Los estibadores amenazan con nuevas huelgas

El foco del enfrentamiento no es otro que la reforma del sector. O más bien la demora en su aplicación. El real decreto-ley que aprobó el Gobierno el pasado 14 de mayo liberalizó la estiba y dio un año para que los convenios colectivos se adecuaran a la nueva reglamentación. Sin embargo, los trabajadores y las empresas advirtieron entonces de que determinados aspectos de la ley, como las ayudas para prejubilaciones de trabajadores o la constitución de los nuevos Centros Portuarios de Empleo (CPE) no se desarrollaban en profundidad . De hecho, el propio real decreto-ley condicionaba la aplicación de la norma a la aprobación del reglamento que la desarrolla.

Distintas asociaciones sindicales han reclamado en los últimos meses agilidad en la puesta en marcha de este reglamento, pero la realidad es que falta menos de una semana para que se cumpla el plazo establecido por el real decreto-ley y este no ha sido todavía aprobado . Como consecuencia, la negociación para la firma de futuros convenios colectivos se ha paralizado en un buen número de puertos. Y los estibadores han advertido de que barajan nuevas huelgas para protestar contra esta situación de «inseguridad jurídica».

El viernes, Antolín Goya, responsable del sindicato mayoritario del sector, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, avisaba, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, de que existe «gran preocupación» en el sector debido a esta situación y que, de no cumplirse los plazos señalados, los paros eran una seria posibilidad. « Nos sentimos desamparados », añaden fuentes sindicales, que puntualizan que la convocatoria de la huelga es una posibilidad que podría llegar esta misma semana.

Ante esta situación, la patronal del sector, Anesco, hizo ayer un «llamamiento» al Gobierno para que «resuelva la situación» y solicitó a las organizaciones sindicales que evitaran «nuevos periodos de conflictividad, que conllevarían efectos negativos en el desarrollo de los tráficos portuarios».

Lo cierto es que los puertos españoles habían regresado al crecimiento tras los paros producidos el año pasado. Según las estadísticas publicadas por Puertos del Estado hace escasos días, registraron en el primer trimestre de 2018 un tráfico de 135,2 millones de toneladas de mercancías , un 6,2% más respecto al mismo periodo de 2017. Algeciras (un 12% más, hasta los 26,5 millones de toneladas) y Barcelona (18,6% de incremento, hasta los 16,6 millones) registraron los repuntes más notables. Todo ello después de que en 2017 la huelga de estibadores ocasionara pérdidas cercanas a los 200 millones de euros.

También el Gobierno está intentando acortar los plazos para la aprobación del reglamento, que se articulará a través de un real decreto. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, señaló recientemente que la intención del Ejecutivo era que su aprobación se produjera antes del verano porque el texto contiene «algunas partes que evidentemente favorecen la aprobación de convenios colectivos».

Según ha podido saber ABC, el Gobierno tiene previsto que el real decreto, que se encuentra actualmente en trámite de informes internos, pase al Consejo de Estado este mismo mes. Un paso previo a su aprobación final en el Consejo de Ministros.

Esta premura, sin embargo, no garantiza que se eviten los paros . Los estibadores pretenden obtener un nuevo año de prórroga para aplicar las directrices que establezca la nueva ley. Esta premisa, de hecho, fue una de las alegaciones que presentaron al proyecto del reglamento. Una modificación, aseguran fuentes sindicales, que había sido considerado por el Ejecutivo en un primer momento. Sin embargo, su aplicación parece alejarse con el paso de los días.

La demora en la aplicación de la reforma de la estiba puede ocasionar un nuevo conflicto laboral, pero lo cierto es que la aprobación de la reforma no fue un proceso sencillo. Y ni siquiera puso de acuerdo a las empresas del sector.

El texto, de hecho, fue rechazado en el Congreso de los Diputados en una primera votación. Curiosamente, fueron finalmente los ocho diputados del PdeCAT los que desbloquearon la aprobación de la ley al oponerse. El PP, el PNV y Ciudadanos votaron a favor de la norma. Básicamente, la nueva norma fue planteada para cumplir con el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en una sentencia de 2014 reclamó la liberalización de la estiba a España . El incumplimiento de ese fallo estaba derivando en multas millonarias para el Estado.

El texto final recogía una serie de supuestos en los que las empresas estibadoras subrogarían en los CPE los estibadores que dependían de las Sociedad Anónima de Gestión Estibadores Portuarios (Sagep). Además, estableció una serie de medidas enfocadas a aumentar la productividad en los puertos y proponía ayudas de hasta 120 millones de euros para la reconversión del sector y las prejubilaciones de los estibadores de más edad.

Una serie de medidas que, si bien parecían determinantes en principio, fueron interpretadas de distinta forma por los estibadores y la patronal del sector. Una falta de entendimiento que, a su vez, provocó que las movilizaciones se extendieran hasta finales de junio.

No solo ello. Determinadas empresas de la estiba no estuvieron de acuerdo en cómo se plantearon los términos de la subrogación, que finalmente fue obligatoria . Fuentes del sector explican que esta circunstancia complica aún más los procesos de contratación. «La nueva ley no supone la liberalización del sector, sino la perpetuación durante años de los privilegios de los estibadores», destacan.