más de un año. El juez ya ha avisado a la compañía que esa es la fecha tope para aprobar el convenio de acreedores, y este pasa por la llegada del dinero del fondo de rescate, que serviría para facilitar la entrada del fondo estadounidense TerraMar Capital en su filial Abenewco, además de para poder negociar una nueva refinanciación de su deuda. La presión es máxima. Cientos de trabajadores se manifestaron la semana pasada en Sevilla y están previstas otras movilizaciones y encierros tanto en la capital andaluza como en Madrid a lo largo de este mes.

El resto de empresas que esperan ser apoyadas por el Estado también atraviesan un momento complejo. En contra también juega el criterio del fondo para conceder las ayudas. De los más de 50 expedientes finalizados, 27 solicitudes han sido denegadas , según aseguran fuentes de la sociedad dependiente de Hacienda. Más de las que han sido aprobadas. Unas peticiones que sumaban un total de 1.151 millones, entre las que se encontraba la de la hotelera Room Mate, abocada ahora a su venta a un fondo oportunista. En otros casos, como son los de las aerolíneas Albastar y la cadena de hoteles Silken, decidieron mudar su solicitud al fondo de recapitalización para pymes que dirige Cofides.

En el caso de Silken, la SEPI llegó incluso a publicitar la contratación de asesores financieros y jurídicos para estudiar su caso, por lo que parecía que la concesión de la ayuda llegaría a buen puerto. Pero finalmente ha sido el mecanismo de Cofides el que ha apoyado a la hotelera vasca con 22,5 millones de euros. El holding público se escuda en que las solicitudes movidas al fondo para pymes no requerían de la cantidad mínima que puede conceder el fondo: 25 millones de euros. Aunque algunas empresas afectadas tienen una visión distinta, pues aseguran que «en ningún momento» recibieron mensaje de la SEPI, como así explican fuentes internas de una de las firmas rescatadas por Cofides a este periódico.