Europa, el reto de blindar la competencia en el cambiante entorno digital

El último expediente sancionador ha sido contra Google por abuso de posición de dominio en el mercado al imponer su sistema operativo Android en los teléfonos móviles, que se suma a los recientes contra otros titanes norteamericanos, como Amazon o Qualcomm. Hay que recordar que hace apenas un año hubo otro expediente de Bruselas contra Google. La cuestión no es baladí ya que las empresas declaradas culpables pueden tener que afrontar una multa de hasta el 10% de sus ventas, como le pasó en su día a Microsoft en un caso similar. Desde Bruselas se niega la mayor y se asegura que no hay ninguna ofensiva contra las empresas norteamericanas per se, sino que lo que se busca es que se cumplan las reglas de competencia en aras de garantizar precios bajos para los consumidores y los mayores estándares de innovación, la clave para aumentar la productividad de Europa y que se cree empleo.

En EE.UU. las cosas no se ven igual, como es normal, y llevan una política de defensa de la competencia con un perfil más bajo con el argumento de que el entorno digital es muy cambiante y, como consecuencia, los negocios de las empresas y de ahí la dificultad de su regulación. Así, el último caso relevante que se recuerda data de 2012, cuando las autoridades de Washington acusaron a Apple y a un puñado de grandes editores de fijar los precios de los libros electrónicos. Ya en el año 2001 Washington estaba dispuesto a autorizar la compra de Honeywell por parte de GE mientras que la Unión dijo que no. Los expertos consideran que Estados Unidos es más abierto a los negocios que Europa, y un ejemplo de ello es Sillycon Valley.

De este modo, en aplicación de las leyes europeas de Competencia, Bruselas ha puesto pegas a fusiones en el sector farmacéutico y de instrumentos médicos, así como en las de General Electric y Alstom, con el objetivo de que los acuerdos de integración no redujeran la innovación. Las pegas en estos casos se convirtieron en obligaciones para que las empresas resultantes vendieran algunos proyectos que estaban ultimando.

Pero la actividad de Competencia no se limita solo al sector tecnológico, sino que en la mente de todos están las prohibiciones totales de algunas fusiones, como la que pretendieron Ryanair y Aer Lingus, que hubiera provocado sin duda una subida de los precios de los billetes de avión en Irlanda, ya que la resultante habría sido un monopolio. Finalmente Aer Lingus acabó integrándose en el holding IAG, con mucha menor presencia en Irlanda, con lo que desde el punto de vista de la competencia presentaba menos dificultades.

Fuentes del departamento de Competencia explican que «lo ideal es que cualquier fusión no implique una reducción del número de empresas que operan en un mismo sector en un país, ya que normalmente esto supone subidas de precios, como se ha desmostrado en algunos casos en los que tras la prohibición de la fusión las acciones de las empresas implicadas cayeron en Bolsa, o lo que es lo mismo, los accionistas y las propias compañías esperaban que la resultante de la fusión subiera los precios, lo que ellas denominan reparación de mercado».

En cuanto a la actividad de las fusiones en los años previos a la crisis de 2008 hubo muchas notificaciones de este tipo de operaciones a la Comisión Europea que, posteriormente se redujeron fruto de la caída de la actividad económica. Así, se pasó de los 402 casos notificados en 2007 a solo 337 el año pasado, sobre todo en las áreas de farmacéuticas y telecomunicaciones que, fruto del dinero barato que está poniendo en el mercado el Banco Central Europeo, se están desendeudando y están haciendo operaciones corporativas.

La acción de Bruselas no se limita a frenar posibles abusos de mercado o al control de las fusiones, sino que tiene que vigilar que no haya distorsiones en los mercados fruto de ayudas de Estado injustificadas a sus propias empresas. La regla principal es que no se debe inyectar dinero público en ningún sector, aunque puede haber excepciones como la «ayuda de mínimis», por la que se pueden dar hasta 200.000 euros durante tres años a un sector concreto sin tener que comunicar a Bruselas esta ayuda.

