«Estamos en un escenario de precios muy altos y la situación es preocupante»

Retos para un auténtico fajador curtido en los pasillos comunitarios -fue director de gabinete de los comisarios europeos Marín y Pedro Solbes entre 1996 y 2004- y en la Junta de Andalucía, donde fue consejero de Agricultura dos veces. Sobre las protestas, Planas insiste, sin cerrarse a otras soluciones: «Para mí es una prioridad que funcione bien el mercado y, si hace falta, como poder público y Gobierno, intervendremos lógicamente» . Con él repasamos la actualidad de un ministerio en el centro del foco mediático

Este jueves se aprobó de forma definitiva la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que consagra la prohibición de vender por debajo de los costes de producción. ¿Qué va a representar esta norma para el sector agroalimentario? ¿Tendremos que pagar más por los productos agroalimentarios?

Lo que hemos intentado es modernizar el funcionamiento de la cadena proporcionando una mayor transparencia a la formación de precios y a las relaciones mercantiles, a través del establecimiento de la obligatoriedad de los contratos por encima de los 1.000 euros. Un segundo objetivo ha sido proporcionar un equilibrio en la cadena, porque es verdad que no siempre funcionó adecuadamente y los precios no siempre se han formado de la forma adecuada. En tercer lugar, digámoslo claro, era la primera y más importante reivindicación de las organizaciones agrarias en las movilizaciones de hace un par de años y el Gobierno ha sido sensible. Por eso hemos introducido esta norma. Evidentemente no alcanza para resolver -soy perfectamente consciente y las organizaciones agrarias también- todos los problemas. En el tema de los precios, ¿qué va a significar esto? En principio, mientras existan márgenes de beneficio empresarial en el seno de la cadena, debería suponer una redistribución más justa de los mismos desde el punto de vista de la formación de valor.

¿Cómo se van a determinar los costes de producción? Esto es algo en lo que insisten mucho los críticos con la norma.

El coste de producción es el de un productor individual, es este quien puede conocer todos los gastos que ha tenido en materia de inversión, de mano de obra y de insumos para producir un determinado producto alimentario. Por tanto habrá tantos costes como vendedores haya. ¡Esto está claro! Pero es verdad que hemos hecho, y vamos a seguir haciendo, un esfuerzo desde el ministerio para publicar cuáles son nuestras estimaciones, que siempre serán una referencia. En ningún caso -no podemos hacerlo ni debemos- daremos ninguna indicación de cara a la fijación de precios. Esto significa que nuestros agricultores también van a tener que hacer un esfuerzo para conocer exactamente cuáles van a ser sus costes y afinar en la fijación de los precios.

La ley también es una reivindicación de las principales organizaciones agrarias, que han iniciado nuevas movilizaciones. ¿Ven con preocupación la actual escalada de precios? ¿Es un fenómeno temporal?

Nos encontramos con una situación que no es española, es europea y mundial. Tenemos varias circunstancias, la primera de ellas es el parón de la pandemia : El hecho de que se haya ido recuperando el ritmo de las transacciones comerciales ha producido efectos de cuello de botella. En relación con las materias primas alimentarias, y particularmente los cereales y el arroz, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indicó que había unos incrementos de entorno al 30% de los precios a nivel mundial . La situación es preocupante, porque evidentemente nos encontramos con un escenario de precios muy altos, aunque el Banco Central Europeo indica que probablemente se relajen en los próximos meses.

La Ley de la Cadena Alimentaria es una primera respuesta, pero no excluyo otras si fueran necesarias. Estamos en una fase de diálogo, de seguimiento. Por ejemplo, me he reunido con la industria y la distribución de fertilizantes. Para mí es una prioridad que funcione bien el mercado y, si hace falta, como poder público y Gobierno, intervendremos lógicamente.

Otra de las reivindicaciones de agricultores y ganaderos en estas movilizaciones es la del control a las importaciones de terceros países. ¿Comparte esta preocupación?

Voy a distinguir lo puramente comercial de la seguridad en términos de sanidad vegetal. En cuanto a la sanidad vegetal tenemos una regulación europea muy potente, probablemente la más potente del mundo junto a la norteamericana, y ahí lo que tenemos que hacer es aplicarla bien. En cuanto a los aspectos comerciales, tenemos la estrategia europea ‘De la granja a la mesa ‘, que supone utilizar menos productos sanitarios y un incremento de costes. Por tanto, me parece absolutamente de justicia el que los productos generados en países terceros lo sean en condiciones similares . Esto son las ‘cláusulas espejo’: las defiende España, Francia y estamos concitando el apoyo de otros países. ¿Significa esto tener una visión proteccionista? España ha exportado en los últimos 12 meses, a 30 de septiembre, 58.200 millones de euros con un saldo favorable de 20.000 millones. España no puede ni debe ser proteccionista.

Algunos de sus compañeros de gabinete han mantenido diferencias públicas con parte del sector primario. ¿Cómo valora la relación del Ejecutivo con el campo?

