España pide armonizar qué deuda absorbe pérdidas al rescatar bancos

La reforma financiera global ha establecido que cuando un banco no sea viable, el capital (acciones) y el pasivo (deuda subordinada, participaciones preferentes) sean usados para recapitalizarlo, imponiendo pérdidas a sus titulares. Tradicionalmente, las entidades han emitido mucha deuda senior, aquella que en caso de quiebra tiene preferencia de cobro sobre acciones y deuda subordinada, pero en la mayoría de los casos no sirve para absorber pérdidas. Para que tenga esa capacidad, debe subordinarse a otros pasivos y diferenciarse de los depósitos superiores a 100.000 euros.

Alemania ha modificado su ley de insolvencias, subordinando la deuda senior a otros pasivos en caso de resolución de una entidad. En la misma línea, Italia ha dado un trato preferente a casi todos los depósitos en caso de rescate, protegiendo aquellos superiores a 100.000 euros y los de las empresas, que cobrarán antes que la deuda senior. Con esto, las entidades de ambos países podrán computar esos recursos para alcanzar la ratio del 16% de los activos ponderados por riesgo en 2019 y del 18% en 2022, como exige la normativa TLAC.

Esto tiene una ventaja en términos de costes para esas entidades, pues se ahorrarán la emisión de nueva deuda. El sector, de hecho, ya preparaba la emisión de un nuevo instrumento de deuda que se ajuste a esos requerimientos. En esa situación está el Santander, el único banco español sistémico y que debe cumplir con esa nueva norma de solvencia. La entidad confía en cumplir esas ratios con las emisiones que ya tiene programadas, pero se las ahorraría si pudiese usar el volumen de deuda senior que ya tiene, con la que cubriría con exceso esos requisitos.

«El Santander podría recurrir a cambios en la legislación nacional que permiten a los bancos españoles emitir una nueva clase de deuda senior subordinada a otros pasivos. Sin embargo, el apetito de los inversores por esa nueva clase de bonos es incierto», señala la agencia Fitch en un reciente informe sobre la TLAC. El Ministerio de Economía no tiene previsto modificar la norma española , sino que es partidario, y así lo ha hecho saber a las autoridades comunitarias, de armonizar la cuestión, pues considera que ese es el espíritu de la directiva europea de resolución bancaria, que ya fijó un esquema de absorción de pérdidas («bail-in»).

Bruselas está analizando el impacto de estos requerimientos y enviará sus conclusiones a los Estados miembros. En función de ese estudio, cada país valorará qué decisión toma. El supervisor europeo es también partidario de fijar unos criterios homogéneos. El Mecanismo Único de Resolución (MUR) avaló la modificación legal hecha por Alemania, pero mostró su preferencia por aplicar un criterio común en toda la zona euro, de forma que la vía germana podría ser el modelo a seguir.