Exgestores de las cajas de ahorros evitan ir a la cárcel a pesar de ser condenados

Muchos banqueros más, como los consejeros de Bankia durante la salida a Bolsa y los dirigentes de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), son todavía investigados por sus excesos en la era previa a la crisis.

Por ahora, solo un juicio ha finalizado con absolución : el de dos exdirectivos de la CAM (Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés) acusados de facilitar el cobro irregular de dietas abusivas en la caja. El que tuvo más peso en la caja, López Abad, está también procesado en la causa principal de la CAM, que ha acreditado que ocho exdirectivos falsearon las cuentas, entre ellos, el expresidente Modesto Crespo. Además, «cobraron indebidamente» 47 millones de euros.

Esta semana, la Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al expresidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó –exdiputado del PSOE que se comportó como un auténtico poder fáctico en la región–, por un delito de falsedad contable.

El juez central de lo penal, José María Vázquez, considera que Moltó y el ex director general de la caja, Ildefonso Sánchez, ocultaron unas pérdidas «galopantes» en las cuentas de 2008, a pesar de los avisos del Banco de España, que calificaba a la entidad de «inviable», con la intención de exhibir una imagen falsa de la caja. Moltó quería mostrar una imagen más boyante que la real en las negociaciones para una fusión, que no sucedió.

El 28 de marzo de 2009, el supervisor intervino la entidad, que necesitó un rescate de 9.000 millones de dinero público . Al maquillar los resultados, Moltó y Ortega perjudicaron a los inversores y depositantes, que tomaron sus decisiones en base a una información falsa, concluyó el juez, que les impuso una multa de menos de 30.000 euros, una parte ínfima comparada con el rescate público.

¿Por qué todos han sido condenados solo a dos años, la frontera exacta que permite no entrar en la cárcel? En la sentencia contra Moltó, a quien la Fiscalía pedía dos años y medio de cárcel, el juez –el mismo que condenó a los exdirectivos de Caixa Penedés– aporta una pista: explica que no fija una pena más elevada porque no hubo enriquecimiento personal. Moltó y Ortega falsearon las cuentas, pero no se llevaron dinero. «No resulta procedente imponer la pena en su mitad superior cuando no se ha acreditado que los acusados se hayan apropiado para sí de cantidad alguna», dice el juez.

Vázquez Honrubia absolvió a la antigua cúpula de CCM del delito de administración fraudulenta al descartar que fueran responsables de otorgar unos créditos ruinosos que perjudicaron a la caja. Rechazar el delito de administración desleal evita tener que indeminizar porque supone descartar que causaran un perjuicio a la caja. La Fiscalía no acusó por este delito y solo solicitó dos años y medio de cárcel.

El magistrado concluye que las inversiones se basaron en motivos políticos. El mejor ejemplo es el aeropuerto «fantasma» de Ciudad Real, que fue financiado con más de 330 millones de euros por CCM.

Esta explicación –que los condenados no se apropiaron de dinero de la entidad– no se cumple en el caso de Caixa Penedés, cuya cúpula fue la primera en pasar por el banquillo. El magistrado condenó al exdirector Ricard Pagès y a otros tres exdirectivos a dos años de cárcel por un delito continuado de administración desleal por otorgarse pensiones de 30,6 millones de euros sin pasar por los órganos de control. En el último suspiro del juicio, los cuatro implicados pactaron con las acusaciones particulares (de Banco Mare Nostrum y la fundación de la caja) y reconocieron los hechos, una conformidad a la que no se sumó la Fiscalía, que solicitaba tres años y medio para Pagès y tres para los demás. En el pacto, la antigua cúpula de Caixa Penedés aceptó devolver 28,6 millones de las pensiones cobradas. El juez valoró este gesto como una atenuante muy cualificada –«es realmente anómalo que en este tipo de delito se repare el daño causado»– y les condenó a dos años, como pedían las acusaciones.

En la tercera causa, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional condenó a dos años de cárcel a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia –la fusión de las cajas gallegas Caixanova y Caixa Galicia– a pesar de que la Fiscalía pedía tres años. El expresidente Julio Fernández Gayoso, tres exdirectivos (José Luis Pego, Óscar Rodríguez y Gregorio Gorriarán) y el asesor laboral de la cúpula tienen además que devolver los 18 millones que cobraron como indemnizaciones en plena crisis. El tribunal considera que «abusaron de su cargo» para mejorar sus contratos ante su previsible salida de la caja, que ya marchaba moribunda y fue rescatada con 9.042 millones de euros.

Aun así, los jueces pueden encarcelar a un condenado a dos años o menos, como ha sucedido con el exministro del PP Jaume Matas. Es su potestad.