Europa impulsa el ariete contra la ingeniería fiscal de las multinacionales

Todavía no están los detalles pero han asegurado, en un aviso a navegantes, que van a proponer al resto de países europeos un plan para que los gigantes de internet paguen una «contribución justa» a las arcas de los países donde ganan dinero. El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, fue el encargado de hacer el anuncio hace unos días. «Desvelaremos el plan junto con nuestros colegas alemanes en el Consejo de Ministros informal de Economía y Finanzas que tendrá lugar el día 15 de septiembre en Tallin para conseguir que los gigantes tecnológicos como Google, Apple, Facebook y Amazon paguen impuestos. Proponemos tomar el beneficio de estas compañías como el punto de referencia y usarlo para determinar los impuestos que tienen que pagar en cada uno de los países en los que hacen negocio», explicó hace unos días.

Esta iniciativa se produce precisamente unos días después de que la Justicia gala echara para atrás una petición del Tesoro francés a Google para que pagara 1.100 millones de euros de impuestos. El argumento del tribunal fue que «la subsidiaria irlandesa de la compañía norteamericana no tiene que pagar impuestos en Francia».

No hay que olvidar que el propio presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, ya anticipó durante su campaña electoral que «los tipos de interés bajos de los impuestos que pagan algunas empresas son una fuente de resentimiento sobre la globalización y profundamente injusto para las compañías europeas».

El mensaje de fondo es que Europa tiene que empezar a defender sus intereses económicos de manera más firme, tal y como lo están haciendo China o Estados Unidos. «Lo que no puede ser es que haya empresas que obtienen beneficio en Francia porque hacen negocios aquí o en Europa en general sin pagar los impuestos que pagan las empresas francesas o las europeas», aseguró Le Maire.

Esta propuesta franco alemana no es de estos días, sino que ya en julio, en el marco de una cumbre entre los máximos líderes de los dos países, el mencionado Macron y la canciller alemana Angela Merkel, se trató este asunto aunque, la democracia manda, no habrá decisión alguna por parte germana hasta que pase el 24 de septiembre, fecha de las elecciones generales.

Esta batalla para que las grandes tecnológicas americanas «pasen por caja» no es ni mucho menos nueva. La Comisión Europea, por ejemplo, decidió el año pasado que Apple tenía que pagar 13.000 millones de euros más intereses a cuenta de impuestos que había dejado de abonar a la Hacienda irlandesa. La cuestión es que tanto Apple como Irlanda están haciendo piña en este caso y ambos luchan conjuntamente contra Bruselas para que la empresa fabricante de los populares iPhones no tenga que hacer frente a la mencionada suma. Este hecho, el que la Hacienda de un país no quiera que le paguen impuestos, es algo más que sorprendente y da idea de la alianza que tienen establecida en la que ambas ganan, un auténtico «win win».

La Comisión Europea tiene ya dos expedientes abiertos más de las mismas características, contra Amazon y McDonalds, por la misma razón que contra Apple pero en estos dos casos el país afectado es Luxemburgo, otro de los estados que utilizan las multinacionales somo sede fiscal en Europa para beneficiarse de su bajo gravamen en el impuesto de sociedades.

Jesús Rodríguez Márquez, socio y director de Práctica Tributaria en F&J Martín Abogados y ex director de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales, asegura que «cualquier propuesta como la que barajan Francia y Alemania en este sentido debe ser bien acogida, ya que persigue un objetivo deseable aunque, ahora bien, debe tenerse en cuenta que la fiscalidad internacional se rige, actualmente, por una red de convenios internacionales basado en un estándar común, promovido por la OCDE. Este tipo de iniciativas, al margen de dicho consenso, pueden plantear problemas por su colisión con los convenios suscritos. No obstante, las modificaciones en materia de fiscalidad internacional para implantar medidas dirigidas a evitar esta forma de elusión, se están produciendo a un ritmo muy lento, en el seño del proyecto BEPS de la OCDE y el G-20, lo que explica que algunos países, no solo Francia y Alemania, se hayan decidido a adoptar soluciones unilaterales».

