España solo ha recuperado el 17% del «empleo real» perdido por el Covid

Estos son los datos en bruto, sin «cocinar» que podría decirse. En este sentido, ya se ha recuperado el 42,29% del empleo destruido durante la pandemia. Sin embargo, tomando las cifras desestacionalizadas -eliminando los efectos del calendario- la estadística se reduce a solo el 17,38%. Una cifra que no ha pasado desapercibida para la CEOE, que ha alertado de este problema «incluso aun cuando dos de cada tres personas incluidas en ERTE durante la crisis sanitaria han abandonado ya esta situación».

En términos de paro, este disminuyó en casi 90.000 personas, la mayor caída en un mes de julio desde 1997. En total, el número de desempleados en España asciende a un total de 3.773.034. Como ocurre con la afiliación, todavía hay medio millón más de parados que antes de la crisis y casi 800.000 más que hace un año.

Desde el Gobierno el mensaje ayer fue de celebración. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, destacó que la disminución del paro es «muy relevante». Horas después fue el presidente Pedro Sánchez quien vendió en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros las estadísticas cosechadas. Lo cierto es que los expertos consultados por ABC ven razonable y de sentido común esperar estas cifras, al tiempo que alertan de que quedan por delante unos meses duros con respecto al mercado laboral. «Nos costará bastantes meses, si no algún año, recuperar los niveles de actividad y ocupación de 2020», asegura Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE). A todo ello, además, se une la incertidumbre sobre cómo evolucionarán la pandemia y una posible segunda ola de contagios.

Asimismo, todas las miradas están puestas en los ERTE. En lo peor de la crisis sanitaria llegó a haber más de 3,4 millones de personas en esta situación, que, por otra parte, no ingresan en las listas del paro sino que se mantienen como cotizantes. Así las cosas, a cierre de julio había aún 1,18 millones de trabajadores en ERTE, 890.644 de los cuales estaban en uno del total de la jornada. Si estos computaran dentro de las cifras de desempleo, la estadística de parados tocaría los 4,66 millones, lo que significaría regresar a los niveles de la época más cruda de la anterior crisis, a principios de 2013, cuando se superaron los cinco millones de demandantes de empleo.

Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, habla claro al señalar que uno de los grandes retos estará en poder recuperar a esos 1,18 millones que todavía permanecen en uno de estos expedientes. «De los que siguen en ERTE, muchos están en empresas en situación de insolvencia. Al principio esto se diseñó para una situación pasajera porque no se podía trabajar; ahora será muy complicado», dice. Principalmente se refiere a que si con el fin del confinamiento y el estado de alarma aún hay trabajadores «hibernados», difícilmente todos ellos volverán a sus puestos.

Por todo ello, tanto desde la patronal CEOE como desde la principal organización de autónomos, ATA, exigen mayor apoyo del Gobierno. Un discurso repetido hasta la saciedad estos meses sin obtener su contrapartida desde el Ejecutivo. «La intensidad de esta crisis sanitaria y sus efectos en la actividad económica y el empleo obligan no solo a mantener en el tiempo las medidas ya adoptadas, sino a intensificarlas para aportar adaptabilidad, seguridad jurídica y confianza a las empresas y a los inversores, instrumentadas a través del diálogo social, en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo en estos momentos», afirmó ayer CEOE. ATA, en voz de su presidente Lorenzo Amor, no dudó en señalar que «los datos irán a peor»; ante ello, pide poner en marcha «un plan de emergencia» que ayude a «salvar empresas, autónomos y empleo».

Desde los sindicatos las voces tampoco fueron en consonancia con el triunfalismo de Sánchez. Nadie duda de la evolución positiva del mercado laboral en julio, pero estos pusieron el acento en la precaridad del empleo creado y la necesidad de acordar un plan de reconstrucción. Con los datos en la mano, durante el mes de julio se firmaron más de 1,5 millones de contratos, 400.000 más que en junio. Sin embargo, más del 90% (1,3 millones) fueron temporales.

Las exigencias de medidas no solo llegan desde dentro sino también desde fuera. El Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que alababa la reforma laboral de Rajoy, instó ayer en un informe a instaurar una mayor «flexibilidad salarial continuar» y llevar a cabo reformas «para atajar la dualidad del mercado laboral», así como para impulsar la competitividad España. Unas «recomendaciones» que hace la institución semanas después de haber situado a nuestro país como el que más podría sufrir la caída del PIB de Europa, junto con Italia: un 12,8%