La España vaciada se rebela para recuperar sus cajeros

«La idea del ayuntamiento es muy buena, esperemos que funcione», comenta Diego Olmo, propietario de dos negocios que no disponen de dispositivos para cobrar con tarjeta. Alejandro, otro comerciante que gestiona el Museo del Queso de Villaluenga del Rosario, reconoce que la falta de cajero les hacía perder «muchas ventas» .

El ayuntamiento ha contratado el nuevo servicio tras suscribir un acuerdo con la multinacional Cardtronics. El convenio, de cuatro años de duración, contempla que si se supera un número mínimo de operaciones y de retiradas de efectivo, la empresa abonará una tasa al consistorio y si no, será la alcaldía la que pagará a Cardtronics con los beneficios obtenidos por la publicidad que el cajero lleva inserta en dos pantallas laterales. « El coste en ningún caso sobrepasará los 300 euros para las partes », afirma a ABC el alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso.

El cajero que había en el municipio desapareció hace cuatro años y Unicaja, la única entidad con sucursal allí, se decantó hace unos meses por un agente financiero que atiende a los clientes por las mañanas. « La ruralidad no puede significar exclusión en ninguno de los sentidos », recuerda Moscoso.

El proceso es imparable. La España vaciada se queda sin sus gentes y también sin liquidez. A cierre de 2018, cuatro de cada diez municipios (3.399 de 8.132) carecían de cajero automático , lo que dificulta el manejo del dinero en metálico a aproximadamente un millón de personas, según datos del Banco de España. Desde hace una década, el número de cajeros ha descendido un 17% , hasta los 51.391 del año pasado.

Patricia Súarez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), dice que en el futuro la falta de cajeros «no supondrá un inconveniente, pero todavía no hemos alcanzado ese nivel de digitalización».

Por eso, Suárez apunta que se puede hablar de «exclusión financiera», ya que « las personas mayores tienen una brecha digital importante ». En este sentido, la presidenta de Asufin defiende que la formación es esencial, pero que «mientras llega ese momento, que no es fácil porque siempre requiere de un tiempo, habrá que pensar medidas paliativas».

Lejos de solucionarse, el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada prevé que, con el actual ritmo de cierre de sucursales, en 2025 en torno al 5% de la población española tendrá muchas dificultades para acceder al dinero en efectivo , y cerca de tres millones de personas estarán en «grave riesgo de exclusión financiera».

Y es que el efectivo continúa siendo el medio más habitual de pago en España, tal y como revela la encuesta hecha en 2017 por el Banco de España, según la cual, el 53% de la población utiliza billetes y monedas como principal forma de pago , seguido por la tarjeta de débito con un 41%.

Solo en algunos segmentos, como el de los «millennials» –menores de 35 años– la tarjeta supera al metálico. Según datos analizados por BBVA Data y Analytics, las retiradas en efectivo suponen el 20% de las transacciones hechas por los jóvenes .

«Esta tendencia se ha acentuado en las ciudades de mayor tamaño , como Madrid y Barcelona, y es de esperar que se incremente aún más en los próximos años, tanto territorial como generacionalmente», afirma Juan Carlos Gázquez-Abad, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

El portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, cree que es «imprescindible» avanzar en la digitalización , si bien destaca que «la inclusión financiera en nuestro país es una de las más elevadas de Europa». España tiene un 98% de inclusión financiera, solo por detrás de Alemania (99%), según estadísticas del supervisor bancario nacional.

Sin embargo, para quienes no pueden trasladarse de un municipio a otro con facilidad y no están familiarizados con el entorno virtual, la falta de cajeros es un obstáculo. Por eso, las entidades financieras que operan en el país han impulsado diferentes iniciativas para mitigar esta situación en los pequeños municipios de la geografía nacional.

La antigua Caja Madrid puso en marcha en 1995 los «ofibuses» , convirtiéndose en la primera entidad financiera europea en desarrollar una oficina móvil conectada en tiempo real con los ordenadores del banco. En la actualidad, estas «sucursales con ruedas» de Bankia ejecutan, de media, unas 220.000 operaciones anuales y dan cobertura a 373 municipios de Madrid, Valencia, Castellón, Ávila, Segovia, La Rioja, Ciudad Real y Granada.

Otras entidades como Banco Santander, Unicaja o Liberbank han optado por un modelo de agentes autónomos que actúan en nombre de la entidad en poblaciones pequeñas. «Disponemos de una amplia red de agentes financieros que prestan servicio, precisamente, en aquellas poblaciones que carecen de sucursal», sostienen desde el banco presidido por Ana Botín.

Unicaja reúne una red de 80 agentes financieros, además de algunas sucursales móviles. Liberbank , por su parte, suma a cierre de junio de este año 149 oficinas de agentes y, según expresan, «están aprobadas otras 43 agencias, que entrarán en funcionamiento en los próximos meses». «Se eligen, por norma general, entre oficinas ubicadas en localidades con población menor de 5.000 habitantes que no sean sede del ayuntamiento o cabecera de municipio y que, por el tamaño, volumen de actividad, rentabilidad, etc., estarían abocadas al cierre», explican desde Liberbank.

Campuzano, de la AEB, subraya que «los bancos estamos haciendo todo lo que podemos», pero incide en que « es fundamental que la Administración se involucre , pues es ahí donde existen las mayores carencias».

En España, ya se han convocado algunos concursos públicos para combatir la exclusión financiera en los núcleos más pequeños de población. La Diputación de Badajoz publicó el año pasado la licitación para dotar de cajeros a 29 municipios de la provincia, para lo que invirtió más de 4,8 millones de euros. Le siguió la Generalitat Valenciana, que financiará con 7,4 millones de euros un plan para instalar cajeros automáticos en 120 municipios y pedanías.