Los fabricantes de vehículos valoran como «muy necesaria» la Ley que pone fin al coche de combustión

El documento redactado por el equipo de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera , pendiente ahora de su tramitación parlamentaria, recoge que «se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km». Tanto Anfac como Faconauto consideran positivo que el objetivo de descarbonización del parque se preve a alcanzar sin prohibir tecnologías concretas, como el diésel o la gasolina, aunque en la práctica los aboque a su desaparición, puesto que en la actualidad los únicos modelos que cumplen este objetivo son los eléctricos y los de pila de combustible. Ambas tecnologías son, al menos por ahora, muy minoritarias.

«La ley era muy necesaria pues configura un marco nacional a nivel normativo y fija los objetivos de largo plazo. A su vez, es el punto de partida para empezar a diseñar las herramientas necesarias para convertir esos objetivos en realidades», según el director general de Anfac, José López-Tafall . Para Anfac, la inexistencia de prohibiciones taxativas y la generación de un horizonte de trabajo progresivo y alineado con Europa es positivo porque contribuye a la innovación en las diferentes tecnologías y permite generar una hoja de ruta clara, según ha destacado la asociación en un comunicado. «Se abre un nuevo camino y el sector de la automoción está plenamente comprometido con recorrerlo y definirlo de manera consensuada con el Gobierno y el resto de fuerzas políticas», afirmó López-Tafall.

El proyecto legal no recoge, finalmente, una prohibición expresa de los turismos diésel, gasolina o híbridos -como sí planteó el Ejecutivo en un inicio, al decir en un documento de trabajo que «no se permitirá a partir del año 2040 la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de CO2-, pero sí impulsará «las medidas necesarias» para que en 2040 ya no se comercialicen, y diez años después, en 2050, desaparezcan de las carreteras, salvo algunas excepciones. Un cambio de redacción ya plasmado en la segunda redacción del proyecto legal, y que aparentemente ha servido para agradar a la vez a Transición Ecológica y a la industria del automóvil.

«El proyecto de ley recoge letra a letra el compromiso de la Unión Europea», ha resaltado Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. « Ir de la mano de la UE nos aporta una garantia para la transformación de un sector fundamental de nuestra economía», aseguró, en referencia a los grupos que quieran adelantar en el tiempo los objetivos del texto legislativo. Pese a ello, «confirmo que, de acuerdo a las disposiciones de la UE, que a partir de 2040 los coches nuevos serán de cero emisiones directas, y a partir de 2050 quedarían fuera de circulación los vehículos con motor de combustión salvo los históricos y algunas excepciones muy particulares», ha insistido Ribera en la rueda de prensa. La vicepresidenta ha destacado también que «en el anteproyecto de Ley se introduce la obligacion de que los municipios de mas de 50.000 habitantes delimiten zonas de bajas emisiones. No es descartable que a partir de 2023 se introduzcan limitaciones a este tipo de vehículos», ha avisado.

Por su parte, Faconauto valoró que el texto «aporta claridad y transmite confianza a los consumidores a la hora de cambiar su vehículo, ya que podrán optar sin miedo por todas las tecnologías disponibles en el mercado». «A partir de ahora, y mientras se avanza hacia la descarbonización, será esencial que Administración y sector sigan trabajando en políticas que tengan en cuenta esa diversidad de tecnologías para reducir las emisiones, siempre desde una perspectiva social», resalta en otro comunicado, en el que pide «asegurar que ciudadanos y empresas satisfagan sus necesidades de movilidad y dar certidumbre a un mercado hoy paralizado por el impacto del coronavirus». En este sentido, los concesionarios coinciden con los fabricantes en reclamar «herramientas» que permitan «conseguir ese objetivo común, que pasa particularmente por un impulso definitivo de los vehículos de bajas o nulas emisiones».

También la asociación de vendedores de vehículos Ganvam ve con buenos ojos el proyecto de ley. La asociación, no obstante, insta a la Administración «a sentarse con el sector cuanto antes para la puesta en marcha de un plan que de forma coordinada permita cumplir con los retos medioambientales europeos a la vez que haga posible impulsar la recuperación de la automoción, en un momento en el que la crisis del coronavirus ha parado en seco su evolución».