Aunque lo que se ha visto desde la crisis económica es que esta regla general tiene excepciones, como las millonarias ayudas que han recibido el 30% de los bancos europeos en los últimos seis años, porcentaje que se eleva al 75% en el caso de Reino Unido, Irlanda y Grecia. En principio estas ayudas, en forma de recapitalización directa o de garantías, se recuperarán por parte de los Estados, cosa que ha sido puesta en duda por muchos expertos, ya que algunas de las entidades «rescatadas» siguen sin ser viables. Las rebajas de impuestos a las empresas también son ayudas de Estado ilegales y son perseguidas desde hace años por Bruselas, como fue el histórico caso conocido como las «vacaciones fiscales» del País Vasco.

Otro de los principales enemigos de las políticas de defensa de la Competencia son los cárteles, los acuerdos ilegales secretos a los que llegan las empresas de determinado sector para fijar los precios, restringir el aprovisionamiento de determinadas mercancías o simplemente repartirse el mercado. En este amplio capítulo de los cárteles se enmarcan la manipulación de los índices Líbor, la producción de algunos componentes para fabricar coches o productos de gran consumo y alimentación.

La comisaria de Competencia ultima estos días la decisión final sobre si aprobar o no la venta de la filial británica de Telefónica, O2, al grupo honkonés Hutchinson por 13.500 millones de dólares. Su visto bueno supondría reducir el número de operadores de móviles en Reino Unido de 4 a 3, lo que en principio es negativo, como se comprobó en Irlanda, Austria y Alemania, donde operaciones similares fueron prohibidas por la reducción del número de actores en el mercado. Ese es el principal argumento del regulador británico para solicitar a Bruselas un «no» rotundo a la operación de venta de O2. La decisión final podría ser, según fuentes próximas a la operación, por obligar al operador honkonés a vender parte de su red a otros operadores, ya que en Reino Unido solo hay dos empresas que operan la red de telefonía móvil. La decisión final antes del 19 de mayo.

INTEL: El Tribunal General confirmó en 2014 la multa de 1.060 millones de euros impuesta a Intel por haber abusado de su posición dominante en el mercado de los procesadores x86 entre los años 2002 y 2007, al poner en práctica una estrategia destinada a sacar del mercado a su único competidor serio, la empresa Advanced Micro Devices. Intel ocupaba una posición dominante porque poseía alrededor del 70% o más del mercado en ese momento.

T-MOBILE-ORANGE: El proceso de concentración de las telecomunicaciones no es nuevo. Hace ya seis años Bruselas daba vía libre con condiciones a la fusión de Orange y T-Mobile en Reino Unido, lo que creó el mayor operador de redes móviles con una cuota de mercado del 37%. La decisión se condicionó a que Orange y T-Mobile modificaran el reparto de las redes para asegurar que hubiera suficiente competencia en el mercado, y la desinversión de una cuarta parte del espectro combinado de las compañías en la banda de los 1800MHz.

GENERAL ELECTRIC-ALSTOM: La Comisión Europea aprobó en septiembre del año pasado con condiciones la compra de la francesa Alstom por parte de la norteamericana General Electric pero exigió la venta de la división de fabricación de turbinas de gas, ya que la operación suponía que el primer fabricante del mundo absorbía al tercero. Además se exigió al gigante americano que creara una división de innovación similar a la que tenía Alstom. La operación se cerró finalmente en noviembre del año pasado por 9.700 millones de euros, la mayor compra de General Electric.

SIEMENS-DRESSER: La Comisión Europea autorizó el año pasado la compra del fabricante americano de equipos rotatorios Dresser-Rand por parte de la alemana Siemens. Este caso fue importante porque ambas empresas se dedicaban a lo mismo, los turbocompresores y los motores que los propulsan, y lo que parecía una reducción de tres a dos operadores en el mercado finalmente no lo fue porque no competían en Europa, así que finalmente recibió el visto bueno de la Comisión Europea.

RYANAIR- AER LINGUS: Este es un caso de manual. Bruselas prohibió la fusión de Ryanair y Aer Lingus en 2013, ya que hubiera dado lugar a un monopolio con 46 rutas aéreas desde y hacia Irlanda con un tráfico de pasajeros estimado de 11 millones anuales. El argumento de la Comisión Europea fue que la fusión hubiera supuesto una subida de precios automática de los billetes de avión. Años después, concretamente en agosto de 2015, la Comisión sí aprobó la compra de Aer Lingus