EFE
ECONOMÍA

El fiscal general del Estado no cree que el escándalo de las preferentes sea una «estafa»

Remite a la vía penal «las excepciones», como en las que la firma es una huella dactilar o cuando los clientes son discapacitados

LA CORUÑA Actualizado:

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha reconocido que es «difícil» establecer que hubo «un negocio de estafa» en la comercialización de las preferentes por parte de entidades bancarias al sustentarse la relación entre cliente y entidad en un contrato civil.

No obstante, ha admitido que hay «excepciones» en situaciones «concretas», ha indicado en alusión a casos en los que la firma fue con una cruz o una huella dactilar, en los que los clientes eran personas discapacitadas o en los que se constate que hubo falta de información. «Esas situaciones hay que investigarlas desde el punto de vista penal», ha señalado Torres-Dulce, quien ha añadido que «es difícil establecer que un producto financiero con ese nivel de relación -ha indicado en relación a los contratos civiles- pueda entenderse como un negocio de estafa».

Preguntado por las posibilidades de que los perjudicados perciban su dinero, ha indicado que «no todo es el derecho penal» y que también queda la vía civil. Asimismo, ha respaldado el arbitraje y ha insistido en que defenderá «cualquier elemento para que los inversores privados puedan recuperar el dinero».