La Fiscalía pide 4 años de cárcel a Rodrigo Rato por la publicidad de Bankia

Según el escrito de acusación conocido hoy, el exministro «con desprecio al principio del lealtad a que le obligaba su cargo, decidió sacar provecho económico» para favorecer a ambas firmas a cambio de comisiones o «astillas» por importe de dos millones, de los cuales él personalmente habría percibido 835.024 euros a través de Kradonara 2001, considerada epicentro de su entramado societario.

Para ello se sirvió de «tres personas con quienes mantenía desde hacía años vínculos personales y profesionales», su secretaria personal, Teresa Arellano, el ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella y uno de los presuntos testaferros de Rato, Miguel Ángel Montero, para los que la Fiscalía pide tres años de prisión.

Éstos, junto al exdirector de Comunicación Externa de la entidad, Miguel Robledo, otro de los supuestos hombres del exministro, Alberto Portuondo, y una de sus empleadas, Beatriz Colomer, permitieron construir una auténtico «grupo de presión» dentro del departamento encargado de la contratación de las campañas.

Anticorrupción otorga un papel primordial en los hechos a Portuondo, para el que reclama idéntica pena que a Rato por contactar «a mediados de 2010» con los representantes de Zenith y Publicis para que ambas empresas «accedieran en condiciones ventajosas y preferentes a los concursos de publicidad que se iban a orquestar».

Fue de este modo como conoció a Francisco Xabier Olazabal, Miguel Ángel Furones, Sagrario Bua y Fabrizio Bini, directivos de Publicis por aquellas fechas, así como a Sergio Lorca, Fernando Rodríguez y María Cándida Rodríguez, también procesados y para los que solicita tres años de cárcel.

Todos ellos, «sabedores de las 'ventajas' que el pago de comisiones iba a generar para su empresa », aceptaron la propuesta de Portuondo, al que pagaron «cantidades completamente injustificadas y que respondían en realidad a un 'peaje'».

El 1 de febrero de 2011, Publicis firmó el contrato de publicidad con Bankia, en tanto que justo un mes más tarde Zenith hizo lo propio la matriz, BFA, a pesar de que había «opciones más favorables económicamente» y «de espaldas» al Consejo de Administración.

Para Fiscalía, tras esta operativa subyacía la motivación «eminentemente económica» de Rato, que para «dar apariencia de legalidad a los pagos de comisiones que recalaban finalmente en Kradonada, suscribió un supuesto contrato de asesoría» con la sociedad de Portuondo, Albisa.

En este punto entra en escena Domingo Plazas, abogado del exministro que se enfrenta a tres años de prisión como gestor de tales cuantías.

Al margen de las personas físicas, que podrían ser inhabilitadas para el ejercicio de actividades de banca o publicidad entre cinco y seis años y tener que responder de los 2,5 millones de la multa, el escrito también se dirige contra las firmas , para las que solicita una multa de 100 euros diarios durante dos años.

Además, ordena el comiso de más de dos millones de euros en concepto de las comisiones.

En junio de 2018, la fiscal Elena Lorente ya instó al juez a que procesara al ex director general del FMI y al resto de investigados por esta pieza del caso Rato, vigente desde la primavera de 2015 en el juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.

Sin embargo, no fue hasta el pasado 21 de febrero cuando el magistrado Antonio Serrano-Arnal dio el paso, después de que Bankia alegara que «carece de antecedente o documentación relativa al informe de valoración» del que se habría servido el antiguo equipo del banco para decidir sobre el concurso.