En el mismo sentido se han expresado desde Sernauto , la asociación que agrupa a las empresas proveedoras de automoción. «Es imprescindible contar con un plan país para el sector automoción que reúna a todos losactores implicados y que nos permita mantener los niveles de empleo y competitividad de nuestras empresas, tal y como se está haciendo en Alemania, Francia o Reino Unido. Es perentorio, y más en estos momentos, establecer una hoja de ruta clara que permita a nuestro país seguir siendo referencia en automoción», según su director general, José Portilla.

Las asociaciones no se han referido a uno de los puntos que puede causar fricción en los próximos años, por el que «se ofrece la posibilidad a las comunidades autónomas insulares , por su vulnerabilidad frente al cambio climático, a instar al Estado a establecer medidas de promoción de movilidad limpia, consistentes en restricciones de la circulación de turismos y furgonetas en su ámbito territorial ». El año pasado Baleares decidió paralizar su veto adelantado a los diésel, previsto para 2025 , tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo central que puso en paréntesis su propio proyecto regional contra el cambio climático, a la espera de que se aprobara un texto regulatorio a escala nacional.

El texto de Transición Ecológica también contempla otras iniciativas que afectan al sector del automóvil, como la obligatoriedad de que las estaciones de servicio cuyas ventas anuales de gasolina y gasóleo superen los cinco millones de litros instalen infraestructura de recarga eléctrica, de potencia igual o superior a 50 kW . También deberán instalarlos las concesionarias de las redes estatales de carreteras. El Gobierno, además, desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos de recarga.

De igual modo, todos los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas, ya sea en el interior o en un espacio exterior adscrito, deberán cumplir la exigencia relativa a las dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos establecida en el Código Técnico de la Edificación.

El automóvil ha reclamado un plan de ayudas urgente para incentivar la compra de vehículos nuevos, no solo eléctricos sino también diésel y gasolina, que ayude a concesionarios y factorías de la grave parálisis causada por el coronavirus. Transición Ecológica se comprometió a principios de mayo a impulsar medidas de estímulo de la demanda a corto y medio plazo . Por ahora, el Ejecutivo solo ha puesto sobre la mesa una segunda edición del Plan Moves de ayuda a la compra de eléctricos, con 65 millones de euros, y requisitos de acceso más flexibles que en la anterior edición. No obstante, el Gabinete de Ribera considera necesarias ayudas de 200 millones de euros al año hasta 2025 para incentivar la adquisición de modelos de cero emisiones y compensar su sobreprecio, según se recoge en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece el objetivo de que en 2030 haya cinco millones de vehículos eléctricos en España. A 1 de enero de 2020, había 84.218 , entre turismos, motocicletas, ciclomotores, camiones y autobuses.

Dicho documento, que marca la estrategia climática del Gobierno bajo supervisión de la Unión Europea, también avanza que el Ministerio de Hacienda « analizará la conveniencia y viabilidad de una reforma fiscal en el sector del automóvil , dirigida a internalizar las externalidades ambientales de los combustibles fósiles, en la que se podría considerar entre otros la reforma del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) o impuesto de matriculación para actualizar los umbrales de emisiones de CO2 a partir de los cuales se abona el impuesto u otros impuestos a la compra o el uso del vehículo». Como ya adelantó este diario, dicho tributo debe ser revisado antes de que acabe el año o la factura fiscal de la mayoría de vehículos sufrirá un incremento notable .

Por otro lado, España, a través del ministerio de Industria, ha solicitado que un 10% de los fondos de rescate europeos se destine al sector del automóvil. El ministerio que dirige Reyes Maroto sí se ha mostrado abiertamente favorable a aprobar cuanto antes medidas de estímulo con «neutralidad tecnológica» (es decir, que lleguen tanto a los eléctricos como a los híbridos y modelos diésel o gasolina), pero resalta que la falta de unos Presupuestos Generales - se mantienen prorrogados los de 2018- dificulta su aprobación.