El Gobierno tiene una vocación de proximidad con nuestro medio rural y yo estoy a la cabeza de ese esfuerzo porque es mi cometido. Creo que ese desencuentro es perfectamente solucionable . Es verdad que hay algunos temas en los cuales el problema no es tanto una visión del Gobierno como de la sociedad: me declaro persona conocedora del mundo de la caza, pero es verdad que hay gente a la que no le gusta ¿Eso debe ser un motivo para eliminar su opinión? No lo creo. Es un tema en el que como tantos otros puede haber diversidad de opiniones. Todas son respetables. Por tanto, tenemos que alejar tópicos y aproximar realidades .

También estos días se ha elevado a consulta pública el texto del plan estratégico de la PAC (Política Agraria Común), que se debe remitir a Bruselas antes del 31 de diciembre. ¿Será posible cerrar en plazo un acuerdo?

Esta semana próxima tengo una conferencia sectorial, la última antes de que el texto pase por el Consejo de Ministros y antes de la remisión a la Comisión Europea, del plan estratégico. Tenemos un consenso básico en el núcleo del plan estratégico. Lo he dicho muchas veces, la visión de la PAC no es la misma en cada comunidad autónoma porque las características agronómicas son diversas. El problema, en mi opinión, no es del color político del Gobierno autonómico y que nos hayamos podido poner de acuerdo es un éxito colectivo.

Dentro del citado plan estratégico hay aspectos tan diversos como las regiones de pago, los derechos históricos y los ‘ecoesquemas’. ¿Cómo se encuentran de avanzados los trabajos en estos ámbitos?

Empezaré por las regiones de pago. Son un elemento que deriva del modelo de aplicación español de la PAC. La PAC 2014-2020 estaba basada en 50 regiones de pago , cuando en el periodo pasado solo había tres países con más de una región de pago y el que más tenía eran tres. La Comisión nos ha pedido insistentemente que reduzcamos su número y, además, elimináramos las referencias históricas de pasadas PAC en el cálculo de las ayudas a la renta y la sostenibilidad. He pretendido una reforma gradualista, de forma tal que hemos reducido las regiones a 20 . Creo que de una forma clara están reflejados, los grandes equilibrios agronómicos que tenemos en nuestro país. En cuanto a los 'ecoesquemas' , van a ser aproximadamente 1.107 millones de euros anuales. Son voluntarios para todos nuestros agricultores, pero hemos intentado crear un modelo donde puedan todos ellos acogerse a alguna de esas prácticas.

El Perte agroalimentario, dotado con alrededor de 1.000 millones de euros, es uno de los principales proyectos de su ministerio. ¿Cuándo se remitirá al Consejo de Ministros?

El Perte agroalimentario está en su fase final de elaboración . Vamos a llevarlo al Consejo de Ministros en el mes de enero, porque teniendo en cuenta que todas las actuaciones derivadas van a efectuarse en el año 2022 nos ha parecido más importante terminarlo pausadamente. Nos dirigimos a las aproximadamente 30.000 empresas -la mayoría pymes- del sector de la industria agroalimentaria. Vamos a primar aquellas actuaciones que tengan un contenido transversal dentro de la cadena , y también la articulación de proyectos que no sean solo de empresas singulares, sino proyectos horizontales de sectores o federaciones en digitalización y sostenibilidad. Finalmente vamos a intentar que las 17 comunidades autónomas resulten beneficiarias.

El mes de diciembre es muy importante para el sector pesquero español y, este año, para la flota de arrastre del Mediterráneo. ¿Qué le parece que Bruselas proponga un recorte del 7,5% en los días de pesca?

Vamos a analizar tres grandes temas: primero, los 'stocks' compartidos con el Reino Unido; segundo, los propios de la Unión Europea incluidos los ibéricos -ahí nuestra mayor preocupación es la merluza sur-; y tercero, el más complicado, el relativo al Mediterráneo. Nos ha sorprendido la propuesta de la Comisión Europea, que España rechaza , porque no podemos apoyar exclusivamente en los días de actividad la mejora de los 'stocks' biológicos. Va a ser una discusión muy complicada, pero la postura de España va a ser muy firme porque la sostenibilidad medioambiental tiene tres pilares: la biológica, pero también económica y social. Deben estar situadas a un mismo nivel.

Precisamente el sector pesquero ha mantenido diferencias públicas con el comisario europeo del ramo, Virginijus Sinkevicius. ¿No teme que pueda calar un cierto discurso antieuropeo por algunas de las políticas impulsadas desde Bruselas?

La introducción de reformas es siempre complicada. En este caso, hablamos del Mediterráneo, que tiene muchos problemas medioambientales que no tiene nada que ver con la pesca . Por ejemplo, el de la polución. La mortandad por pesca es solo un elemento. Además hay otros países en el conjunto del mar Mediterráneo, que es un mar cerrado como indica su nombre, que pescan también. Por lo tanto es un tema que va más allá del propio reglamento europeo y esa preocupación que indicaba es la que tengo. Por eso le pedimos siempre a la Comisión que sea gradual en la aplicación de los esfuerzos antes de que nos conduzca al amarre obligatorio. Eso me parecería un fracaso. No solo del sector, del Gobierno de España, sino de la Comisión Europea.