Rodríguez Márquez cree que «es paradigmático el caso de Reino Unido y de Australia, que han creado el Impuesto sobre Beneficios Desviados (diverted profits tax, conocido usualmente como Google Tax) para luchar contra estas formas de elusión de las multinacionales. Es un impuesto paralelo al Impuesto de Sociedades, con un tipo de gravamen incrementado, que se aplica cuando aquéllas utilizan estructuras artificiosas para eludir tener presencia gravable en el territorio de estos países».

Llama la atención que no haya habido otros países que hayan recurrido a su propia «Google Tax». Francia hizo un intento pero su Consejo de Estado lo declaró inconstitucional, de modo que no pudo implementarse.

Por su parte, Desiderio Romero, investigador de Funcas, considera que «los gigantes de internet están llevando al límite, y parece que con cierto éxito hasta la fecha, sus modelos de ingeniería fiscal consiguiendo grandes rebajas en sus facturas fiscales. Al margen de consideraciones éticas, técnicamente hablando la normativa europea ofrece oportunidades de arbitraje fiscal a empresas con negocio de comercio electrónico permitiendo que sus beneficios se canalicen desde los lugares donde están los compradores de los servicios hacia otros países como Irlanda, Holanda o Luxemburgo, desde donde operan tales empresas. Es aquí donde reside el problema: la normativa lo permite, por lo que las oportunidades para limitar tales prácticas son escasas salvo que haya un acuerdo global de todos los países para eliminar tales prácticas».

Pero la pregunta del millón es por qué se permite esta ingeniería fiscal y la respuesta es porque no hay una armonización del tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades. Romero cree que «eliminar estas situaciones de arbitraje fiscal para que las empresas no canalicen sus beneficios buscando menores tipos pasa por la armonización de tales tipos de gravamen en el Impuesto de Sociedades. En los últimos 20 años ha habido una armonización espontánea hacia la baja de dichos tipos pero todavía existen grandes disparidades. Algo similar está ocurriendo en él ambito de la armonización para el cálculo de las bases de gravamen del Impuesto de Sociedades con dos intentos por parte de la Comisión en 2001 y 2011 que terminaron en fracaso».

Y, desde luego, para disparidades el caso de la mencionada Irlanda, que tiene un tipo de impuesto de sociedades de tan solo el 13%, el más bajo de la Unión Europea, aunque no muy lejano del de Luxemburgo, que tiene un tipo del 19%. Todos tenemos aún en la cabeza las fotos de edicios de oficinas en Luxemburgo en los que cientos de multinacionales tienen su sede fiscal pero que, en realidad, son unos despachos minúsculos en los que normalmente no hay ni siquiera nadie, son solo una tapadera fiscal que les permite pagar los impuestos en ese país sobre los beneficios que repatrían de otros países europeos.

La OCDE ha calculado que las pérdidas de recaudación en todo el mundo por la ingeniería fiscal de las multinacionales se pueden elevar a entre 100.000 y 240.000 millones de dólares anuales, o lo que es lo mismo, entre el 4 y el 10% de los ingresos de los impuestos sobre los beneficios de todas las empresas a escala mundial. Ahora Europa parece decidida a conseguir que la multinacionales pasen por caja.

El Gobierno español firmó en junio el convenio multilateral que permite implementar las medidas resultantes del proyecto BEPS (lucha contra la erosión de bases imponibles y el traslado de los beneficios a otro país en sus siglas en inglés) puesto en marcha por la OCDE y el G-20 que afectan a los convenios bilaterales para evitar la doble imposición (CDI). La firma de junio, que se celebró enParís y en la que participaron todos los países miembros del consejo ministerial de la OCDE fue el colofón a un proceso que se inició en 2015 para luchar contra la planificación fiscal agresiva. España tiene firmados 93 convenios de doble imposición de los que hay 3.500 que hay en todo el mundo.

En relación con la situación en nuestro país la Fundación Impuestos y Competitividad publicó un trabajo antes del verano llamado «Plan de accion BEPS: una reflexión obligada», en el que estos expertos pedían «una puesta en marcha equilibrada, en la que la cooperación de Administración y contribuyentes permita lograr los objetivos esenciales del Plan, conciliándolos con la obligada seguridad jurídica de los administrados, con el desarrollo y aplicación solvente de los nuevos mecanismos de resoluciones de conflictos y con un impacto global que no limite la competitividad de nuestra economía, perjudicando los intereses generales».